FLIP denuncia trato inequitativo a periodistas en la UNP

Alejandra Bonilla Mora

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vacca, presenta los principales hallazgos del informe anual que elaboró la entidad y que será presentado hoy, Día del Periodista.

Allí se denuncia la engorrosa burocracia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las incoherencias que se han presentado en algunos casos entre el riesgo que sufren los comunicadores y las medidas de protección que se toman. La denuncia afirma que hay un trato desigual para periodistas de alcance nacional y periodistas regionales, privilegiando nombres.

Vacca, además, hace reflexiones sobre el episodio de las 'chuzadas' y la reciente entrega de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, y de las lecciones que dejó este caso.

- ¿Qué espera la FLIP que suceda acerca de los casos reportados de ‘chuzadas’ a periodistas en el 2009?

Se espera una acción pronta evitando que se repita el episodio del 2013 en la Corte Suprema de Justicia con el exdirector del DAS Jorge Noguera, cuando prescribieron los delitos de violación ilícita de comunicaciones.

- ¿Qué lecciones deja un episodio como el de las ‘chuzadas’ para el ejercicio de la libertad de expresión?

Que este es un país en el cual persisten ejercicios desde el Estado que interfieren en la actividad periodística. Eso es algo que está en el paisaje, que es muy difícil de combatir y en lo cual los periodistas tienen que seguir trabajando. Esa atmósfera de miedo que puede hacer suponer a un periodista que está interceptado, lo que inhibe el cubrimiento de fuentes o el tratamiento de la información.

- ¿Qué encontraron en el informe sobre la vigilancia al periodismo en Colombia?

Hay un capítulo central que se llama 60 años de vigilancia al periodismo en Colombia que busca exponer que la fotografía es más amplía que el DAS y que Andrómeda, que hubo 'narcocasetes', el 'miti-miti', el Estatuto de Seguridad de Turbay, en los cuales periodistas fueron objetos de vigilancia. Y el segundo, es tratar de hacer una denuncia concreta sobre el uso de la tecnología, que es más sofisticado y barato hoy en día. No es un tema exclusivo de agencias inteligencias, un equipo se puede adquirir en Amazon. Eso plantea una agenda frente a la Justicia y de cara a los periodistas en términos de autoprotección para que eso que está sucediendo sea más difícil para los que lo quieren hacer.

- Hay reparos en cuanto al trabajo de la Unidad Nacional de Protección

Primero hay que decir que el programa ya cumple 15 años, hay que resaltar que existe, que ha salvado vidas y que creció en dimensiones de personal y de casos de forma exponencial en los últimos tres años. Hasta el 2003, la burocracia que se manejaba era de un delegado de cuatro entidades y hoy en día para tomar una decisión sobre un caso se requieren 21 entidades. Eso de entrada va en contra de la protección, porque toma más tiempo. Buena parte del presupuesto de Protección se va en mantener la arquitectura, es decir, la Unidad Nacional de Protección tiene más de 3 mil empleados con costos enormes que antes no había.

- ¿Cuál es el problema con los análisis de riesgo?

Los análisis de riesgo en Colombia tienen muchos criterios que se depositan en una gente que no los hace cumplir; lo que sucede es que la UNP pone a un analista, documenta el caso, lo presenta ante el Grupo de Evaluación Preliminar, allí no opinan mucho las entidades que lo conforman, dan un puntaje y se sugieren unas medidas de protección. El problema es que, por ejemplo, a la hora de valorar el riesgo, la opinión de la Unidad contra Bacrim de la Fiscalía es importante si se está denunciando una amenaza por bacrim, pero como esa contribución no existe, se sostiene un aparato que no suma a la valoración del riesgo. Y si todo depende de la valoración de los analistas, pueden arrojarse puntajes de 58 y de 51 a personas en condiciones muy similares. Otro punto tiene que ver con la complementariedad con la justicia.

- Parece un proceso engorroso...

Está pensado para funcionar bien, pero no lo hace. Además hay temas gruesos de planeación presupuestal. La UNP suele proteger por año entre 90 y 120 periodistas. En 2014, la UNP se quedó sin recursos a mitad de año y uno empieza a ver cómo determinadas decisiones tienen que ver con eso. Es decir, los riesgos son más bajos, la implementación de las medidas tarda más, hay un problema de planeación muy grueso en una Unidad que protege muchísima gente.

- La denuncia más fuerte consiste en un trato inequitativo...

Sí. Cuando hablamos de trato inequitativo es que si hay una matriz de 1 a 100, que dice que de 50 para arriba es riesgo extraordinario, uno no se explica por qué un periodista en Bogotá que tiene una matriz de 51,11 (muy cercano al riesgo ordinario) tiene ocho escoltas y un carro blindado, mientras que un periodista en Caucasia, con una matriz de 62,77 tiene tres escoltas y un carro blindado.

- Podemos hablar directamente que se está privilegiando el nombre de personas...

Para qué la Unidad de Protección mide el riesgo de la gente, si al fin y al cabo la decisión de las medidas que va a tomar es incoherente. Al que tiene más riesgo le doy un subsidio de transporte y eso deslegitima todo el proceso. Lo segundo es que son mucho más laxos con periodistas nacionales y son mucho más exigentes con periodistas regionales. A estos les toca demostrar una cantidad de cosas que no les exigen en principio a periodistas del orden nacional y el riesgo mayor está en las regiones.

- ¿Cuáles son las regiones que representan más riesgo?

El bajo Cauca antioqueño, el suroccidente hacia Buenaventura y Cali, otro foco hacia Norte de Santander, Cúcuta, Tibú, y otro que está hacia Arauca.

- ¿Ha mejorado el panorama de persecución judicial?

Estamos hablando de 436 denuncias por injuria y calumnia contra periodistas desde el año 1998 al 2014, para igual número de procesos. Hay un aumento con respecto al año anterior porque la Fiscalía no tiene buenos servicios de información.

- ¿Qué otro elemento afecta a la libertad de prensa?

La publicidad oficial, que si no obedece a criterios de transparencia, objetividad y equidad, se termina convirtiendo en una moneda de chantaje para los periodistas; eso sucede en todo el territorio nacional, con medios grandes y pequeños. Yo situaría un riesgo emergente, que tiene que ver con la libertad de expresión en internet. El año pasado la FLIP empezó un monitoreo de agresiones, como el bloqueo a la página de la Silla Vacía el 9 de marzo en las elecciones, que afectó su despliegue; también está un video de María Luisa Piraquive, en el que decía que los discapacitados no podía predicar, que fue denunciado por la iglesia a la cual ella pertenece y fue descolgado de YouTube. Ahí, por ejemplo, LA PATRIA, de Manizales, hizo una nota e incluyó el video, y se le impone una sanción al periódico para no utilizar su canal de YouTube por seis meses, lo que implicó toda una gestión de la FLIP ante Google.

Destacado

En el 2014 se registraron dos asesinatos de periodistas. Según la FLIP, no estaban relacionados con el ejercicio periodístico. Se trata de Yonni Caicedo y Luis Carlos Cervantes.