Fiscalía reveló primeras cuatro capturas por los Panamá Papers

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, Andrés Jiménez, entregó los primeros resultados en la investigación de las personas y empresas involucradas en los Panamá Papers, a quienes se les imputará varios delitos en los próximas días.

Se trata de Luz Mary Guerrero, presidente de Servientrega, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A.; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega; Jorge Humberto Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A.; y el ciudadano Ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S.

La investigación de la mano de la DIAN se generó en abril de 2016 en la que se registraron presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

El ente acusador documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto, supuestamente, vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

Durante el cotejo, la Fiscalía estableció que las sociedades extranjeras supuestamente eran fachadas controladas por la firma de abogados panameña, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios que nunca prestaron. Sin embargo, la entidad señaló que “las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas”.

“Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahama”, señaló Jiménez.

Según pudieron establecer las investigaciones, la firma de abogados panameña, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.