COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento a Sigifredo López, luego de considerar que tienen pruebas contundentes que lo involucran en el secuestro de sus compañeros de la Asamblea del Valle, en abril de 2002.
A través de un comunicado, el ente acusador aseguró al exdiputado del Valle, quien es procesado por los delitos de perfidia, toma de rehenes y homicidio agravado, se le sustituirá la medida de aseguramiento privativa de la libertad por la detención domiciliaria.
“La Fiscalía General de la Nación considera que se cumplen cabalmente los requisitos objetivos, legales y constitucionales que exige el ordenamiento jurídico colombiano al adoptar la medida”, señala el comunicado.
El ente investigador afirmó que cuenta con la evidencia y el material probatorio necesario para tomar la decisión, tales como “testimonios de personas que dan cuenta directa de la posible participación de López Tobón en los hechos que se le sindican; algunos de esos testimonios fueron recepcionados con anterioridad al llamamiento a indagatoria, es decir, antes de que se dispusiera la captura, siendo otros incorporados al proceso posteriormente”.
La Fiscalía argumentó que los testimonios tienen “exactitud, coherencia, complementariedad y claridad”, por eso “entiende que ofrecen credibilidad y que, después de un análisis en sana crítica, son suficientes para entender cumplido el requisito procesal que en este momento de la averiguación es exigido para dictar la medida de aseguramiento”.
Ante tal decisión, el abogado de López, Alfredo Montenegro, dijo que recibió la noticia “con sorpresa porque esperábamos una decisión favorable, la libertad. La Fiscalía ha decidido dejarlo detenido así sea domiciliariamente. Vamos a ver los argumentos de la Fiscalía para dejarlo detenido, me imagino que se refieren a la prueba testimonial”.
Además, recordó que la defensa había criticado “fuertemente estos testimonios por su alta sospecha en la medida que son reinsertados de la guerrilla que están declarando por conseguir favores judiciales”.
El jurista aseveró que estudiarán la posibilidad de una apelación o de un control de legalidad. “La apelación es muy complicada en la medida que se da al interior de la Fiscalía y quien en este caso tomó la decisión de detenerlo es el propio Fiscal General”, explicó.
Antes de hacerse pública la decisión de la Fiscalía, se había conocido que el material enviado al FBI para el cotejo de voces no fue suficiente y por eso no hubo resultados determinantes. En la comunicación del ente investigador se aclara que “el material pericial de cotejo de voces y de análisis morfológico fue tenido en cuenta solamente como guía investigativa”.
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