Fiscalía colombiana dice que no hay desaparecidos por toma Palacio Justicia

La Fiscalía colombiana asegura que no hubo desapariciones forzadas en la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, ocurrida hace 34 años, sino una mala identificación de los fallecidos, según un informe revelado por Noticias Caracol.

"Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados", dijo al noticiero de televisión el fiscal investigador del caso del Palacio de Justicia, Jorge Ricardo Sarmiento.

El funcionario agregó que "estas once personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985", pero no aclara dónde están las personas cuyo paradero aún se desconoce.

La toma del Palacio de Justicia, situado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, en pleno centro de la capital colombiana, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Un día después el Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, operación que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

En la retoma del Palacio "no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas", reiteró el funcionario.

Mientras tanto, Jairo Humberto Oróstegui, otro investigador del caso, aseguró al informativo que "cuando ocurren los hechos del Palacio de Justicia 56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del Cementerio del Sur".

"En la mayoría de los casos hemos encontrado que los cuerpos precisamente que fueron entregados en cementerios de diferentes partes del país, hemos encontrado muchos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. De esos desaparecidos alguno que se entregó como 'Pepito Pérez' pues terminó siendo 'Manuel Gómez'", agregó.

Noticias Caracol anticipó que el hallazgo será presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que esta semana sesiona en Barranquilla (norte de Colombia), donde realiza su 62 período extraordinario de sesiones, y se trasladará luego a Bogotá, donde estará hasta el 6 de septiembre.

Entre tanto, la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia García, indicó que hubo deficiencias para identificar los cuerpos de esa toma.

García aseguró al noticiero que se hacían "identificaciones con huellas dactilares pero no todos los cuerpos tenían huellas dactilares, entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no son una identificación fehaciente".

Puntualizó que "para ese momento sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que es lo que estamos corrigiendo en este momento, 30 años después".

Al respecto, Jorge Molano, representante de la familia de Carlos Rodríguez, una de las víctimas del Palacio, dijo a Efe que recusaron al equipo investigador dadas las manifestaciones y opiniones públicas realizadas que "constituyen un prejuzgamiento".

"Un derecho que tienen las víctimas es contar con una administración de justicia que sea independiente e imparcial. En este caso lo que hemos mirado es que los funcionarios están actuando con ausencia de imparcialidad y que la directora de Medicina Legal, que tendría a cargo hacer las labores técnicas, está actuando de la misma manera", dijo el jurista.

Añadió que lo que se estaba buscando es que "el equipo de personas encargadas de la investigación en la Fiscalía y la directora de Medicina Legal sean separados del conocimiento del caso del Palacio de Justicia por cuanto sus declaraciones lo que hacen es revictimizar y atacar la dignidad de las víctimas".

Por los sangrientos hechos del Palacio de Justicia hay varias investigaciones contra 14 militares de la época que fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía.

En 2014, la CorteIDH declaró en 2014 responsable al Estado colombiano por "ciertas violaciones de derechos humanos" en los trágicos hechos de la toma del Palacio.

La CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.

Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, "así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial" del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Por el caso de los desaparecidos están condenados dos militares retirados, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega.