Fiscal respalda decisión de la Corte sobre dosis mínima

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en entrevista exclusiva con Colprensa, manifestó su respaldo a la Corte Constitucional en su decisión de determinar que el porte de la dosis mínima de sustancias piscoactivas como la marihuana y la cocaína, no es penalizable.

“La Fiscalía comparte la decisión, porque la Constitución no permite la penalización de la dosis mínima personal, pues además hay otros principios y valores como el libre desarrollo de la personalidad, de igualdad y de dignidad humana, que impiden que el sistema penal entre a decidir sobre la suerte de un drogadicto”, señaló el fiscal Montealegre.

Agregó que un adicto a las sustancias psicoactivas no debe ser tratado penalmente y que es un tema de salud. “Cuando hay un joven o una persona que tiene problemas de adicción a las drogas debe recibir es un tratamiento de políticas de salud pública, pero no un tratamiento penal”.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció ayer que impugnará la aclaración de la Corte Constitucional acerca de que el porte de la dosis mínima de estupefacientes, para consumo personal, no puede ser penalizada tal y como permitía interpretar la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los argumentos del procurador

Para Ordóñez la decisión de la Corte genera consecuencias "dramáticas" para la sociedad porque promueve el consumo de estupefacientes, genera mayores cuotas de comisión de delitos y fortalece el micro-tráfico y con esto a las organizaciones ilegales.

"Estamos frente a un ordenamiento jurídico donde se despenaliza la dosis mínima hace unos años y ahora el porte y es indudable que ello justifica el cultivo, la producción y el tráfico porque protege a los proveedores", señaló.

Para el jefe del Ministerio Público también se protege el lavado de dinero y estimó que no más en Bogotá hay 48 ‘ollas’ que generan 300 mil millones de pesos, esto es, 150 millones de dólares, por lo que a su juicio los grandes beneficiarios de la decisión son los jíbaros (distribuidores).

Por estas razones, aunque dijo que respeta la decisión, comisionó a los procuradores delegados para que la impugnen "a fin de cumplir los deberes constitucionales. Yo soy el defensor de los derechos colectivos”, señaló Ordóñez que es conciente que tal vez este recurso no prosperará.

Para Ordóñez, esta nueva determinación de la Corte Constitucional abre las puertas para la completa despenalización de la droga en el país.

“Vamos para allá. Ya es una estrategia que se ha venido utilizando en otros escenarios. Cuando las vías legislativas fenecen acuden a las decisiones judiciales como ya ha pasado en otras ocasiones. Pero vamos lenta y paulatinamente, sin importarles la integridad de la sociedad”.

El fallo de la Corte

En Sala Plena, la Corte reiteró que el porte dosis mínimas, un gramo de cocaína y 22 de marihuana, para uso personal, es un comportamiento que no transciende de la órbita personal del individuo y, por ende, que carece de “potencialidad de interferir en los derechos ajenos”. Ya para el caso de los narcodependientes, la Corte reiteró que el adicto es un enfermo que debe ser sujeto de medidas de protección y rehabilitación.

La determinación de la Corte se dio al examinar una demanda contra una expresión "llevar consigo" contenida en el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011 –conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana- que modificó el Código Penal. Dicho artículo señala que si la cantidad no excede los mil gramos de marihuana, 200 de hachís y 100 de cocaína, incurría en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y podría pagar una pena de entre 64 y 108 meses de cárcel.

La Corte encontró que ese artículo, tal y como estaba redactado, permitía interpretar que se estaba penalizando la dosis mínima en la medida “que no hace ninguna salvedad al respecto” y, por eso, aunque lo avaló, condicionó su exequibilidad en la no penalización del porte o "conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética”.

“Se debe distinguir entre las conductas constitutivas de narcotráfico y el porte de sustancia para el consumo personal. Este último comportamiento no debe afectar la salubridad pública, la seguridad pública y el orden económico y social, protegidos en las normas que penalizan el narcotráfico, en cuanto que se trata de una conducta que no transciende el ámbito personal del individuo”, señaló la Corte.

Esto quiere decir que la Corte hace una clara diferencia entre el porte para consumo personal de dosis mínimas, del porte de esas cantidades para actividades de distribución en pequeñas cuantías, es decir, el microtráfico, conducta que sí debe ser penalizada.

La Corte aclara además que si esa norma se entiende de otra manera, se estaría penalizando la dosis mínima, cosa que “comportaría vulneración del principio de proporcionalidad y prohibición de exceso en materia penal, como quiera que se estaría criminalizando un comportamiento carente de idoneidad para lesionar bienes jurídicos amparados por la Constitución”.

Ahora bien, la Corte recordó que al adicto se le debe proporcionar de medidas de protección y rehabilitación como las contempladas en el Acto Legislativo 2 de 2009 que estableció para el tratamiento de adictos, con consentimiento previo de la persona, una serie de medidas de atención y recuperación así como de medidas preventivas.