Fiscal descarta "sistematicidad" en crímenes de líderes sociales

COLPRENSA | LA PATRIA | MANIZALES

No hay tiempo que perder. La ola de atentados y asesinatos de integrantes de la Marcha Patriótica exigen la priorización de las investigaciones, para determinar quiénes están detrás de los crímenes, en su planeación y en su financiamiento.

Así lo advirtió hace un mes la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Avella, quien ve con mucha preocupación cómo la historia que sufrió y sobrevivió parece estarse repitiendo, 20 años después y pese al proceso de paz recientemente concluido.

La clave, afirma, es apuntar de inmediato a los que dan las órdenes e identificar quiénes son, para lograr la diferencia específica con el genocidio de la UP, por la que de, aproximadamente, cinco mil muertes, solo se condenó a un autor intelectual: el dirigente político de Antioquia César Pérez García, por ordenar la masacre de Segovia, donde fueron asesinadas 45 personas.

Porque para Avella cada vez hay más indicios de una actuación criminal que podría estar conectada entre sí y que ya ha tocado ocho departamentos: Bolívar, Sucre, Cauca, Caquetá, Meta, Nariño, Atlántico y Huila.

“Así era. Mataban en un lado y en otro. En cada departamento es solo uno. Pero si se coge el conjunto, esto obedece a un plan nacional, que lo vemos como un plan contra la paz. Los muertos tienen ciertas características. Primero, la mayoría son reclamantes de tierra. Son líderes sociales y son líderes de movilización”.

Respuesta

Ayer el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reiteró que tras realizar las indagaciones pertinentes ante los recientes asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la entidad no ha encontrado por el momento una “sistematicidad” en los casos.

En ese sentido Martínez, quien entregó su concepto ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, aseguró que las autoridades no han establecido que algún grupo en particular esté cometiendo los hostigamientos y agregó: “Esa es una visión que comparte el Gobierno y la Fiscalía”.

“Hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales (…) Por el momento no hay una sistematicidad en las afectaciones”, insistió el fiscal en la audiencia de Crímenes contra la paz, adelantada en la sede del legislativo.

Igualmente, Martínez indicó que la entidad ha prestado especial atención en tratar de resolver estos crímenes, sin embargo, el jefe del órgano investigador aseguró que hay una necesidad de adoptar políticas públicas que fortalezcan la presencia institucional en las regiones, para que garanticen efectivamente la protección y seguridad de estas personas, y de la ciudadanía en general.

“No vamos a cesar en investigaciones por ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, pues el país no puede reeditar lo que ocurrió con la Unión Patriótica y en esa materia, tienen el compromiso decidido de la Fiscalía General de la Nación”, señaló.

Según Avella van 125 integrantes de esa colectividad muertos desde el 2011. Según Indepaz, 76 este año entre militantes de Marcha Patriótica, líderes comunales, campesinos, indígenas, estudiantes, reclamantes de tierras y víctimas de otro tipo por el conflicto.

¿Qué cree Avella? Que debe ser un plan. “Debe tener autores intelectuales, financiadores y grupos de sicarios, porque los sicarios no trabajan gratis”, dice con temor.

Pero consultado el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que hasta el momento, no hay elemento alguno que permita señalar que se trata de un ataque sistemático.

“Son casos en las regiones, derivados de las dinámicas locales y tenemos que reforzar la seguridad, precisamente, en esas regiones. Todo homicidio nos duele a todos inmensamente en el Gobierno”, dijo.

Villegas señaló que tras una reunión sostenida en el Gobierno, la Fiscalía, la Policía, las autoridades de seguridad ciudadana y las Naciones Unidas, se acordó unir esfuerzos para poder establecer quién, quiénes, y con qué dineros se están cometiendo estos crímenes.

La Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa 269 organizaciones sociales, indicaron de 30 homicidios que han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese el fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las Farc.