Farc, con 10 propuestas más para la participación política

Tras iniciar el ciclo de negociaciones número 12 en La Habana (Cuba), las comisiones del Gobierno y las Farc retomaron la discusión sobre el segundo punto de la agenda de conversaciones, relacionado con la participación política igualitaria.

En esta ocasión discutirán el punto que plantearon en el ciclo anterior, el cual habla sobre las “garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno”. Con este pretenden integrarse plenamente a la política colombiana.

La mayoría de las propuestas buscan legitimar y brindar garantías a las protestas y movilizaciones sociales y populares.

Las propuestas

Una de las propuestas busca que el Congreso expida por ley el “estatuto de la oposición política y social”, con el fin de que se respete el derecho a conformar partidos y movimientos políticos de oposición al Gobierno, sin que haya limitaciones a su libertad de expresión ni a la difusión de sus ideas.

Este estatuto consagraría el ejercicio de la oposición como un derecho político fundamental, que no solo cobijaría a los partidos y movimientos políticos, sino también a los movimientos sociales y los mecanismos de acción y protesta popular, ya que estas también son una manifestación política.

Para esto, los partidos y movimientos políticos de oposición deberán inscribirse como tales ante el Consejo Nacional Electoral, con el fin de acceder a las garantías institucionales de este derecho. Estas garantías también cobijarían a los partidos y movimientos regionales, locales y territoriales.

Esto también incluiría garantías de seguridad plena para los miembros de la oposición política y social, así como el acceso a la información oficial y a los medios de comunicación del Estado, lo que requeriría también la definición de mecanismos para las garantías y el ejercicio de este derecho.

Derecho de réplica

También busca que exista el derecho de réplica cuando algún miembro del Gobierno “haga afirmaciones que atenten contra el buen nombre de los partidos o movimientos políticos y sociales de oposición”, y que hayan sido divulgadas en medios de comunicación.

Se contempla igualmente que haya una financiación estatal adicional a los partidos que ejerzan la oposición, la cual correspondería al 10% del total de los recursos públicos asignados a la financiación de los partidos y movimientos políticos.

Esto también implicaría que la personería jurídica de un partido o movimiento político no esté supeditada al logro de un umbral electoral determinado, sino que bastaría la inscripción de un programa político y los estatutos de la respectiva colectividad.

Adicionalmente, algún representante tendría silla en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; un representante en la Junta directiva del Banco de la República; así como en el Consejo Nacional electoral, para lo que se asignará un número fijo del total de los integrantes de esa corporación.

Por otro lado, los candidatos a cargos como la Presidencia y Vicepresidencia de la República, gobernación de algún departamento, alcaldías distritales o municipales que pertenezcan a un partido o movimiento político de oposición y no resulten electos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara Territorial, Asamblea, Concejo Distrital o Municipal, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección.

Las minorías

En el caso de los grupos minoritarios, hay una propuesta para que se respeten, reconozcan y provean garantías para las actividades políticas de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. También busca que se cumpla la ley de cuotas y se amplíe la participación femenina y de jóvenes a altos cargos políticos e instancias decisorias en la dirección estatal.

Para esto quieren que se fomente una nueva cultura política en todos los funcionarios públicos de reconocimiento, quienes deben observar el respeto por el opositor y sus derechos, siempre orientada a la regulación pacífica de los conflictos políticos y sociales.

La Fuerza Pública

Con respecto a la Fuerza Pública, se pide que se cambie la doctrina militar y policial “para desproveerlas de los contenidos propios de la Guerra Fría, expresados, entre otros, en el seguimiento y las escuchas ilegales y en la concepción de persecución y combate al “enemigo interno”.

Para garantizar el derecho a la seguridad de los integrantes de partidos y movimientos de oposición, el Gobierno Nacional deberá comprometerse al desmonte efectivo y la proscripción, real y material de las estructuras paramilitares y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia. También exige una comisión de la verdad que esclarezca los crímenes cometidos por estos grupos ilegales.

Como propuesta final se pretende brindar garantías de seguridad a quienes hacen parte del partido Unión Patriótica, cuyos integrantes fueron víctimas de un genocidio político que dejó cientos de muertos en todo el país. Otra función de esta Comisión de la Verdad mencionada anteriormente, sería también esclarecer la autoría de los crímenes contra esta colectividad.