Familias de exdiputados asesinados exigen justicia

COLPRENSA | LA PATRIA | Cali

En septiembre del 2007 Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narváez, recibió una llamada de la Fiscalía. Estaba ansiosa. Tal vez le tendrían una noticia, alguna pista, uno que otro dato que le ayudara a entender qué pasó ese 18 de junio de hace cinco años, el día en que las Farc asesinaron a su esposo y a otros 10 exasambleístas.

Pero no había ninguna novedad. Un funcionario, cuyo nombre olvidó ese mismo día, solo le preguntó si quería conservar la ropa que vestía el político. Ella se negó. ¿Qué sentido tiene guardar unas prendas manchadas de sufrimiento y barbarie?

Esa fue la única vez que Fabiola fue contactada por el organismo encargado de investigar la muerte de su marido, el padre de su hija Daniela, de ese hombre de quien se enamoró haciendo política.

Al hermano del exdiputado Alberto Quintero también lo llamaron sólo una vez. Fue a los 20 días del secuestro de los políticos (en abril del 2002). Las autoridades hallaron los zapatos que tenía Alberto el día del plagio. Eran de cuero, color miel, finos, como a él le gustaban (...) Don Diego Quintero los reclamó, pero tampoco fue una buena noticia. Luego decidió regalarlos. “Alguien los necesitaba más que yo”.

Otros familiares ni siquiera tuvieron esa llamada de rutina, ni un mensaje, ni una prenda por reclamar. La mayoría dice nunca haber hablado con la Fiscalía. Ellos, como el resto del país, sólo conocen la versión que las Farc y el Gobierno han contado.

Entonces, pocas cosas han cambiado en los últimos cinco años. De hecho, uno de los familiares -bajo el anonimato- se atreve a resumir lo que pasará en el quinto aniversario del homicidio de los políticos: El país recordará solo por unos minutos el plagio -relata-, la noticia saldrá en los noticieros y periódicos, los entrevistarán, les tomarán fotos, se harán nuevas promesas para que el hecho no quede impune...

Pero al día siguiente los allegados de las víctimas de uno de los hechos más atroces en la historia del secuestro regresarán a esa rutina de duelos suspendidos, de verdades ausentes.

“El proceso avanza”

Parte de la verdad, esa que con angustia buscan los familiares, estaría en manos de la Fiscalía 38 de Derechos Humanos de Cali, que lleva el caso por el secuestro y el homicidio de los exasambleístas.

Fuentes de la entidad confirmaron a El País que la investigación avanza, que el caso por el homicidio no se ha cerrado y que -incluso- se tienen varios procesados. Aunque confiesan que la investigación contra Sigifredo López, por su presunta participación en el plagio de sus excompañeros de cautiverio, ha acaparado por estos días las labores de la Fiscalía 38.

A pesar de que el organismo se ha negado a entregar información del caso de los exdiputados, El País conoció que desde el año pasado reinsertados de los frentes 29 y 60 han revelado nuevos datos de lo ocurrido el 18 de junio del 2007.

Una de las versiones más recientes que se ha conocido de cómo habrían sido asesinados los exasambleístas fue la que hace dos semanas entregó alias ‘Santiago’, uno de los cerebros del secuestro, en entrevista con El País.

El jefe del Frente Manuel Cepeda relató que el homicidio habría ocurrido entre las 11:00 y 11:30 a.m., cuando se escucharon unos tiros en el puesto de guardia. “Una columna estaba subiendo por esas trochas que construye la misma guerrilla, pero quienes cuidaban a los diputados no sabían que esa unidad iba a pasar por ahí y los otros tampoco. Se dan los tiros, los unos (Frente 29) creen que es una emboscada, los otros (Frente 60) piensan que es una operación de rescate de la Fuerza Pública, y como estaba la orden de que no se fueran vivos, sucede lo que sucede...”

En las investigaciones, las autoridades han confirmado que en ese momento quien ordenó matar a los asambleístas fue alias ‘El Grillo’, jefe del Frente 60 y quien estaba a cargo de custodiarlos.

La versión entregada por ‘Santiago’ coincide con algunos de los testimonios que los reinsertados le dieron a la Fiscalía. Además, se confirma en los análisis balísticos realizados por el CTI a los cuerpos, que revelan que el 66% de los 95 disparos que recibieron los 11 políticos fue por la espalda.

Es decir, que todos estaban en posición de huida al momento de su muerte. La mayoría de los impactos fue a larga distancia, dos de ellos recibieron hasta 14 tiros.

Aunque las Farc enterraron los cuerpos en una zona del bajo Patía, en el municipio de Cumbitara (Nariño), los estudios establecen que ese no fue el lugar de los asesinatos. Se cree que la masacre ocurrió en un campamento cercano, entre el sur del Cauca y el norte de Nariño. Pero las autoridades no han revelado el sitio exacto.

En los correos hallados en el computador del abatido ‘Raúl Reyes’, alias ‘Cano’ le informa al Secretariado que una cuadrilla del Frente 29 confundió a los centinelas que custodiaban a los asambleístas con miembros del Eln, por lo cual se ordenó la masacre.

En los días siguientes hubo una constante comunicación entre los guerrilleros para acordar qué le informarían al país y cómo limpiarían las evidencias. Sólo hasta el 28 de junio, 10 días después de lo ocurrido, la guerrilla informa que 11 de los 12 diputados murieron por “un enfrentamiento con un grupo no identificado”.

Verdades o mentiras de a poquito. Eso es lo único que han conocido las víctimas de esta historia. Por eso, al cumplirse cinco años de ausencia, ellos ya no quieren que los culpables sigan siendo “las Farc” o “el Frente 60”. Hoy piden a gritos nombres, rostros, condenas.

En los próximos días algunos le solicitarán a la Fiscalía que los acepten como parte civil del proceso. Tal vez así -dicen- podrían llegar a la reconciliación. De lo contrario, ¿Cómo sanar las heridas, cómo perdonar a alguien que ni siquiera sabes quién es?

Mañana se conocerá resultado de cotejo de voz

Eduardo Montealegre, el fiscal general, señaló que el cotejo de voz practicado a Sigifredo López por el FBI en Estados Unidos ya se encuentra en poder del ente investigador, pero que solo mañana se conocerá su resultado.

“Está en este momento en proceso de traducción, porque el dictamen viene en inglés y el día martes daremos a conocer cuáles fueron los resultados”, señaló Montealegre.

Por ahora, una comisión de la Fiscalía estudia cuál es el sitio más apropiado para trasladar al exdiputado a Cali. Este debe contar con algunos requerimientos especiales de seguridad.

“No será un lugar de reclusión en cárcel ordinaria, sino que estamos buscando alguna guarnición militar o de la Policía”, indicó el fiscal.

Es de recordar, que por ley la Fiscalía cuenta con 20 días hábiles para resolver la situación jurídica de López. Plazo que se cumple el próximo miércoles.