Extrañeza por cambio de caso del Procurador a Sala Plena

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Carlos Mario Isaza, demandante de la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador General de la Nación, manifestó que registra con “extrañeza” el que la Sala Plena haya decidido asumir el caso y sacarlo de la Sección Quinta de esa Corporación.

Isaza le dijo a Colprensa que el movimiento del expediente “busca un escenario distinto con el fin de privilegiar la permanencia del Procurador en el cargo”.

En ese sentido, insistió en que ya la Sala Plena en abril había decidido que el caso no revestía de importancia jurídica y que tampoco había jurisprudencia para unificar en este caso.

“Y sin que hubiera un hecho procesal nuevo que justificara el cambio, modifican su postura y entran en contradicción”, apuntó Isaza.

Ahora, el demandante aseguró que espera que el Consejo de Estado admita los impedimentos que se espera presenten seis magistrados de los 24 por tener familiares trabajando en la Procuraduría.

De la defensa

Por su parte, el abogado del procurador Ordóñez, Miguel González, estimó que ellos nunca estuvieron al margen de esta decisión y que “no lo habíamos solicitado”.

“Lo que buscábamos era que la persona que fallara el negocio fuera objetiva, situación que no se representaba porque dos de tres magistrados estaban en pugna con un par de proyectos de fallo”, indicó.

Esto en referencia de los magistrados Yepes y Lucy Jeanette Bermúdez, quienes fueron recusados por la defensa, tema que será uno de los primeros por resolver por la Sala Plena.

Lo cierto es que la decisión le dio un compás de espera al procurador Ordóñez, porque ahora tendrán que presentarse impedimentos y cada uno de los 24 magistrados deberá estudiar el proceso y la ponencia que ya elaboró el magistrado Yepes, que apunta a tumbar del cargo a Ordóñez.

Una de las posibilidades es que los consejeros voten la ponencia de Yepes y la derroten, pues al parecer Ordóñez tendría mayorías en la Sala Plena, y con eso ya se salvaría su reelección, así la sentencia definitiva se demore un par de meses en ser elaborada.

Tal y como indicó Colprensa, en este caso ya presentó impedimento la magistrada María Claudia Rojas Lasso, presidenta de la Corporación, por tener a su hijo José Fernando Gómez, trabajando en la Procuraduría General de la Nación desde el 2011.

Se espera que también lo hagan el magistrado Gustavo Gómez, cuya hija trabaja en la entidad; así como el magistrado Enrique Gil Botero, ya que la esposa de un hermano, Liliana Samper, trabaja en la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales.

Igualmente, el magistrado Hernán Andrade tiene a una sobrina, Juliana Valencia, desde el 2010 como asesora en la entidad; y la magistrada María Elizabeth García tiene una hermana, Olga Lucía García, trabajando en la Procuraduría delegada para Restitución de Tierras.

Por último, la magistrada Bertha Lucía Ramírez tiene a su hijo, Andrés Páez Ramírez, desde el 2007, trabajando en la entidad.

Avalan facultad

Bogotá. La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló una disposición del Código Disciplinario Único que le permite al Procurador General de la Nación inhabilitar y destituir a funcionarios públicos, incluidos los que fueron elegidos por voto popular.

La Sala avaló la ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo y declaró exequible el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que habían sido demandado por el ciudadano Nixon Torres Caracamo por considerar que vulneraba la Constitución.

El demandante estimaba que el Congreso había excedido sus competencias porque la Constitución no estipuló entre las funciones del Procurador la de inhabilitar a servidores con funciones públicos que hayan incurrido en faltas gravísimas dolosas o faltas cometidas con culpa gravísima.