"Excombatientes de las Farc pueden moverse por todo el país": Joshua Mitrotti

Joshua Mitrotti, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, mira el calendario de su reloj digital.

–Hoy se están cumpliendo dos meses de la dejación de armas de las Farc – dice.

Desde el 16 de agosto pasado, los excombatientes de esa guerrilla que dejaron las armas ingresaron al modelo de reincorporación que lidera su Agencia, aunque en este caso, aclara, todo lo que se haga debe ser concertado con las Farc. Así quedó estipulado en los acuerdos.

De los desafíos y avances de dicho proceso, Mitrotti conversó con El País mientras recorría el municipio de Toro, Valle, donde un grupo de 21 excombatientes mayores de 47 están a punto de crear una asociación que se dedicará a sembrar ají y maíz.

- ¿Cuáles son los resultados del proceso de reintegración en Colombia?
El proceso tiene 14 años de experiencia. Se han desmovilizado 60 mil personas: 36 mil que salieron de las autodefensas entre 2003 y 2006. Y 24 mil personas de Farc y del ELN que han salido históricamente en el camino de desmovilización liderado por el Ministerio de Defensa.

- ¿De ellos cuántos siguen en la ruta de la reintegración?
En el proceso están activas 18 mil personas. En año y medio no debemos tener ningún miembro del paramilitarismo porque cumplieron los tiempos: 6.5 años. Esta es la primera política pública que permite la culminación exitosa en el sentido de cesar una condición. Ya no son desmovilizados, exvictimarios: son ciudadanos.

- ¿Qué ha pasado con la reincorporación de los excombatientes de las Farc que dejaron sus armas el 16 de agosto? Algunos estarían dejando las zonas veredales por supuestos incumplimientos. 
Con la dejación de armas, los excombatientes de las Farc ingresaron a un modelo de reincorporación. Hay que aclarar que tenemos el modelo de reintegración que venimos desarrollando desde hace 14 años, y yo era autónomo en definir esas políticas públicas. En el modelo de reincorporación, después de la dejación de armas, todo es compartido con las Farc. Se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, en donde hay dos delegados de Farc, dos delegados del Gobierno, y somos co-responsables de la reincorporación de los excombatientes. Son en total 12.014 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado de Paz; 10.172 han recibido los beneficios que ofrece el Gobierno.

- ¿Qué pasa con el resto de las personas? Son casi 2000 las que no estarían recibiendo esos beneficios.
Entre ellos hay algunos privados de la libertad, o con pendientes judiciales, y por ello no han recibido los beneficios. Además hay algunas personas con doble cedulación, entonces toca aclarar eso.

- La cedulación es fundamental en este proceso. ¿Cómo avanza este tema?
Con el Ministerio de Salud hemos afiliado a 10.218 personas al sistema. 
Lo hicimos en la fase de dejación de armas. Ahora estamos en una fase de transición y emigración de esa base de datos que venían con alias, apodos, a una base ya de cédulas y nombres. Todas las personas que tienen su acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado tienen cédula.

- ¿Qué beneficios están recibiendo?
Al día de hoy hemos logrado bancarizar a 10.818 personas. Hemos hecho desembolsos para 10.383 excombatientes de asignación única de normalización ($2 millones por una única vez para que, dejadas las armas, tengan un ‘plante’ para su transición a la democracia). También estamos cumpliendo con la renta básica, que es el 90 % de un salario mínimo durante 24 meses para las personas que no tengan vínculo contractual. Desde agosto hemos pagado tres rentas. En el primer desembolso le cancelamos a 10.110 personas, en el segundo a 9980 y en el tercero a 9888.

- ¿Eso significa que no se les ha cumplido con ello a todos?
Eso significa que tenemos dificultades con las acreditaciones de algunos exmiembros de las Farc y la oficina del alto comisionado, Rodrigo Rivera, lo está solucionando para ponernos al día. Además hay personas que, como comenté, continúan presas y si no recobran su libertad no les podemos pagar. Y algunos han encontrado algún tipo de vinculación laboral.

- Pero insisto: los excombatientes están saliendo de las zonas veredales. Sucedió en la zona veredal de Gallo, al sur de Córdoba, y Policarpa, Nariño. ¿Por qué?
Hay que entender que desde el 16 de agosto los miembros de Farc que hayan sido acreditados, son ciudadanos colombianos. Eso quiere decir que tienen derecho a la libre locomoción. Si uno mira el Censo de la Universidad Nacional, el tiempo promedio de permanencia de los excombatientes en las Farc son quince años.

Yo te pregunto: si tú mañana sales de quince años de no haber tenido acceso a tu familia, pues vas a encontrarte con tus seres queridos, resolver situaciones que habías desatendido.

Yo no puedo aceptar que la gente se esté yendo a disidencias. Según un informe del Ministerio de Defensa y Ejército, la gente del Gallo no está en las disidencias. Incluso, según informes que he visto por parte del Ministerio de Defensa, las disidencias están en alrededor de apenas el 5 % de los excombatientes.

Entonces lo digo con firmeza: hay que entender que son ciudadanos que se pueden mover en el país y tienen la posibilidad de elegir si quieren estar en espacios colectivos como las zonas veredales o si quieren compartir un espacio familiar. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Cuando en la Agencia convocamos acciones en conjunto con las Farc, el 100 % de la gente ha regresado a las zonas para hacer las actividades.

- ¿En Gallo y Policarpa específicamente, qué pasó? 
En Gallo salieron las personas hace tres semanas a una finca en Mutatá. Según lo que hemos visto es que hay personas que van a volver. Y la gente de Policarpa está diciendo que van a salir de la zona veredal y donde ellos se muevan, el compromiso de la Agencia es acompañar. Los espacios territoriales son una forma de mantener el colectivo, pero no quiere decir que si esos espacios desaparecen por X o Y razón, el colectivo vaya a desaparecer y aún menos que la oferta del Estado en materia de reincorporación se ponga en riesgo.

- Algunos están saliendo de las zonas veredales porque estas no se han terminado de construir...
Hay que tener claro que hay unos compromisos del Gobierno y de las Farc para construir las zonas veredales. La construcción depende de ambos lados. Ahora, hay que hacer ese balance y ver cómo está el cumplimiento del Estado y de las Farc. Que tanto Farc y Estado estemos al 100 % al final de año para que nos quitemos esa problemática de encima y podamos avanzar en los desafíos de fondo del proceso.

- En Nariño, Cauca y Valle hay preocupación por la presencia comprobada de disidencias de las FARC que, incluso, están atentando contra la Fuerza Pública. ¿Qué está pasando?
Solo puedo responder sobre la reincorporación, que es mi responsabilidad, no de las disidencias. Es una pregunta para la Fuerza Pública. Lo que tiene que quedar claro es que este es un acuerdo que lo tienen que cumplir ambas partes. Las personas que no lo cumplan por parte de Farc van a perder todos los beneficios, que por cierto son muy generosos y que la Corte Constitucional los blindó para que los próximos gobiernos no puedan desmontar los acuerdos.

- En Tumaco, donde la situación de orden público es delicada, la percepción es que las agencias encargadas de poner en marcha los acuerdos están trabajando por su lado, lo que ha generado desconfianza.
Yo sí creo que desde el Estado tenemos que tener un enfoque más coordinado. Me he encontrado con cosas sorprendentes. En 2002, cuando fui defensor en Bojayá, Acción Social, hoy desaparecida, llegaba y hacía un inventario de todas las afectaciones. Y al día siguiente llegaba Acción Social Quibdó y hacía el mismo inventario. Eso es falta de coordinación. Debemos articularnos. Por eso el presidente Santos está liderando el gabinete del posconflicto semanalmente. Y en la ARN tenemos la responsabilidad de coordinar y tener una visión compartida con todas las entidades de Gobierno para poder materializar la reincorporación.

- Sin embargo hasta la ONU está pidiendo velocidad en los resultados.
No hay resultados mágicos. En apenas dos meses de la dejación de las armas ya nos piden tener proyectos productivos funcionando, y eso es ingenuo y además es desaprovechar todas las lecciones que Colombia tiene en la materia. Quiero ponerle dos ejemplos: en el proceso del paramilitarismo, del año 2003 al año 2006 entregamos 6 mil proyectos productivos. Solo el 13 % funcionan hoy. Con el M-19 entregamos una cantidad de paquetes de por lo menos 1000 proyectos productivos: hoy funcionan dos. Creo que hay que tener una responsabilidad para que lo que hagamos tenga un enfoque sostenido que permita transformar dinámicas en los territorios.

- Otro de los temores es el sostenimiento de los apoyos económicos. Que los recursos a largo plazo no están garantizados.
Los recursos están garantizados. El Acuerdo habla de unos apoyos económicos que estamos cumpliendo al 100 %, las brechas tienen que ver con las dificultades que te conté, como las personas que están presas, pero estamos por encima del 90 % del cumplimiento. No creo que haya algún país en el mundo que a dos meses de haber arrancado un proceso de reincorporación presente los resultados que ha demostrado Colombia.

- Otro de los desafíos es la estigmatización hacia los excombatientes. ¿Qué se ha logrado en ello? 
Una sociedad tan fracturada como la nuestra, que termina viendo las cosas de una forma binaria y muy simple –blanco o negro, bueno o malo–, hace que todo se vuelva complejo. Pero yo creo que hay cada vez una visión más abierta en materia de reconciliación en torno a las comunidades. Lo vemos con un alcalde como el de Toro, que es del Centro Democrático, comprometido con este proceso de reincorporación. Un proceso donde veo el vaso con desafíos, todavía no estamos en un nivel correcto, pero prefiero verlo más lleno que vacío.