Estado mintió ante la Corte IDH en caso de periodista asesinado: FLIP

Colprensa | LA PATRIA

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que el Estado Colombiano mintió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 22 y 23 de agosto, cuando se llevó a cabo una audiencia en el marco de la demanda que se interpuso ante ese organismo internacional por el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal, el 16 de abril de 1998. 

De acuerdo con la FLIP, el Estado a la hora de defenderse para evitar que se dicte una sentencia en su contra, “mintió y manipuló información de manera temeraria, ofendió a las víctimas y actuó de forma contraria al principio de la buena fe procesal”. 

Carvajal fue un periodista radial que investigó y denunció actos de corrupción que involucran a políticos y empresarios en el municipio de Pitalito, Huila, y habría sido asesinado por esa labor. 

No obstante, dice la FLIP, para evitar la condena de la CorteIDH se habría acudido a argumentos inauditos y por eso envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

“En primer lugar, durante la audiencia insinuó que la familia de Carvajal es responsable por la ausencia de justicia, pues no entregó suficiente información para encontrar a los responsables del crimen. Para la FLIP es inaceptable que el Estado culpe de su propia negligencia a la familia, la cual sufría terribles amenazas de muerte mientras a la vez afrontaba la muerte de su ser querido”, dice la misiva. 

En segundo lugar, señaló la FLIP, el Estado actuó de mala fe al negar la grave situación en materia de libertad de prensa que aún se vive en el país. 

“Durante la audiencia los representantes del Estado dijeron -sin sonrojarse- a los Jueces de la Corte Interamericana que el fenómeno de violencia e impunidad en crímenes contra los periodistas en Colombia era cosa del pasado. Sin embargo, las amenazas contra periodistas vienen creciendo en los últimos años, pasando de 47 en el año 2008 a 90 en el año 2016, cifra que será superada en el 2017, pues a la fecha de hoy ya han sido amenazados 89 reporteros”. 

A esto se suma que en Huila, desde 1998 y hasta 2016, han sido amenazados 40 periodistas y otros cinco han sido asesinados, siendo la última Flor Alba Núñez en septiembre del 2015. 

“El Estado también mintió al decir que estaba cumpliendo con su obligación de prevenir la violencia contra la prensa, puesto que cuenta con una política pública de libertad de expresión. La realidad es que Colombia no cuenta con ninguna herramienta de esa naturaleza”, dice la carta. 

Allí se indica que la política pública de libertad de expresión “es una promesa incumplida de su gobierno, anunciada en el 2012 y que hoy -cinco años después- está convertida en comida de polillas en un archivo olvidado en el Ministerio del Interior y su implementación se ve más lejos que nunca”. 

“Es grave que usted haya faltado a su palabra, cuando el 13 de mayo de 2015 prometió finalizar dicha política sin que ello ocurriera para el tiempo que usted indicó, pero es inaceptable que una política inexistente, inconclusa, esquiva y estancada sea presentada con descaro por el Estado colombiano ante un tribunal internacional como el instrumento que exonera de responsabilidad al Estado colombiano por incumplir sus obligaciones internacionales frente al crimen de Nelson Carvajal”. 

La carta señala que desde 1977 hasta hoy han sido asesinados 153 periodistas en Colombia por razones de su oficio. De esa cifra 127 casos permanecen en impunidad, incluyendo 75 casos prescritos. 

La FLIP indicó que sólo en 23 casos ha habido algún tipo de condena parcial a autores materiales y únicamente en tres casos se ha condenado a autores intelectuales: “El Estado no puede ocultar esta realidad presentando una serie de reuniones con la sociedad civil y una política pública inexistente como la cúspide en la lucha contra la impunidad”. 

“El caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia es una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos históricos de la violencia contra el periodismo en Colombia. Esto pasa por el reconocimiento de los errores y responsabilidades del propio Estado. Por esta razón sorprende la agresividad de la representación de Colombia en el caso. Señor Presidente, en sus manos está tomar medidas para dignificar la actuación del Estado ante la Corte Interamericana, así como para que se investigue y sancione efectivamente a los autores intelectuales del crimen de Nelson Carvajal antes de que el caso prescriba, lo cual sucederá en tan sólo ocho meses”, precisa la misiva.