COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó que desde el lugar que fue allanado ayer en la mañana, en el norte de Bogotá, se leían los correos que enviaba y recibía el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
De la misma manera, se señaló que entre los interceptados estaban los periodistas que cubrían los diálogos de paz en Cuba, además de los correos de los jefes de prensa de la guerrilla de las Farc y los de una oficina institucional del Gobierno Nacional.
Para la Fiscalía es claro que la oficina ilegal de interceptaciones estaba encaminada a “sabotear, interferir y afectar el proceso de paz en La Habana y a atentar contra la seguridad Nacional”, dijo Montealegre.
Además, recordando el escándalo de las chuzadas que se habrían hecho desde una oficina en el sector de Galerías, Montealegre agregó que “este caso fue mucho más grave que lo que sucedió con el de Andrómeda”.
El allanamiento
En el norte de Bogotá, calle 93B con carrera 17, cerca al Parque de la 93, miembros del CTI de la Fiscalía encontraron una oficina de interceptaciones en un inmueble ubicado en el segundo piso de un edificio de ladrillo y ventanales grandes.
El operativo, que se realizó desde la tarde del lunes y culminó en la madrugada de ayer, estuvo a cargo de 30 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes encontraron información similar a la que se halló en el operativo ‘Andrómeda’. Fueron incautados varios computadores y equipos electrónicos.
La información recolectada se puso a disposición del ente acusador y finalmente se pudo comprobar que las interceptaciones allí desarrolladas eran ilegales. Según Montealegre, en el operativo “la Fiscalía estableció que esta oficina tenía las bases de datos de los desmovilizados de la guerrilla”.
Las labores no tienen nada qué ver con Inteligencia Militar. Dichos trabajos de Inteligencia los realizaba un ingeniero con altos conocimientos en temas informáticos y de manejo de información. Se trata de Andrés Fernando Sepúlveda, quien sería el director de la oficina.
De acuerdo con el jefe del ente acusador, Sepúlveda utilizaba la información recolectada a través de las interceptaciones para venderla, por lo que los investigadores están en la tarea de “tratar de establecer quiénes compraban esta información”.
Por los hechos, se espera que en las próximas horas la Fiscalía le impute a Sepúlveda los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos.
Sin embargo, no se descarta que en la audiencia ante un juez de garantías, el representante del ente acusador anuncie que esta persona sería responsable del delito de espionaje, pues “indebidamente estaba obteniendo secretos políticos del proceso de paz en La Habana”, dijo el Fiscal.
La Fiscalía pedirá detención preventiva y de ser encontrado culpable Sepúlveda, se sometería a una condena que supera los 18 años de cárcel.
Reconoce que usó servicios
Bogotá. En un comunicado de prensa, el candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, reconoció que su campaña electoral utilizó los servicios de la oficina de interceptaciones allanada por el CTI.
El comunicado se conoció luego de que fuentes cercanas a la Fiscalía revelaron que la actriz Lina Luna Rodríguez, esposa de Andrés Fernando Sepúlveda, el ingeniero capturado por ser el presunto director de la oficina, hace parte de la campaña presidencial del exministro de Hacienda.
"Desde el pasado mes de enero y antes de iniciarse la campaña presidencial recibimos asesoría de la actriz Lina Luna para la elaboración de mensajes concretos de campaña y para transmitir en lenguaje sencillo las propuestas programáticas", dice el documento.
De hecho, en febrero Rodríguez ofreció un equipo de trabajo para apoyar la campaña en redes sociales y seguridad informática, liderado por su esposo Andrés Sepúlveda; un equipo creativo y publicitario encabezado por su cuñado Luis Carlos Sepúlveda y un apoyo en coordinación de equipos regionales por Jorge Ardila, tío de su esposo y de su cuñado.
En el comunicado Zuluaga muestra su preocupación por los señalamientos, pero al mismo tiempo solicita a la administración de justicia que caiga "todo el peso de la ley" sobre los responsables que interceptaron los correos.
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