¿Es acertado sacar del país la oficina de DD.HH. de la ONU?

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre la posibilidad de cerrar la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se ha generado una fuerte polémica entre varios sectores de la política nacional.

Algunos expertos cuestionan la afirmación que hizo el presidente Santos de que “Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en nuestro país” y se ha ejercido tanta presión, que el Mandatario tuvo que aclarar su afirmación informando que esta oficina se quedara en Colombia por un año más.

Entre los primeros en reaccionar estuvieron los delegados ante la mesa de conversaciones de La Habana por las Farc, quienes dijeron que hacer esta afirmación “es desconocer la realidad de Colombia”. Agregaron que “después de los acontecimientos del Catatumbo, esto está fuera de lugar”.

A estas críticas se sumó la precandidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, quien afirmó que esto sería como “tomar la política del avestruz”. Para ella “esta decisión no le hace bien ni al proceso de restitución de tierras, ni al proceso de paz”, porque es “ahora más que nunca que se requiere la observación por la voz neutral de la comunidad internacional que representan Naciones Unidas”.

En este sentido también reaccionó la Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá, Ana Teresa Bernal, quien afirmó que “mientras no cese el conflicto armado interno en Colombia es necesaria la presencia de la Alta Comisionada en nuestro país”.

Esto lo justificó diciendo que “Bogotá, como ciudad receptora de víctimas, es consciente de la magnitud del conflicto por la cantidad de víctimas que tenemos que atender”. Bernal aseguró que el número de víctimas que llega a Bogotá es importante al punto de que “a veces son avalanchas de población provenientes de Buenaventura, Cauca, Huila y Caquetá”.

Para ella, “esto refleja que se siguen violando los Derechos Humanos en Colombia”. Además reveló que, de acuerdo con cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el total de personas asociadas a hechos victimizantes en Bogota es de 428.742.

La Alta Consejera manifestó que, aún en el postconflicto, es ineludible la presencia de esta oficina como facilitadora, porque el proceso de verificación requiere de garantes y “el diálogo con la sociedad civil debe tener acompañamiento de entes internacionales”.

Finalmente resaltó que “en un momento como este, donde en los procesos de diálogo recrudecen los conflictos y cuando no hay pactado un cese al fuego, es necesario que Naciones Unidas ayude a la prevención y reducción de situaciones de riesgo para la población civil”.

Más voces

La Asociación para la Promoción Social Alternativa emitió un comunicado en que que también rechaza la posible salida de esta oficina de Colombia. Esto se justifica en que el país enfrenta en el futuro inmediato “procesos trascendentales como el cierre de los procesos de Justicia y Paz, la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Proceso de paz con las Farc y el Eln y la labor de reconstrucción de la memoria del conflicto armado, entre otros”.

¿Se le fueron las luces?

La retractación casi inmediata del Presidente luego de su declaración sobre la oficina de DD.HH. de la ONU hace pensar que esto pudo ser un lapsus linguae, es decir un error en el uso del lenguaje que generó un malentendido.

En esta teoría coincide la organización Minga, por lo que sugirieron al presidente “revisar el contenido de estas afirmaciones”, asegurando que “si en realidad pretende culminar con éxito las negociaciones de paz en medio del conflicto”, debe contar con el apoyo de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que esto podría obedecer más a la incomodidad que le generaron al Gobierno las recientes declaraciones de la ONU sobre los presuntos excesos de la Fuerza Pública durante las protestas del Catatumbo.

Para él, “a pesar de la sobria declaración del presidente Santos, es muy probable que haya sido este último incidente lo que generó esta reacción del Gobierno”.

El dato

Fuentes del alto Gobierno dijeron que esa delegación estará un año más en Colombia. Hoy se firmará la prórroga.