Erradicación y sustitución a la par, bomba de tiempo

Alejandra Bonilla Mora

COLPRENSA | LA PATRIA

“Lo que pasó en Tumaco es el ejemplo de por qué no puede hacerse erradicación y sustitución de cultivos en el mismo territorio y al mismo tiempo”. Las palabras son de Juan Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, quien junto a Sergio Chaparro hizo un análisis denominado “Coca, instituciones y desarrollo”, sobre los retos que tienen los municipios productores de coca a mediano y largo plazo para la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc.

Para Dejusticia, es menester que el Gobierno detenga la erradicación forzada de cultivos ilícitos, especialmente en esas zonas donde ya se está avanzado con los campesinos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

No se trata de no hacer erradicación o de no cumplir con la meta de 50.000 hectáreas que se fijó para el Ministerio de Defensa. Se trata, explica Dejusticia, de que la erradicación está reglada en el Acuerdo de Paz y debería ser la última opción para situaciones específicas: cuando a pesar de existir acuerdos con las comunidades haya familias que no sustituyan; cuando se incumplan compromisos; cuando no se tenga razón de quiénes son los dueños de los cultivos o cuando no haya acuerdo con las comunidades.

“El acuerdo es claro en manifestar que la sustitución de cultivos ilícitos es la apuesta principal y parece que el Gobierno está olvidando eso, porque tiene esa necesidad de bajar el número de hectáreas, porque se sigue pensando en esa lógica, se está entorpeciendo el esfuerzo de paz”, señaló Cruz.

50 mil hectáreas

Su planteamiento es claro: la orden de erradicar 50.000 hectáreas para finales de este año podría llevar incluso a que se vulnere el Acuerdo de Paz, privilegiando el garrote, las cifras de incautaciones y de destrucción de laboratorios de coca, a los planes de sustitución.

“Estamos discutiendo asuntos de hectáreas de coca, de cuántos laboratorios se están destruyendo, que si es el Clan del Golfo o ‘Guacho’, que son elementos coyunturales y un efecto del abandono estatal. La política de drogas está distrayendo el debate, y lo importante ahora es el debate sobre el desarrollo rural en los territorios. Es muy difícil solucionar el problema de Tumaco y los municipios cocaleros si nosotros seguimos teniendo como punto de referencia las hectáreas de coca”, agregó.

En Tumaco hay 23.000 hectáreas de coca, casi la misma cantidad que tiene todo el departamento de Putumayo, que cuenta con 26.000 has. Cruz explicó que las zonas más cocaleras son Norte de Santander, el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, mientras que en el último informe del Simci y de las Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) se reportó un aumento en el Chocó.

“En Tumaco hay un ‘cóctel’ de incapacidades estatales, grandes poderes locales basados en la coca, la minería y el hurto de hidrocarburos, y una clase política cooptada por el crimen organizado.

Este ‘cóctel’ para la implementación del Acuerdo es un reto de cómo construir Estado, como fortalecer el proceso de desarrollo del municipio, derrotando esos poderes locales y fortaleciendo la participación comunitaria, porque en Tumaco hay una gran movilización. El problema no es la coca, sino el cóctel”, explica Cruz.

La propuesta

La idea que promueve la publicación consiste en replantear la política antidrogas, para que se aprovechen las grandes oportunidades que puede traer el Acuerdo de Paz para los territorios cocaleros.

Al tiempo, Dejusticia propuso que el programa de sustitución se ajuste al contexto de cada territorio y que haya en zonas ‘calientes’, con presencia de grupos armados ilegales y disidencias, un acompañamiento de terceros neutrales como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Penas alternativas

Dejusticia plantea que para construir confianza con las comunidades y que se vinculen al programa de sustitución, deben haber garantías de no persecución penal o represalias en su contra.

“A nivel nacional deben promoverse alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas, que pueden vincularse a programas comunitarios de construcción de paz y reparación en el posacuerdo”, dice la publicación.

Se trata de generar tratamiento penal alternativo para las personas asociadas al cultivo, al procesamiento de la pasta base y a los operarios. “En los laboratorios de cocaína no está el capo sentado, está el obrero. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Tratarlos como al capo que es el dueño de todo y se queda con las ganancias? O le damos un tratamiento penal diferente, sacarlo del negocio local”, explicó.