Alejandra Bonilla Mora
Colprensa | LA PATRIA | Santander de Quilichao
“En la Casa Comunal cogían a torturar gente, pedían a gritos ayuda y uno cómo hacía para arrimarse. “No me dejen matar, no me dejen matar”. Iba uno a las orillas del río Cauca y encontraba un ‘sangrerío’ y los muertos. En las fincas enterraban gente. Un señor Marino se enloqueció de tanto ver gente muerta, porque eran vecinos del río. Yo salí amenazado. Salí en un panfleto. Ya cuando volví no encontré las mismas cosas, pero ya uno ve la tranquilidad. Gracias al proceso de restitución de tierras volvimos a sonreír”.
A sus 60 años, José Rubiel Vásquez Balanta insiste en que ha podido volver a sonreír, después de que los paramilitares del Bloque Calima de las autodefensas, al mando de Éver Veloza, alias HH, llegara hacia finales de la década de los 90 a la vereda Lomitas, ubicada a 15 minutos de Santander de Quilichao en el Cauca.
Los paramilitares hicieron de Lomitas su centro de operaciones, ejercieron acciones de control social como toques de queda y reglas. Incluso, perpetraron violencia sexual y de género al obligar a las mujeres a vestirse de determinada manera y servirles.
Para Cali
“Dijeron que necesitaban la casa. Yo como líder les dije que no se podía, que allí nos reuníamos para nuestras cosas. Ellos dijeron que no estaban pidiendo permiso y tocó darles la llave. Estuvieron seis años”.
Don Édgar Quintero, líder de la región de Lomitas, fue mencionando en un panfleto y como José Rubiel, se desplazó en el 2005. Se fue para Cali, luego de perder a varios amigos, de ver cómo bajaban cuerpos por el río, cómo los tiraban y luego salían a festejar el horror, todavía bañados en sangre.
Hasta la cancha de fútbol pagó la violencia, abandonada por completo: dejó de usarse porque cuando don Édgar entrenaba a los “pelaos” irrumpían los paramilitares y no se podía poner en riesgo a los niños.
Por sus propios medios
“Comenzaron a aparecer cuerpos en el río Cauca que pasaba por la finca de nosotros y luego llegan ahí y se establecen. Traían víctimas de Jamundí, de Puerto Tejada, de Popayán, los reunían, los ejecutaban y los cuerpos al río. Tocó tumbar las casas porque decían que ahí se acomodaban los guerrilleros. Nosotros fuimos los primeros en darle a saber al mundo las infamias de Lomitas”.
Don Lorenzo Mosquera Brand le tocó salir corriendo junto con sus hermanos luego de soportar las presiones de los paramilitares. Fue a Cali y denunció lo que estaba pasando ante la Cruz Roja y las Naciones Unidas. Se exilió en Brasil por varios años y luego regresó por sus propios medios, sin apoyo de las autoridades locales, según él mismo denuncia.
Dulce a la vida
Don Lorenzo, don Édgar y don José Rubiel tienen en común no solo haber sobrevivido a tan atroces actos, sino de ser ya beneficiarios del proceso de Restitución de Tierras y de poner en marcha, con sentencia en mano, proyectos productivos. En Lomitas, a punta de cultivos de piña, ganadería y gallinas ponedoras, sus pobladores empiezan a pasar la página de la violencia paramilitar que les despojó sus tierras.
A don Édgar no le tiembla la voz. Con sombrero para cubrir la cara del sol de Lomitas, recorre el predio en donde tiene 123 mil matas de piña, cultivo por el que ya tiene cómo vivir tranquilo de nuevo y que está empezando a dar réditos. Incluso, ya hay un proyecto de mermelada de piña. No obstante, el problema es cómo comercializarlo sin perder dinero con los intermediarios y, por eso, empezarán con el SENA una capacitación para montar una Cooperativa.
El problema
“El tema es el comercio, mi doctor. La estoy vendiendo a 700 pesos kilo y en los almacenes de cadena está a 1000 pesos. Hay que comprometerlos más. Hacer una microempresa. Todo se lo debo a Dios y a ustedes. Esto es un comienzo, nos tiraron una escalera y ya estamos como en el séptimo escalón”.
Don Édgar le habla al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, quien escucha los pormenores de los proyectos y las quejas. La que más se escucha es la falta de un sistema de riego para la vereda, por lo seco de la zona; una supuesta falta de compromiso de las autoridades locales y de la Gobernación del departamento; y los temores por lo que pueda pasar con el cambio de Gobierno.
“Aquí ninguna de las administraciones se ha pellizcado con las víctimas porque el compromiso de ellos es político y nosotros no estamos para ser manipulados políticamente, el caso nuestro es de necesidad, de volver a reformar lo que alguna vez tuvimos (…) A la guerra no hay que mirarla superficialmente, es la máquina, lo que hay al interior de ella, para qué sirve y a quién le sirve, a quién beneficia, a quién destruye”.
Don Lorenzo, también con una gorra para protegerse del sol, considera que a pesar de las dificultades y de todo el apoyo que le hace falta, alaba el proceso de restitución y teme que la paz que se está empezando a gestar se reverse.
Ricardo Savogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, explica cómo va el proceso.
¿La demora es por la situación de orden público?
El tema de orden público que era tan fuerte hace unos meses ya no está, ya se superó. Ahora tenemos que pelear un poco con los rezagos de la guerra y ahí estamos interviniendo con Batallón de desminado o con temas de cultivos ilícitos en Argelia, Balboa, Mercaderes, donde se trabaja con la Fuerza Pública, Sustitución de Cultivos y Restitución de manera articulada.
¿Cómo avanza el proceso de restitución en el sur del país?
Tan pronto hubo Acuerdo de paz con las Farc abrimos oficina en Florencia (Caquetá), en San José del Guaviare, en Neiva y ampliamos con la intervención del Sur del Tolima con la oficina en Ibagué. En Caquetá estamos predio a predio, midiendo, escuchando a la gente. La zona es particular porque ahí las Farc tenían presencia muy activa y hemos tenido al dificultad de que el Estado era el gran ausente y empezamos a inaugurar el Estado por decirlo así.
¿Han tenido inconvenientes o amenazas?
En Caquetá lo que ha pasado es que algunos reclamantes han empezado a desistir y la información que nos ha llegado es que las Farc estaban haciendo unas restituciones en donde era la guerrilla la que intermediaba. Obviamente, que la Unidad no admite estos desestimientos, la Unidad será la que haga la fase administrativa y será un juez el que orden devolver o no un predio.
En Santander de Quilichao ha sido atendido el 96 % de las solicitudes de Restitución de Tierras, se han dictado 23 sentencias, por la justicia, que han beneficiado a cerca de 100 personas; y asignados al menos $300 millones para el desarrollo de proyectos productivos.
En el Cauca, donde hay unas 3 mil solicitudes, se han restituido ya 73 mil hectáreas y beneficiado cerca de 4 mil personas. No obstante, en el resto del departamento el proceso tiene algunas demoras porque eran regiones con mayor presencia de las Farc.
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