En firme proceso contra César Mauricio Velásquez por chuzadas

LA PATRIA | MANIZALES

La Sala Penal del Tribunal de Bogotá negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de César Mauricio Velásquez, exsecretario de Prensa de la presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y con el cual buscaba tumbar el proceso que se sigue en su contra por la presunta participación y conocimiento del supuesto complot para desprestigiar a un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión adoptada el pasado 3 de junio por el Juzgado 56 de Conocimiento de Bogotá, con la que le permitía a la Fiscalía continuar con el proceso penal contra Velásquez; el exasesor jurídico de la Casa de Nariño Edmundo del Castillo; y los abogados Diego Álvarez Betancourt y Sergio Augusto González, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.

En el recurso de nulidad presentado por Velásquez, el exfuncionario argumentó que la Fiscalía debía declarar nulo todo lo actuado en este proceso, dado que -según su defensa- se presentaron una serie de irregularidades por parte del ente acusador cuando decidió reactivar esta investigación penal tras ser archivada en junio de 2009, argumento que fue negado en segunda instancia.

De acuerdo con la Fiscalía, hubo una serie planes para difamar a varios magistrados durante el Gobierno de Álvaro Uribe, con la ayuda de información recopilada por el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Para el ente acusador tanto Velásquez como Del Castillo “estuvieron al tanto de recopilar información privada de los magistrados, una actuación que no podía estar a cargo de ellos porque para ese entonces, la única entidad que podía investigar era la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”.

En ese sentido, la Fiscalía sostiene que César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo así como los dos abogados conocieron de las actividades ilícitas, presuntamente ejecutadas por los organismos de Inteligencia del Estado más conocidas como las ‘chuzadas’.

Los cuatro procesados enfrentan este proceso en libertad, luego de que el Juzgado 65 de Garantías decidiera no imponer medida de aseguramiento, por su presunta participación en estos hechos.