En el 2014 crecen las amenazas a periodistas

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

El asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, el pasado martes en Tarazá (Antioquia), renovó los reclamos sobre la situación de inseguridad para periodistas en regiones del país.

El crimen de Cervantes sucedió en una semana emblemáticas para el ejercicio del periodismo, ya que el 13 de agosto se conmemoraron 15 años del asesinato de Jaime Garzón, y también fue llamado de alerta a las autoridades, que no han acertado a explicar por qué al comunicador se le levantó el esquema de seguridad dos semanas antes del ataque mortal.

El periodista de la radio comunitaria Morena FM y corresponsal hasta el 2013 del canal Teleantioquia Noticias, recibía amenazas de muerte desde el 2010, cuando trabajaba en esa corresponsalía.

Cervantes había denunciado, además, que en la noche del pasado 21 de julio llegó un hombre a su casa para pedirle que transmitiera una información por la emisora que dirigía y, ante su negativa, le dijo que estaban "cansados de verlo en Tarazá". Esa y otras intimidaciones serían de integrantes de la banda criminal Los Urabeños o por denuncias de casos de corrupción en el gobierno local, creen las autoridades.

Problema nacional

Según la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del 2014 se han conocido 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en 2013. El defensor, Jorge Armando Otálora, dice que no se sabe a qué se deba ese crecimiento y que, mucho más preocupante, del total, 56 ya han sido clasificados como de riesgo extraordinario.

Otra fuente, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), registra en el año 98 violaciones al ejercicio periodístico, 121 víctimas de ellas, 37 amenazas, un exilio, al menos 30 víctimas de agresión y 35 de obstrucción al trabajo periodístico, con 45 víctimas.

Las alertas son estudiadas y calificadas por la mesa de riesgo del Ministerio del Interior, instancia que decide a quién y qué tipo de protección asigna. La protección puede incluir chalecos antibalas, teléfonos, vehículos de protección y personal de escolta.

Pero la propia Defensoría advierte que medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales, no garantizan la protección a la vida e integridad de los comunicadores y que el plazo de 30 días hábiles que se toman para elaborar la evaluación y revaluación del nivel de riesgo, puede resultar muy prolongado y las medidas llegar tarde.

Del total de casos registrados este año, el mayor número ha ocurrido en Bogotá, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia y Magdalena. Allí las amenazas suceden a través de llamadas telefónicas o de seguimientos y mensajes escritos. Provienen, también en su mayoría, de miembros de grupos armados ilegales como las Farc, el Eln y las bacrim.

Caso del Bajo Cauca

Para Carlos Cortés, analista de medios, columnista de ‘La silla vacía’ y exmiembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, la región con más problemas es la del Bajo Cauca (Antioquia), donde confluyen varios factores: enfrentamientos de bandas criminales, presencia de exparamilitares y acción de delincuencia común.

Tanto actor violento hace más difícil saber quién amenaza. "Sin una investigación judicial de por medio es muy difícil saberlo, la cifras son provisionales y no hay certeza de cuántos son y quiénes están detrás, aunque hay muchos vínculos con las administraciones locales, concejales y alcaldes que puedan tener nexos con estas bandas”, dice Cortés.

Para el analista hay un nexo claro entre amenazas y administraciones: “Por asuntos de interés público, casos de corrupción, malos manejos, obras que no quedaron hechas, en el caso de Cervantes fue por cosas así. Es muy difícil saber cuándo se le puede retirar un esquema de seguridad a un protegido, porque no hay investigación y la situación de orden público puede seguir igual”.

La respuesta del Estado

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de Andrés Villamizar, dice que de cada caso hay que hacer un análisis específico para tomar medidas.

Desde el 2012, Cervantes fue beneficiario del programa de la UNP y contaba con un vehículo y dos escoltas. La entidad fue la que más críticas recibió por el retiro de ese esquema de seguridad, lo que Villamizar explicó así: “El desmonte se hizo tras un estudio de riesgo anual y porque no realizaba su actividad de periodismo, todos los esquemas están obligados a revisarse una vez al año para verificar si se sigue necesitando la protección; se hizo en el mes de mayo en el caso de Cervantes y con base en las entrevistas documentadas a autoridades locales, la Personería, la Iglesia Católica y otros periodistas, se llegó a la conclusión de que no existía un riesgo derivado de la actividad periodística”.