En agosto se conocerá el fallo sobre marco para la paz

Alejandra Bonilla

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

En agosto se conocerá el fallo de la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, una decisión vital para el proceso que se adelanta en La Habana (Cuba), con la guerrilla de las Farc, según quedó de presente durante la audiencia que se adelantó ayer en la Corporación. Más si se tiene en cuenta que la idea es la terminación de un conflicto de largo aliento.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estimó que la oportunidad de paz que se aproxima es real y explicó que esa normatividad se pensó como una estrategia integral que implica, eso sí, admitir de una buena vez que investigar y sancionar todos los delitos cometidos en el conflicto colombiano es una tarea poco real.

Santos dejó claro que el Gobierno Nacional buscó con el Marco para la Paz un marco de justicia transicional, que junto con la Ley de Víctimas y otras medidas, busca tomarse en serio “por primera vez” la lucha contra la impunidad.

La petición

Esa es al menos la idea que tiene el Gobierno Nacional y ese fue el argumento que esbozó para pedirle a la Corte que avale el Marco Jurídico para la Paz, que establece el deber de sanción penal de máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos y establece criterios de selección y priorización para el juzgamiento de crímenes de guerra cometidos de forma sistemática, genocidio y delitos de lesa humanidad.

La ponencia de la Corte, que está en manos del magistrado Jorge Pretelt, según se ha podido establecer, está casi lista y será en el sentido de avalar el Marco Legal para la Paz. No obstante, habría condicionamientos a la norma que en últimas podría direccionar el debate que se desarrolle en el Congreso de la República de las leyes estatutarias que deben reglamentar el Marco para la Paz.

El presidente del Congreso de la República, Juan Fernando Cristo, planteó el escenario que se le viene al legislador si se avala el Marco para la Paz de forma condicionada. Esto porque las leyes estatutarias no solo tendrán un álgido debate sobre los criterios a utilizar para seleccionar qué crímenes serán investigados y cuáles no y con base en qué criterios, sino también cumplir con la disposición de la Corte, so pena de que esta no pase después el control de constitucionalidad.

Cristo se lo dijo a los magistrados, les pidió que los dejaran legislar, que les dejaran “hacer su trabajo libremente”. No obstante, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien se ha caracterizado por rechazar el Marco para la Paz, terminó aceptando que la Corte “va a fallar de fondo” y entonces pidió una exequibilidad condicionada para que los derechos de las víctimas se vean resarcidos.

El debate a favor

A parte de la férrea defensa que hizo el Presidente Santos, en el sentido de considerar el Marco para la Paz como “una oportunidad histórica para ponerle fin al conflicto armado interno”, y de ser un momento de decisiones en el que se toma una postura realista para resarcir a los derechos de las víctimas, el Marco tuvo entre sus defensores al alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Él reiteró que no se puede repetir el escenario de Justicia y Paz en el que se han producido pocas condenas y que terminó en la creación de bandas criminales.

También lo defendió el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien hablando como en sus épocas de magistrado pidió a la Corte avalar el Marco al estimar que investigar a todos los responsables de todos los delitos es un camino a la impunidad y puso como ejemplo que en ocho años de Justicia y Paz, se han producido menos de 20 sentencias.

“La pregunta que debería hacerse la Corte es si es preferible que repitamos más de 200 mil muertos en otros 50 años de conflicto o que restrinjamos un poco algunos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos más", apuntó.

De la Corte

Una declaración muy esperada era la de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que no se había pronunciado ni una sola vez sobre el Marco para la Paz y que en desarrollo de sus funciones por ejemplo, ha tenido que ir corrigiendo la forma como se interpreta a ley de Justicia y Paz con los paramilitares, para que se cumplan los criterios de verdad, justicia y reparación.

El presidente de la Sala Penal, magistrado Leonidas Bustos, hizo una defensa del Marco para la Paz como herramienta para poder salir de 50 años de conflicto y expresó que el Estado “sí puede” concentrarse en máximos responsables.

En el mismo sentido se expresó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al indicar que esa selección no implica impunidad, pues se trata de sopesar el derecho a la justicia en aras de las paz.

En contra

*El debate se originó por una demanda que presentó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Su director, Gustavo Gallón, reveló durante la audiencia un argumento que no está en ese texto y es que en su criterio el Marco para la Paz encubre un estado de excepción, pues introduciría una norma transitoria en la Constitución que entraría en tensión con las existentes.

*“Mientras dicho elemento fundante establece que las autoridades están en el deber de proteger y garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia, el artículo transitorio prevé que las autoridades pueden en aras, supuestamente, de la paz no respetar y garantizar los derechos de todas las personas y por lo tanto dejar de investigar y juzgar graves violaciones”, dijo Gallón.

*El procurador Ordóñez reiteró que el Marco es un mecanismo de impunidad que, además, ignora los estándares internacionales que obligan al Estado colombiano a perseguir a responsables de graves violaciones de derechos humanos.

*“Porque al seleccionar los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios cometidos sistemáticamente y renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, está generando impunidad, porque hay un sinnúmero de conductas cometidos que no necesariamente son bajo las circunstancias de sistematicidad”, señaló.

*Por su parte, el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, estimó que la norma va en contra de tratados internacionales que obligan al Estado Colombiano a investigar los violaciones de derechos humanos, al permitir que el Congreso limite el juzgamiento de atrocidades cometidas. Esto, ya que no se investigarían delitos que no se cometieron de forma sistemática.

*Por el lado de las víctimas, el vocero del Centro de Pensamiento Primero Colombia, Jaime Restrepo Restrepo, dijo que se trata de un instrumento de impunidad que crea víctimas de primera y de segunda categoría y estimó que debe haber unos mínimos de verdad y justicia “sin exclusión”.

*En un planteamiento similar, pero sin ideología política de fondo, la Fundación País Libre, a través de su directora Clara Rojas, dijo que no está en contra de un Marco para la Paz en sí mismo, sino de un Marco que no tiene en cuenta a las víctimas.

*“¿Quiénes son los máximos responsables? No son máximos responsables también aquellos que apretaron los gatillos en contra de la población, secuestraron, desaparecieron forzadamente a miles y hasta millones víctimas del conflicto", aseveró.

*Y agregó: "Bajo qué criterios se puede decir que la verdad, la justicia y la reparación de garantizan juzgando al comandante y dejando libre al denominado autor material o viceversa. ¿Cómo se garantizaría los derechos juzgando sólo al autor material y dejando libre a quien ordenó el crimen'?".