El sector minero-energético está en la mira de la guerrilla

 Las acciones guerrilleras en el primer mes de 2013, aunque parecen generalizadas e indiscriminadas, podrían tener un foco preciso: afectar la economía el país, especialmente el sector minero-energético y la inversión extranjera.

Tanto las Farc como el ELN han concentrado sus acciones en tres modalidades delictivas: los ataques a la infraestructura de conducción de petróleo y de energía eléctrica, el secuestro de contratistas de empresas dedicadas a la minería y la explotación petrolífera, y la extorsión a grandes compañías.

De acuerdo con las cuentas del director de Operaciones del Ejército, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco, entre el primero de enero y el primero de febrero de este año, las Farc derribaron dos torres de energía en Norte de Santander y Arauca, mientras que de algún tipo de ataque al sector de hidrocarburos ha habido 15 eventos, en los departamentos de Arauca, Putumayo y Norte de Santander.

Una fuente de Ecopetrol confirmó que los ataques se han producido en zonas inhóspitas y de difícil acceso, en donde los insurgentes instalan minas antipersonal para retardar las reparaciones por parte de los técnicos. Pero como esos ataques ya se han presentado en el pasado, cada vez los técnicos y las tropas se especializan más en la reparación. Hoy demoran entre 4 y 5 días.

En la parte vial no se han presentado ataques contra puentes ni carreteras, pero sí fueron incinerados vehículos. El jueves pasado, en Puerto Concordia (Meta), las Farc quemaron un bus de empresa Macarena, y días antes habían quemado en Putumayo dos carrotanques, después de que salieran cargados con crudo de un pozo.

Otro hecho que parece aislado, pero que se relaciona con la actividad económica, es el secuestro, por parte del frente ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, de seis contratistas (dos peruanos, un canadiense y tres colombianos) de una empresa dedicada a la explotación minera en el municipio de Norosí, sur de Bolívar, el 18 de enero.

En otra acción que luce dirigida contra la Policía, el 25 de enero, la columna móvil 'Gabriel Galvis' de las Farc secuestró a los policías Víctor González y Cristian Camilo Yate, en zona rural de Pradera (Valle), cuando fueron a atender el llamado de la comunidad relacionado con unas extorsiones. Horas antes había sido liberado el ingeniero agrónomo Juan Carlos Botero, que trabaja para el Ingenio Central Castilla.

De hecho, según el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, el recién abatido jefe del Frente 5 de las Farc, alias ‘Jacobo Arango’, que operaba en el Nudo de Paramillo, había recibido la orden para desatar la oleada violenta después del 20 de enero (cuando terminó la tregua unilateral de las Farc), adelantando cualquier acción terrorista de significación por cada uno de los frentes, aumentar la extorsión y aumentar la infiltración en entidades y universidades.

Y el más reciente episodio fue el secuestro en Piamonte, sur del Cauca, el 30 de enero, de Luis Miguel Figueroa, César Galeano y Hémbrer García, contratistas de la empresa ATI Gran Tierra (que construye una plataforma de exploración petrolera en la vereda el Jardín). Los tres habían sido raptados por el frente 29 de las Farc, pero fueron liberados un día después por la presión de las tropas.

LOS PROPÓSITOS

Para el ministro de Defensa, el sector minero-energético siempre ha tenido, precisamente por las áreas donde desempeña esa actividad, cierto tipo de riesgos. Pero advierte que la Fuerza Pública tiene planes, unidades especializadas y nuevas tecnologías para ir minimizando estos efectos.

“De una u otra forma, esa coordinación ha ido limitando muchas de las intenciones. Claro, siempre existen los riesgos. Dos individuos que se presentan de civil en cualquier parte pueden intentar una acción terrorista o pueden intentar raptar y secuestrar a una persona. Eso es parte de lo que puede ocurrir”, dice Pinzón. “Pero, al mismo tiempo, gracias al dispositivo de la Fuerza Pública, es grande la cantidad de intenciones y de acciones terroristas que se evitan”.

La tesis de que el foco de los ataques guerrilleros es la economía el país, con énfasis en el sector minero-energético y la inversión es calificada por Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia, como “plausible”.

Para este analista, el número de atentados que han ocurrido durante este primer mes del año, aunque fueron prácticamente los diez días de enero después del 20, superan los atentados del año pasado. “Es claro que la guerrilla está intensificando los atentados contra la industria minero-energética del país. Eso está indicando que las personas relacionadas con esa industria son objetivo militar de las Farc”, asegura Rangel

Con sus acciones, la guerrilla busca, según Rangel, presionar al Gobierno para que acepte sus exigencias, como un cese bilateral del fuego, “que les conviene a ellos (las Farc) porque inmovilizar a las Fuerzas Militares les permite aumentar su presencia territorial, desdoblar sus frentes, recuperar corredores logísticos, etc. Es una forma de presionar también al Gobierno incrementando la violencia y el terrorismo con el fin de lograr sus propósitos económicos y políticos. Lo que siempre ha hecho”, dice.

También asegura que otro propósito es poner sobre la mesa el tema de la política minero-energética, tratando de “chantajear” al Gobierno. “O se pone sobre la mesa ese tema o se sigue afectando ese sector, que es tan clave para la economía nacional. La realidad es que, a pesar de los esfuerzos que hace la Fuerza Pública, no ha podido neutralizar la escalada de atentados contra la infraestructura nacional. Eso es un hecho evidente”, sostiene el analista.

Atribuye la situación al hecho de que el Gobierno decidió desmontar las redes de informantes, “que era una vía de participación ciudadana para cooperar activamente con el Estado en la guarda de la seguridad, y las Fuerzas Militares han perdido a decenas de centenares de miles de personas que eran miembros de esas redes, que eran ojos y oídos de la Fuerza Pública para neutralizar la acción de la guerrilla y eso se está pagando con el incremento de esos atentados”.

A su turno, el excomisionado de paz Víctor G. Ricardo asegura que las Fuerzas Militares, hoy más que nunca, están obligadas a llevar a cabo el combate y la captura de las personas que están por fuera del Estado de Derecho. “Están obligadas a combatir a los grupos alzados en armas con eficiencia, no solamente porque es el deber constitucional y la obligación del Gobierno, sino para dar las garantías necesarias a los empresarios y a los colombianos para que cada uno, en su respectiva labor, pueda desarrollar sus actividades en un ambiente de seguridad”.

“Por tanto, no podemos justificar que porque se está hablando no se deba hacer eficiente en la acción de la Fuerza Pública. Todo lo contrario: cuando se están tratando de ver soluciones políticas al tema de la paz, se hace más necesario que haya más eficiencia de la Fuerza Pública”, aseveró, y explicó que en cualquier país del mundo donde hay conflicto, “el inversor extranjero está mirando con lupa la situación para no ir a caer en riesgos”.

LAS ACCIONES MILITARES

El director de Operaciones del Ejército, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco, explicó que en Colombia, desde que se puso en marcha el plan de guerra de las Fuerzas Militares ‘Espada de Honor’, se activaron las fuerzas de tarea, precisamente en esas zonas neurálgicas: Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca, Valle y Antioquia.

Las empresas le muestran sus proyectos al Ejército, que los analiza y envía a la respectiva división, que determina la viabilidad, teniendo en cuenta los factores de seguridad y de disponibilidad de tropas para su protección.

“En todo el país, para la seguridad de hidrocarburos, minas, torres eléctricas y vías hay 21 Batallones Energéticos, Mineros y Viales (Baeev), que son orgánicos de las diferentes divisiones del Ejército”, explicó el coronel Matamoros Blanco.

Diez de ellos están dedicados al sector de hidrocarburos, con un total de 694 pelotones, conformados por 20.805 hombres. En la parte minera hay 385 pelotones con 10.417 hombres, en la energética son 397 pelotones con 11.910 hombres, y en vías son 1.207 pelotones con 37.195 hombres. En total, un poco más de 80.000 hombres.

“Cuando sucede un evento muy fuerte, convocamos una mesa de crisis, a la que va el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Fiscalía, alcaldes y gobernadores, y con todos ellos vamos al sitio. Eso ayuda mucho”, agrega el oficial.

“Semanalmente nos reunimos con las empresas, damos una parte de sensibilización, vemos cómo está la empresa en seguridad y los asesoramos para que inviertan en seguridad. Nosotros somos el cuarto o quinto anillo. El primer anillo en su proyecto es la misma empresa. Cada vez le pedimos a la empresa que invierta en seguridad preventiva. Acá toca jugarle a la prevención, no a que nos metan los goles”, concluyó.