El problema de los cultivos ilícitos es la corresponsabilidad

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La revelación del Gobierno de Estados Unidos de que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron la cifra de 209.000 hectáreas, 11% más que el 2016, abrió de nuevo la discusión sobre cuál será el futuro de la estrategia antidrogas y el papel que asumirá la administración Trump en caso de que no se logre controlar esta situación.

La controversia llega en medio de la transición de mando que hay en el país entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el mandatario electo, Iván Duque, quien se posesionará el 7 de agosto y de quien Washington espera la aplicación de una política de mano dura para frenar el avance de los cultivos de coca.

Sin embargo, desde la administración Santos se empiezan a evidenciar nuevos mecanismos para fortalecer la erradicación de los cultivos ilícitos. Se trata de la aspersión aérea con glifosato, pero esta vez a través de drones y no de aviones, como se hacía antes del 2015, cuando fue prohibido por sus efectos nocivos para la salud.

Santos, luego de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, aseguró ayer que el uso de drones para aspersión de cultivos de coca con glifosato no tendrá grandes impactos sobre la salud de las comunidades o del medioambiente, al tratarse de una práctica terrestre por tanto no viola el fallo de la Corte Constitucional, en el que se prohíbe esta práctica a nivel aéreo.

Ante el regreso del glifosato, el director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, afirmó que para que este nuevo modelo de aspersión aérea sea aceptado, debe usarse inteligencia artificial y algoritmos que tengan una mejor precisión y así mismo se disminuya el daño ambiental y a la salud pública que origina este tipo de fumigación.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, considera que el incremento de estas plantaciones se debe entender primero desde el mercado. "Los cultivos de coca no se darían en Colombia si países como Estados Unidos, Brasil y Europa no fueran los principales consumidores, pero que simplemente hacen presencia para señalar que aquí aumentó la oferta y no tienen en cuenta que allá aumentó la demanda. Este no es un problema solamente del país, aquí hay una vía bidireccional que no se está controlando", aclaró.

Para el experto, la causa de este problema no está en "las maticas de coca que faltan por ser arrancadas", sino en que no hay políticas de garantía económica para el campesino, que es el principal afectado por haber estado abandonado durante 50 años a causa del conflicto armado. "Si uno mira las regiones afectadas se da cuenta de que son las mismas de hace 20 años, eso no ha cambiado, baja un poquito y vuelve a subir. Tumaco es el municipio con más coca, Tibú, el bajo Putumayo con Puerto Asís y San Miguel y Leguizamo, las mismas zonas de siempre, pero de esas regiones muy poco se escucha, porque están totalmente alejadas de nuestro panorama y no en la distancia, sino en lo social", puntualizó Ávila.

Con esta postura, coincidió el analista político Víctor de Currea Lugo, quien fue enfático en señalar que este aumento en los cultivos "estaba cantado desde que se inició el proceso de paz con las Farc", debido a que no se le dio el espacio al proceso de transición prometido a los campesinos.

"Hubo una esperanza en el Acuerdo de Paz sobre cultivos ilícitos, pero se reescribió luego del plebiscito y la erradicación terminó siendo un incentivo que plantea castigos más no garantías. El acuerdo inicial planteaba un periodo de transición para la sustitución de los cultivos con apoyo del Estado, y lo que se apunta ahora es que cuando usted destruya todos los cultivos tendrá ayuda y lo que le dicen a uno los campesinos de Cauca y Nariño es que mientras tanto qué comen", sostuvo el analista.

De Currea manifestó que "el problema de eso es que no hay un mercado agrícola que sea mínimamente beneficioso, que le permita vivir a los campesinos de sus productos, no, no lo hay, entonces la gente se vuelve a la coca porque no hay otra opción económica".

Todo esto porque, a pesar del Acuerdo de Paz y de los programas de sustitución voluntaria de cultivos, a los que se han inscrito 77 mil 659 familias, según el Plan Integral Nacional de Sustitución (PNIS), las hectáreas sembradas aumentaron, alcanzando, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, 209.000 héctareas datos que para el gobierno norteamericano son inaceptables.

Esta situación para De Currea demuestra que "aquí hay rabo de paja", porque Estados Unidos hace llamados de atención a Colombia, pero no se está teniendo en cuenta que es de los principales demandantes de este mercado que debe ser destruido con la concertación y no la represión.

"No se hace caso de experiencias internacionales y aquí podemos citar dos modelos: el de Afganistán frente al Opio, que es el uso de la represión, y el social, que es el caso de Bolivia, que implica concertación con las comunidades. Colombia aún no sabe por cuál irse y todo indica que el nuevo Gobierno llegará por el lado de la represión", concluyó el analista.

Óscar Palma, experto en drogas ilícitas, afirmó que esta tendencia al alza se presenta en los últimos años como causal de incentivo para familias que vieron en el proceso de paz un negocio lucrativo en el que se negociaban las hectáreas de coca y se recibían beneficios. "Muchos campesinos tomaron la decisión de cultivar hectáreas de coca teniendo en cuenta que esto les garantizaba una posibilidad de negociar más fuertemente para obtener beneficios del Estado, entonces hay una especie de incentivo perverso de frente a la motivación del porqué el aumento”, añadió el experto.

Colombia erradicará este año un total de 110.000 hectáreas sembradas de coca, 40.000 más de lo planeado inicialmente, informó ayer el presidente, Juan Manuel Santos, quien destacó que se utilizarán drones para fumigar los cultivos ilícitos.