El gobierno pondría en cintura a más de 100.000 empresas que evaden el IVA

La evasión de impuestos en el país asciende a $20 billones anuales y solo por el IVA la cifra llega a $12 billones. Por eso, en la próxima reforma tributaria, que se debe presentar en esta legislatura, la apuesta será por penalizar a los evasores, con lo que estarían en la mira más de 100.000 empresas.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que junto con el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) se va a presentar otra iniciativa para mantener el impuesto al patrimonio, el 4x1.000 y buscar la penalización de la evasión de impuestos, esto con miras a tener ingresos adicionales por $12,5 billones para el próximo año y así poder cumplir con la meta de déficit fiscal y los compromisos del Gobierno con los diferentes sectores.

La primera propuesta del nuevo director de la Dian, Santiago Rojas, para el proyecto es que se sancione a los evasores del IVA. De acuerdo con la Dirección, actualmente hay alrededor 311.000 declarantes del impuesto, cuya evasión asciende a entre 35% y 40%, por lo que de aprobarse, se meterían en cintura a por lo menos 100.000 empresas.

Horacio Ayala, exdirector de la entidad, manifestó que esta “es una propuesta filosófica sana, pero en la práctica es difícil”. Indicó que la administración tributaria es muy pequeña y es muy difícil el proceso de fiscalización, pero además, la gran informalidad es un tema esencial a resolver para poder cumplir con el objetivo, pues de esta manera se podrían rastrear las empresas que no están pagando. Agregó que la evasión del IVA no es un tema fácil de determinar, porque se deben tener en cuenta el descuento de los impuestos pagados.

Puntualmente para la sanción al IVA, Gustavo Cote, exdirector de la Dian, manifestó que ya hay una sanción penal para este sentido, pues si una empresa se queda con el impuesto recaudado, es considerado como peculado.

Los gremios no se han hecho esperar y han manifestado su desacuerdo con este proceso. El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, manifestó que el tema se puede prestar para que personas que comentan errores lleguen a las cárceles.

UNA PROPUESTA DIFÍCIL

El ministro Cárdenas le apuesta a la cárcel contra los evasores como la manera para aumentar el recaudo. Esta no es una idea nueva, pues desde hace 22 años hay propuestas en el Congreso de la República en ese sentido; sin embargo, los artículos que le han dado paso al tema siempre se han caído.

Pese a esto, el funcionario ha estado preparando el terreno y el año pasado le pidió a la Fiscalía que preparara instrumentos en este sentido. El ente investigador, tras la reestructuración firmada por el presidente Juan Manuel Santos, creó una dirección especializada de Policía Judicial Económico - Financiera. Esta estará conformada por profesionales en temas económicos, como administradores, contadores y abogados que van fungir como policía judicial dentro de las investigaciones.

Para el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, la iniciativa no se trata de una “cacería de brujas”, sino de lograr un consenso sobre el monto a partir del cuál la evasión es considerada como un delito. “Debe existir un monto que usted le deba ofender, no sé cuál sea, pero debe existir un monto de ingresos ocultos que pueden ser punibles. Entre $100 millones y $2.000 millones, no sé cuál es la cifra, pero de que existe una cifra, existe una”, dijo.

La última vez en la que se presentó una iniciativa en esta dirección, bajo la tutela de Alberto Carrasquilla, como ministro de Hacienda, el ‘umbral del dolor’ era de $500 millones.

En países como Chile y México, este tipo de delito ya está tipificado. En este último cualquier contribuyente que omita presentar declaraciones definitivas por más de un año deberá ir a la cárcel.

Para los expertos, sin embargo, para que una reforma en este sentido tenga éxito es necesario que se cumplan tres prerrequisitos que son esenciales: simplificación del Estatuto Tributario, mejora en la información de la Dian y mejorar la carrera dentro de la entidad.

En el primer punto, una de las principales preocupaciones de los empresarios es que por errores en la interpretación de las normas se pueda caer en el delito. Precisamente, el senador Mauricio Lizcano indicó que es una propuesta muy temprana para el sistema, porque aún la legislación se presta para “1.000 conceptos”. Indicó que lo primero que se debe hacer es una simplificación del Estatuto Tributario, de manera que “cualquier persona pueda hacer sola su declaración”, y luego sí entrar a debatir el tema de la evasión.

Catalina Hoyos, socia de Godoy & Hoyos Abogados y experta en temas tributarios, indica que aunque Colombia está en mora de incluir la evasión en la legislación, la presunta es cómo se va a penalizar y quiénes serán los destinatarios. “Siempre pagan impuestos las mismas personas, es de solo 14% del PIB, y el resto son desconocidas para la administración”.

Por eso, manifestó que es necesario que la Dian mejore sus sistemas de información, pues de esa manera se podrá rastrear a las personas naturales o jurídicas que están evadiendo. Ortega ha dicho que solo 3.500 empresas pagan juiciosamente sus impuestos.

El último punto tiene que ver con la seguridad jurídica, y se refiere no solo a que el personal de la Dian esté mejor preparado para enfrentar los diferentes retos del nuevo delito, sino que en realidad haya una confianza por parte de la ciudadanía en la justicia.

Lo cierto es que para el próximo año se necesitarán ingresos por $126,2 billones.

IMPUESTO AL PATRIMONIO Y 4X1.000

En el proyecto que será llevado al Congreso de la República a la par con el Presupuesto General de la Nación para 2015, se incluirá la extensión del impuesto al patrimonio y 4x1.000, con lo cual se podrán mantener los recursos destinados para sectores como el agro para este año. De nuevo se abre el debate sobre el Gravamen a las Movimientos Financieros (GMF), pues se ha dicho que es antitécnico. Precisamente, es uno de los obstáculos que ven los analistas para ayudar a mejorar la evasión de impuestos, pues es a través del sistema financiero como la Dirección de Impuestos puede hacer un verdadero seguimiento de los ingresos, sin embargo, con este tipo de gravamen es más difícil que aumente la bancarización, uno de los objetivos del Gobierno Santos.