Noticias de Manizales y Caldas,
Mayo 08 2024
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COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El 19 de noviembre de 2012 los colombianos conocieron la decisión final sobre el litigio que el país enfrentaba con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Pese al optimismo, el fallo sorprendió y decepcionó al Gobierno, que pocas horas después lo calificó como “inconsistente”.
Y es que después de 11 años de espera el alto tribunal decidió que Colombia tiene soberanía sobre los cayos Sudeste, Roncador, Albuquerque, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, pero le otorgó derechos económicos a Nicaragua sobre 75 mil kilómetros cuadrados de mar y dejó con enclaves a dos de esos cayos.
Sin duda este episodio será recordado porque fue un duro golpe para la diplomacia colombiana e impactó la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Pero la consecuencia más evidente se relaciona con los pescadores del archipiélago.
Hasta el momento, el Gobierno ha indicado que rechaza la decisión de la CIJ e incluso Santos afirmó que el fallo no se aplicará hasta tanto no estén garantizados los derechos de los colombianos. El próximo año será clave, pues ya se anunció una estrategia más agresiva y en enero habrá una idea más clara de los recursos jurídicos que Colombia interpondrá.
Santos y su gabinete viajaron a San Andrés para determinar las acciones que iban a adoptar. Se habló, por ejemplo, de decretar la emergencia social y económica en el Archipiélago para ejecutar con más eficacia lo que se denominó el Plan San Andrés.
Nueve días después de conocido el fallo (28 de noviembre), el jefe de Estado informó que Colombia había denunciado el Pacto de Bogotá, el cual daba reconocimiento y jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. Con esta decisión, el país ya no tendrá que enfrentar nuevos litigios ante ese tribunal, exceptuando una demanda que cursa en este momento y la interpuso Ecuador por el uso de glifosato en la frontera.
“He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la CIJ”, justificó Santos.
Holguín agregó en entrevista con Colprensa que “el retiro del Pacto no tiene que ver con el fallo que pasó, pues con este ya no hay nada que hacer; estamos retirándonos del Pacto porque no creemos en una corte que fije los límites de un país; una corte que no falla en derecho”.
La Cámara de Representantes, de hecho, llamó a un control político a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues según argumentaron fue en esas administraciones que se estableció la estrategia de defensa. Con Pastrana, en el 2001, fue interpuesta la demanda de Nicaragua y durante el gobierno de Uribe se dieron a conocer las primeras consideraciones. Los debates no se realizaron.
El primero de diciembre Santos se reunió con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, en Ciudad de México. El encuentro resultó sorpresivo, pero terminó con una conclusión contundente: no habrá un enfrentamiento bélico entre los dos países. Además se acordó respetar los derechos históricos y ancestrales de los pescadores colombianos que han derivado su sustento de las aguas concedidas al país centroamericano.
A pesar de este nuevo giro, Colombia seguía expresando su preocupación, por ejemplo, por la posibilidad de que Nicaragua llevara a cabo exploración y explotación de petróleo y gas, en la reserva marítima Sea Flower, considerada patrimonio ecológico del mundo. Esa posibilidad, por ahora, ha sido descartada por ese país.
Lo que sigue generando gran preocupación es la afectación y vulneración de los derechos de los los pescadores, quienes incluso han denunciado que “indios o atracadores nicaragüenses”, como ellos los llaman, han llegado a quitarles sus pertenencias y a amenazarlos cuando están pescando.
Esas preocupaciones llegaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU). La canciller Holguín; la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero; y el alcalde de Providencia, Arturo Robinson, se reunieron con el secretario General de esa organización, Ban Ki-Moon, para explicarle la situación.
Lo que no está muy claro aún es lo que pasará con los tratados limítrofes que Colombia tiene con otros países como Panamá y Costa Rica.
Al respecto, la Canciller colombiana sostuvo: “el problema fue que rediseñó la geografía del Caribe y aquí vamos a tener uno que otro inconveniente porque todos los tratados que había se cayeron: se cayó Honduras-Nicaragua, Costa Rica-Colombia, Panamá-Colombia, y hay que ver qué más (…) Después de que se aclare un poco más el panorama se necesitará un nuevo tratado con Panamá y seguramente se verá lo que pasó con Costa Rica. Necesitaremos un tratado con Nicaragua y no es una cosa que se haga de la noche a la mañana”.
La firma inglesa Volterra Fietta será la encargada de establecer los recursos jurídicos que interpondrá el Gobierno colombiano ante la CIJ. Es reconocida a nivel mundial por su experiencia en diferendos limítrofes ante tribunales internacionales.
Según Holguín, el próximo 7 de enero se reunirá con los abogados de esa firma para analizar un primer informe y a partir de esa fecha se espera que en cuatro meses se tengan claros los mecanismos que usará Colombia.
Esta contratación se suma a la que ya había hecho el Gobierno con seis abogados internacionalistas que acompañarán el proceso liderado por Volterra Fietta. Y es que por su reputación y experiencia, el Ejecutivo espera que tras las decisiones que se adopten se obtengan buenos resultados, a pesar de que el fallo proferido el pasado 19 de noviembre es inapelable.
La Ministra de Relaciones Exteriores agregó que la firma “ya ha dicho que tenemos muchas posibilidades con algunos recursos. Esto, creo, es importante".
La firma, por ejemplo, defendió a Catar en una disputa contra Bahrein y a Chile en una disputa territorial con Argentina. Además, asesoró a los gobiernos de Malasia y Granada, en las negociaciones de sus límites con los países fronterizos.
Por otro lado, el Gobierno tendrá que hacer efectiva la inversión que anunció de más de $300 mil millones para San Andrés. Los pescadores recibirán subsidios por un monto de $30 mil millones, cada uno recibirá un millón 800 mil pesos mensuales durante los próximos seis meses.
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El dato
75 mil
los kilómetros cuadrados de mar sobre los que Colombia perdió derechos.
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