Ejecuciones sacuden a la cúpula militar

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Una nueva tormenta política, militar y judicial se desató tras la divulgación del informe de Human Rights Watch sobre nueve generales del Ejército, incluido su comandante, que, según esa ONG, estarían involucrados en investigaciones relacionadas con ejecuciones, conocidas con el eufemismo de "falsos positivos". El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le salió al paso a la denuncia y apoyó al generalato del que dijo tiene un “desempeño extraordinario”.

El listado de los involucrados, según el reporte de HRW, lo encabeza el general Nicacio de Jesús Martínez, que en diciembre fue designado como comandante del Ejército Nacional. Junto a él aparecen los nombres de Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada, y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13.

Sobre Martínez, HRW publicó un documento que certifica el pago de una recompensa a una persona que entregó información sobre ubicación de supuestos guerrilleros de las Farc. La fecha del comprobante es de marzo del 2005, se giró por un valor de un millón de pesos y Nicacio Martínez, para ese entonces con grado de coronel, firmó el pago en su calidad de jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada.

Pero en el informe de la ONG se señala que en las operaciones que derivaron de la información de la fuente se reportaron dos bajas por los militares: “Un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59 de las Farc. Sin embargo, los tribunales concluyeron que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años”.

El crimen de estas dos personas tuvo lugar en la vereda El Pontón, esto es en inmediaciones de Atánquez, jurisdicción de Valledupar. Por el doble asesinato, la justicia ordinaria condenó a penas de entre 31 y 34 años de prisión a los militares Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Ómar Eduardo Vaquiro Benítez y Deimer Cárdenas Martínez.

En mayo del 2013, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en contra de los procesados y, además, remitió el expediente para que la Fiscalía investigara “las posibles conductas por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores del teniente Ómar Eduardo Vaquiro Benítez”.

Ante las acusaciones, el propio Martínez dijo que a la fecha no ha tenido ningún llamado de las autoridades colombianas. “Dios y mis subalternos saben cómo hemos actuado. Todo lo que hacemos lo hacemos dentro del marco de la ley y en beneficio del pueblo colombiano”.

Habla mindefensa

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, exhortó al gobierno colombiano y a sus autoridades judiciales a que se adelanten las respectivas investigaciones en contra de los altos oficiales mencionados en el documento.

“Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, indicó Vivanco.

Y desde su cuenta en Twitter Vivanco escribió que Martínez Espinel debe explicar por qué firmó el documento donde aprueba un pago de un millón de pesos por una operación donde sus tropas asesinaron a una niña indígena inocente de apenas 13 años.

Guillermo Botero, ministro de Defensa, respaldó a los altos mandos tras los cuestionamientos y, al término de un debate de control político sobre la aplicación del Código de Policía, habló de las denuncias sobre las alarmas que se encendieron tras la difusión del informe.

Lo primero que dijo Botero es que la hoja de vida de los generales es revisada antes de ser promovidos, así como sus actuaciones y desempeño en el pasado. “Cuando ascienden a generales son sometidos a la consideración del Congreso de la República quien, a su vez, los evalúa nuevamente y esas personas han pasado esas pruebas”, señaló el jefe de la cartera.

Los defensores de las víctimas

Sin embargo, para el abogado Germán Romero, quien defiende los intereses de Alfamir Castillo, cuyo hijo fue presentado como guerrillero dado de baja en combate, tanto el Congreso, como el Ministerio y el propio Ejército deben entregar las explicaciones por permitir el ascenso de oficiales con cuestionamientos en sus hojas de vida.

Romero también cuestionó al actual comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, que opera en Norte de Santander, el general Diego Luis Villegas Muñoz (también mencionado en el informe de HRW). El oficial está vinculado con la investigación por la muerte de Omer Alcides Villada, un agricultor que padecía una discapacidad cognitiva.

En circunstancias similares a las de Martínez, HRW publicó un comprobante de pago por 1 millón 500 mil pesos que le entregaron a un informante que, presuntamente, entregó información para desarrollar la operación que terminó con el asesinato de Villada. El documento de Vivanco indica que “en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno”.

Sobre este hecho, el abogado Romero reveló que han documentado más casos en los que Villegas tendría responsabilidad en las muertes de personas a las que hicieron pasar por guerrilleros.

Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, recordó que, desde el anuncio de la nueva cúpula en diciembre, elevaron las advertencias por la designación de los generales con investigaciones sobre estas muertes.

“Una preocupación es que las personas que fueron cuestionadas en el informe de HRW en su momento comandaban unidades militares tácticas como batallones o unidades operativas menores como brigadas, pero hoy son comandantes de divisiones o de Fuerzas de Tarea, cargos importantes en el Ejército por lo que podría ser un obstáculo en las investigaciones”, concluyó.

La macabra actuación del Ejército

En Colombia, se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros en el contexto de la guerra con las Farc y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La ONU informó en 2011 de que se investigaban al menos 3 mil ejecuciones en una práctica "sistemática", aunque estimaciones posteriores han situado la cifra en unos 4 mil 200.

El año pasado la Fiscalía presentó 2 mil 248 casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra en virtud del acuerdo de paz con las Farc.