Educación y vivienda, prioridad para los afectados en la frontera

COLPRENSA | LA PATRIA

Mientras el gobierno colombiano describe lo que está ocurriendo en la frontera con Venezuela como una grave crisis humanitaria, sus pares venezolanos destacan los resultados de la operación Liberación del Pueblo y aseguran que el balance de la misma ha sido extraordinario. 

Así de distantes están hoy las posiciones entre ambos gobiernos sobre el cierre de la frontera que ya ajusta 12 días, por lo que al menos en el corto plazo no parece vislumbrarse una solución a la problemática. 

Y es que tras una visita a la zona, tanto el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza, como el gobernador tachirense José Vielma Mora, coincidieron en que las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro “están dando sus frutos”, con la disminución del contrabando, la violencia y los robos. 

“Queremos lo mejor para el pueblo colombiano pero está situación parasitaria no puede continuar”, afirmó Arreaza, al tiempo que aseguró que tras el cierre de la frontera “apareció el champú, el jabón, la leche en polvo y los productos básicos como el pollo”. 

Por su parte Vielma, gobernador del Táchira, manifestó que “el balance de la operación Liberación para el Pueblo es extraordinario. Vamos a cumplir ya más de once días de cierre y el índice de criminalidad bajó prácticamente a cero”. 

Soluciones a largo plazo

Pero mientras desde el lado venezolano destacan las bondades del cierre de la frontera, en Colombia miembros del Gobierno le hacen frente a la crisis humanitaria y trabajan en la implementación de medidas de largo plazo para ayudar a los afectados. 

Por ejemplo, el Ministerio de Educación inició la ‘Matriculatón”, una estrategia con la que se busca garantizarles educación a los menores en la frontera. Entre las medidas se ordenó abrirles cupos en instituciones educativas a aquellos niños que tras salir de Venezuela no están asistiendo al colegio, así como proporcionar los recursos suficientes para el transporte y la alimentación de los estudiantes que se encuentran en los albergues. 

José María Leiton, director de fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación, explicó que desde esa cartera están registrando los niños y preguntándoles a sus padres si tienen o no cupo en instituciones educativas para así gestionarlo. 

“Nuestros grandes aliados son los rectores y maestros, que están entendiendo esta emergencia como una situación que debemos superar y que ya estamos superando”, puntualizó. 

Por otro lado, el ministro Juan Fernando Cristo; la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, y la canciller María Ángela Holguín, visitaron ayer el sector de La Playa, Villa del Rosario, para revisar los avances en las entregas de la ayuda humanitaria, dar a conocer los diferentes subsidios que existen para los expulsados y verificar que estos no lleguen a personas que no los necesitan. 

“Estamos acompañando a los colombianos, para protegerlos y controlar que no lleguen avivatos que no necesitan la atención de Estado, quien crea que aprovechará esta situación para acceder a subsidios está muy equivocado. Aquí solamente tratamos a los deportados y retornados”, indicó Cristo. 

Mientras tanto, la canciller María Angela Holguín les pidió optimismo a los colombianos en los albergues y aseguró que el Gobierno se encuentra trabajando en el diseño de políticas públicas de largo plazo “que les permitan a los colombianos deportados vivir e instalarse en el país de donde son y tener un futuro mejor”. 

Presuntos abusos sexuales

Como si las precarias condiciones que han tenido que soportar los colombianos que han sido obligados a abandonar Venezuela no fueran suficientes, la procuradora delegada para la infancia y adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, denunció que ha recibido información de ciudadanos colombianos sobre supuestos abusos sexuales cometidos por miembros de la guardia venezolana. 

Hoyos, quien dio a conocer que adelantará las respectivas acciones judiciales ante los organismos internacionales, informó que ya la Fiscalía inició una investigación con el fin de establecer las eventuales responsabilidades penales y disciplinarias en las que habrían incurrido las autoridades del vecino país durante la actual crisis en la zona.