Disidencias de las Farc tienen 700 integrantes

COLPRENSA | EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Las disidencias de las Farc están conformadas por al menos 700 integrantes que se opusieron al acuerdo de paz que esa guerrilla firmó con el Gobierno o fueron expulsados por el movimiento insurgente, precisó ayer el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

"Son alrededor de 700 o 750 hombres (...), que suponen un porcentaje bastante bajo desde el punto de vista de las premoniciones que se hicieron y que decían que el acuerdo de paz no iba a cubrir más allá del 50% de las Farc", dijo Villegas.

Sin embargo, aclaró que un 92% de los cerca de 7 mil excombatientes se acogieron al proceso de paz, pero los grupos que no lo hicieron son "altamente peligrosos, narcotraficantes y de orden delincuencial internacional, por lo que vamos a recibir cooperación internacional para combatirlos".

El Gobierno y las Farc firmaron un acuerdo de paz en noviembre del año pasado para terminar 52 años de conflicto.

Sin embargo, algunos guerrilleros se opusieron al acuerdo y otros fueron expulsados del grupo armado por no asumir las directrices de la jerarquía de las Farc.

Ayer se informó que el Gobierno autorizó el pasado 26 de octubre a la fuerza pública a realizar bombardeos aéreos contra las disidencias de las Farc y bandas del crimen organizado.

La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “imparte directrices al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de la Policía, de denominación de las amenazas y el uso de la fuerza, los cuales garantizan la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones”, expresa el documento.

La directriz declara asimismo como "objetivos de alto valor estratégico" a los disidentes Miguel Botache, alias Gentil Duarte; Gener García Molina, alias John 40, y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

Esta ofensiva contra las bandas criminales también incluye al grupo delincuencial el Clan del Golfo, Los Puntilleros y Los Pelusos.

Análisis

Para el catedrático y coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez, dicha directiva “viene encaminada a decirles a las bandas criminales bueno, aquí está el poder letal del Estado a través de las Fuerza Militares incluyendo bombardeos y ametrallamiento en el aire”.

De acuerdo con Velázquez las armas que usarían los miembros de la Fuerza Pública “son muy letales”, sin embargo, precisó que “lo importante es que no vayan haber excesos, que cuando la FF.MM. las emplee sea con una inteligencia muy bien lograda y sea la asestación de solamente a las bandas criminales, porque si se afecta a los civiles sería muy negativo y muy grave”, dijo el exoficial.

Sobre el blindaje jurídico para los uniformados que usen este tipo de fuerza, Velásquez confirmó que dicha iniciativa solo se debe realizar en caso de atacar grupos que “estén delinquiendo y tenga un viso político como las Farc”.

En el documento, el Ministerio argumenta que la fuerza también será ejercida contra miembros de bandas de crimen organizado, sobre esto el exoficial indicó que allí se debe tener más cuidado ya que los mismos delinquen en medio de la población civil.

“No deben emplear bombardeos, deben atacarlos por tierra, ahogarlos para que no puedan salir a ningún lado, capturarlos o en dado caso darlos de baja”, indicó el exoficial.

A esta voz se unió el analista en conflicto armado Hugo Acero, quien confirmó que dicha iniciativa no es nueva y que incluso el Gobierno ya la venía trabajando desde que Juan Carlos Pinzón fungió como ministro de Defensa.

Para Acero esta directriz además del bombardeo por aire, trae consigo mecanismos alternos, entre ellos la persecución y el enfrentamiento directo con los grupos armados organizados.

Unió su voz a la del oficial Velásquez, asegurando que las FF.MM. deben “tener profesionalismo a la hora de iniciar las acciones contra las bandas criminales".

Sobre la legitimidad jurídica, para Acero está claro que los uniformados están blindados “mientras haya una orden del ministro y de los altos mandos militares”.

Contrario a lo que opinan Acero y Velásquez, el también oficial en retiro y analista del conflicto armado John Marulanda, indicó que esta directriz no es más que “una respuesta urgente, una aceptación del Gobierno de que las disidencias de las Farc y las bacrim se les están saliendo de las manos, es una declaración evidente del Gobierno de que no está controlando la situación como ellos quisieran hacerlo”.

Para Marulanda no está bien visto que el Gobierno emplee este tipo de mecanismos donde se deben usar armas de guerra para combatir el crimen organizado, contrario a ello indicó que las ofensivas se deben realizar con actividades policiales y no militares.

El exoficial reiteró que con esta iniciativa “el Estado está declarando que está en una seria amenaza por parte del crimen organizado y le toca recurrir a medidas extremas, el uso de armas de guerra convencional”. En tal sentido aseguró que el Gobierno “ha fallado” y recurre a esas instancias para evitar esos sucesos.

Marulanda también indicó que al darse vía libre a esta directriz, se conocerá si los denominados disidentes de las Farc, finalmente “son el brazo armado del partido legítimo de las Farc, vamos a ver cómo se emplean estos bombardeos y quiénes serán los primeros objetivos. Dependiendo de eso sabremos si es verdad que las llamadas disidencias son solo una estrategia del grupo o en realidad son insurgentes”.

Sobre la afectación que podría generar los bombardeos en la población civil el oficial en retiro aseguró que “el solo anunció que se va a bombardear ya es un elemento disuasorio para las organizaciones. Sin embargo, que esos bombardeos deben estar sujetos a que no hayan daños colaterales”.

Para Marulanda, “esto es imposible porque el Ministerio de Defensa carece del rubro de inteligencia, entonces es posible que afecten a terceros”.

Las disidencias de las Farc operan en Guaviare, Guainía y Vichada, estos dos últimos departamentos limítrofes con Venezuela, así como en Nariño, fronterizo con Ecuador, especialmente en la localidad de Tumaco, el municipio colombiano con más hectáreas de coca sembradas.