Dionisio Vélez, nuevo alcalde de Cartagena

La Registraduría Nacional, en su boletín número 27, anunció que luego de escrutar el 100% de las 1.385 mesas, el candidato de coalición de los partidos Verde y Liberal, Dionisio Vélez es el nuevo alcalde de Cartagena.

Con 95.870 votos, Vélez se impuso frente a sus contendores María del Socorro Bustamante, de Afrovides, que ocupó el segundo lugar con 77.347 votos, seguida por Wilson Borja del Polo con 9.811 y Miguel Navas, del Partido Conservador, con 2.208.

Sorprendió la cifra de votos en blanco que, según la Registraduría, alcanzó los 10.924 votos.

En total, a las elecciones atípicas de alcalde de Cartagena concurrieron 200.237 sufragantes, equivalente al 29,31 por ciento de los 683.000 ciudadanos que estaban habilitados para votar.

Identificación biométrica

Para estas elecciones se habilitaron lectores de identificación biométrica en los 63 puestos de votación que fueron instalados por la Registraduría. Esta medida, que permitía reducir los riesgos de suplantación de votantes, originó demoras y largas filas en las afueras de los lugares dispuestos para ejercer el derecho al voto.

Esta jornada electoral contó con el apoyo de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), el Ministerio del Interior y la Procuraduría.

35% de anomalías, por compra de votos

Bogotá. La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó las primeras denuncias de irregularidades electorales en desarrollo de la jornada en la que se elegió al nuevo alcalde de Cartagena. En la jornada se registraron 64 anomalías.

Según esta organización, se presentaron jurados en los puestos de votación con distintivos de campañas en un 21,7 por ciento y testigos con la misma condición en un 57 por ciento. Esta es una práctica prohibida, pues tanto testigos como jurados estarían incurriendo en proselitismo político.

El delito más reportado por la ciudadanía fue el de corrupción al sufragante con 23 reportes, que representaron el 35 por ciento de los 64 reportes de anomalías de la ciudadanía. La compra y venta de votos se presentó con mayor frecuencia en el puesto de votación del corregimiento de Caño del Oro. Allí también hubo riesgo sobre alteración del orden público.