Denunciarán a Parody por participación en política

Ante la Procuraduría General de la Nación será denunciada la Alta Consejera Presidencial para Bogotá Gina Parody, por su supuesta intervención en política.

Así lo advirtió el representante a la Cámara por el Partido de La U, Miguel Gómez Martínez, principal promotor de la revocatoria del mandato al alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

El congresista recordó que la Constitución y la ley prohíben a los funcionarios públicos tomar abierta participación en asuntos electorales.

En cambio, dijo, sí están obligados a respaldar y apoyar los mecanismos de participación ciudadana, tal como lo establece la Ley 134 de 1994.

“Al Gobierno no le corresponde pronunciarse sobre lo que opinen los ciudadanos, y la doctora Gina Parody lo ha venido haciendo de forma reiterada en los distintos medios de comunicación. Eso influye en la voluntad del ciudadano, condiciona a los medios de comunicación, el Gobierno tiene mucha influencia y los recursos para obstaculizar este proceso”, afirmó Gómez Martínez.

El parlamentario dijo que ya tiene recaudadas 74 mil firmas ciudadanas y espera para antes de mayo entrante completar las 350 mil firmas que se necesitan para que la Registraduría convoque a elecciones de revocatoria.

Sin embargo, el dirigente político se quejó de la actitud de Parody de “torpedear” el proceso con sus constantes opiniones.

Fiscalía quiere respuestas de Petro

El fiscal General, Eduardo Montealegre, señaló que con la citación a interrogatorio del alcalde de Bogotá el próximo jueves, se busca saber cómo fue que se realizaron los cambios en el nuevo esquema de recolección de basuras de la capital del país y si se pudo cometer alguna irregularidad.

“En el tema contractual la Fiscalía quiere saber por qué razón no se hizo licitación para efectos de hacer los contratos administrativos e interadministrativos para el manejo de las basuras y se quiere saber por qué razón se utilizó una empresa que al parecer no contaba con la suficiente experiencia para el manejo de las basuras en Bogotá”, aseguró.

Montealegre manifestó que la única intención es conocer si para el proceso de contratación se violaron los principios constitucionales o si por el contrario se cumplió con la norma.