Denuncian lentitud e irregularidades en la restitución de tierras

BOGOTÁ - En los dos primeros años de implementación de la Ley de Víctimas en Colombia el Estado solo ha restituido 20.694 hectáreas de las más de seis millones despojadas por actores armados en las últimas dos décadas, un proceso que ya ha costado la vida a 66 personas, según un informe presentado hoy.

La Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación presentaron el informe "Gota a Gota", que analiza las 372 sentencias publicadas desde que el Gobierno colombiano sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una de las dos principales iniciativas del primer mandato de Juan Manuel Santos, que termina el próximo 7 de agosto.

Estas 372 sentencias corresponden a 964 solicitudes de las 54.063 que se han presentado hasta el momento, un 15 % de las 360.000 que el Gobierno esperaba.

Entre los motivos que apuntan las ONG por los que solo el 15 % de las víctimas solicitaron la restitución de tierras están el temor a las amenazas, atentados y asesinatos, la desconfianza en las autoridades, el exceso de burocracia o el fracaso de los procesos anteriores.

Unos temores justificados por los 66 líderes y reclamantes de tierras asesinados entre enero de 2008 y marzo de 2014.

Más allá de la lentitud en la restitución, un proceso que el Gobierno espera completar en 2021, el informe alerta que de las 20.694 hectáreas devueltas, 8.407 son baldíos (terrenos del Estado) que han caído en manos de una sola familia en el departamento del Meta, en el centro del país.

Se trata de la familia Perilla, dedicada al cuidado, cría y comercialización de ganado en el municipio de Puerto Gaitán.

La ley en Colombia prohíbe la acumulación de terrenos baldíos y por lo tanto este caso sería una "acaparación ilegal de grandes tierras del Estado" que, según las ONG, "abre la puerta" a nuevos casos.

Forjando Futuros y Paz y Reconciliación también alertaron de que de las 54.063 solicitudes presentadas, 37.712, casi un 70 %, están "represadas" o congeladas por los problemas de seguridad que el Ministerio de Defensa dice que se presentan en esas zonas, un concepto conocido como "microfocalización".

Según el informe, "la negativa de la Unidad de Restitución de Tierras a tramitar la restitución de predios no microfocalizados es violatoria de la ley", ya que tendrían que compensarlo con una indemnización económica o tierras en otra región.

Finalmente, el informe recoge que de las 964 solicitudes resueltas, tan solo doce fallaron en favor del opositor a la restitución, que acreditó buena fe, seis de ellos porque los demandantes eran víctimas falsas del despojo según los jueces, cinco que acreditaron ser también víctimas y un último que fue inducido al error en la adquisición.

Además, el informe alerta de que tres personas copan el 67 % de oposiciones que no acreditaron buena fe.