Demanda de interpretación o revisión, ¿para qué sirve?

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Luego de que conociera el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Gobierno colombiano ha manifestado que no se descartará ningún recurso o mecanismo que conceda el derecho internacional para enfrentar la decisión.

Lo que se ha dicho hasta el momento es la posibilidad de recurrir a una demanda de interpretación o revisión ante el alto tribunal.

El primero que dio luces sobre estas alternativas fue el senador del Partido de la U Juan lozano, quién antes de participar en una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, dijo que era necesario que el Gobierno no se quedará quieto, por lo que solicitó revisar esos dos mecanismos.

Según el Reglamento de la CIJ, en su artículo 98, “en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance de un fallo, cualquiera de las partes podrá presentar una demanda de interpretación, tanto si el procedimiento inicial fue incoado mediante una solicitud, como si lo fue mediante la notificación de un compromiso”.

Además, en el artículo 99, se señala que “la demanda de revisión de un fallo se incoará mediante una solicitud que contendrá los datos necesarios para demostrar que se han cumplido las condiciones previstas en el Artículo 61 del Estatuto. Se acompañarán los documentos en apoyo”.

Pero, ¿para que servirían exactamente esos mecanismos? Si bien es cierto que Santos ha manifestado que no está de acuerdo con algunos apartes del fallo, la decisión de la CIJ ya es un hecho y, según varios analistas, el único camino que le queda a Colombia es acatarlo, pues aunque se recurra a estas demandas, el contenido del fallo como tal no se podrá modificar.

Las opciones

Según el jurista y experto en derecho internacional, Ricardo Abello, “no hay mucho qué hacer ante la situación tan complicada del Gobierno, pero tiene el derecho a acudir a esos mecanismos que realmente no van a cambiar nada, pero si queda más tranquilo puede hacerlo. Fundamentalmente sirven para aclarar puntos clave del fallo”.

Agregó que, por ejemplo, si se llega a entablar una demanda de interpretación, es muy factible que la Corte responda que la decisión es clara y que no hay nada qué entrar a interpretar, y en el caso de la revisión “es necesario que surjan unos hechos nuevos y unas pruebas nuevas que conlleven a que se presente una decisión diametralmente opuesta a la que se obtuvo”.

Aunque el experto se declaró escéptico frente a esas posibilidades, explicó que se podría acudir al mecanismo de interpretación en un período posterior a seis meses después del fallo y en el caso de la revisión a 10 años.

“Pero los plazos dependen de las partes, lo primero que habría sería una reunión en la Haya entre los agentes de Colombia y Nicaragua para presentar la documentación. Se interpone la demanda y se puede llegar a un acuerdo, claro que puede ir solo un Estado, que en este caso sería Colombia”, advirtió.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper fue más práctico, y sostuvo que Colombia siempre ha sido un país de leyes y de soluciones pacíficas, por lo que “el único camino que cabe, por supuesto, es el del acatamiento, lo cual no quiere decir que estemos satisfechos con la decisión”.

Añadió precisamente que el camino que le queda al Ejecutivo es solicitar aclaraciones de la Corte sobre latitudes, longitudes y otros temas que podrían ser clave para que a corto y mediano plazo se adopten decisiones o tratados para proteger a los pescadores y habitantes del Archipiélago de San Andrés.

“Hay que definir con Nicaragua el tema de los enclaves, cuál es el alcance de los cayos de Quitasueño y Serrana. No es una decisión de blanco y negro, hay que recorrer un camino de aclaraciones a futuro”, dijo Samper, quien agregó que las demandas que se están analizando pueden ser un camino válido.

Lo cierto por ahora es que Colombia perdió una importante porción de área marítima en el Caribe.

De acuerdo con Santos fue una decisión que resultó de “omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar”.

Falta esperar entonces a que el Gobierno revise a fondo el fallo y sus repercusiones para conocer qué medidas precisas adoptará y si efectivamente acudirá a instancias jurídicas.

Que lo rechace

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidió al Gobierno colombiano rechazar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites marítimos con Nicaragua.

El exmandatario dijo que ese fallo “derrumba la soberanía de la patria” y además afecta los derechos sociales de los ciudadanos de San Andrés, al privarlos de ejercer la pesca en mares colombianos. “Sería un grave precedente para la Patria”.

“Lo que puede seguir es que tengamos tensiones internacionales, las tuvieron Nigeria y Camerún, yo prefiero que el país tenga que enfrentar fricciones y dificultades diplomáticas a que el país siga entregando pedazos de la patria a jirones”, sentenció Uribe.

Declararía emergencia económica

Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos estudia declarar la emergencia económica en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como primera medida para afrontar las consecuencias del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, el Gobierno prepara un plan de choque para apoyar a los pescadores y a la comunidad agrícola de San Andrés, a quienes se les considera como los principales afectados por la nueva delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua.

Explicó: “Las consecuencias para los que viven de la pesca serán muy graves. Se tiene prevista una inversión mayor a los 120 mil millones de pesos para apoyar a los que realizan pesca artesanal y pesca industrial. No se dejará solos a los pescadores, tras haber perdido una gran porción de mar en la frontera con Nicaragua”.

Una eventual emergencia social y económica permitiría al gobierno contar con recursos inmediatos para inyectar en la zona para conservar, con el objetivo de garantizar las fuentes de ingreso de los pescadores.

El fallo inapelable obliga a San Andrés a resignarse a seguir explotando su mayor actividad económica: el turismo.

Aunque el departamento solo representa el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, su participación en el comercio es del 39,3%. Según Juan Leonardo Correa, director de Cotelco, la Isla ha tenido un posicionamiento interesante.

Colombia no sabe lo que perdió

Medellín. Colombia perdió lo incalculable. Mar, territorio, potencial de exploración y explotación de recursos pesqueros y petroleros, patrimonio ambiental y seguridad política con nuestros vecinos en el mar Caribe. Y como si fuera poco, parte del territorio quedó al vaivén de las relaciones políticas con Nicaragua.

Ningún experto, en sus predicciones, pudo anticipar la situación en la que hoy quedó el país. La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en una decisión criticada, incluso por el presidente Juan Manuel Santos , falló según la costumbre internacional y decidió cambiar el mapa.

Para el presidente, "equivocadamente", la CIJ, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. Además, extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente, hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense.

Según explicó Santos, hay "una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas". Con ello, se contradijo la Corte sobre "una doctrina histórica del derecho internacional" y desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia.

Nicaragua expresa preocupación*

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó ayer su preocupación por la posición de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que anunció que su Gobierno no acepta el fallo definitivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre un litigio de límites marítimos en el Caribe.

"Es un acto que muestra irrespeto total al derecho internacional, a la Corte, al pueblo colombiano, al mismo Estado colombiano, y se está irrespetando el mismo presidente, porque él había comprometido la palabra a su propio pueblo. Palabra que se compromete, palabra que se cumple. Esto nos preocupa", señaló Ortega en un mensaje a la nación.

En su mensaje, transmitido por cadena de radio y televisión, el mandatario dijo preocuparle el hecho de que Santos "rechaza lo que le conviene", pero no lo que beneficia a su país.

"Con todo respeto al presidente Santos, pero él no es autoridad suprema para venir a juzgar a la Corte en qué se equivocó y en qué no se equivocó", criticó.

*Información de EFE.