Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 18 2024
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Abril 18 2024
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
a confirmación de una orden de captura, una extradición negada y la renuncia de la cúpula de la Fiscalía. Estos fueron los tres hechos que ayer sacudieron el panorama judicial y político del país. Todo tuvo epicentro en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el coletazo se sintió en el búnker de la Fiscalía, en la Casa de Nariño y en las Cortes.
A las 9:06 de la mañana, la magistrada Catalina Díaz, de la JEP, daba inicio a la tercera sesión de la audiencia en la que se definía la suerte jurídica de Hernán Darío Velásquez, El Paisa. La decisión apuntó a que se ratificaban las órdenes de captura en su contra, como lo pidió la Procuraduría, luego de los incumplimientos del excomandante de la Teófilo Forero a los compromisos suscritos en acuerdos de paz.
La magistrada explicó que “por no comparecer a contribuir efectivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación, incumplió sus obligaciones con el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, particularmente con la JEP, organismo de justicia de dicho sistema”.
Con este fallo la Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares deben buscar a Velásquez Saldarriaga, arrestarlo y ponerlo a órdenes de la JEP. Mientras se leía esta confirmación, en la Corte Suprema de Justicia se escuchaba otra trascendental decisión relacionada con el Cartel de la Toga y el envío a la cárcel del exmagistrado Gustavo Malo.
Todo apuntaba a que esas serían las noticias judiciales del día, pero a las 10:42 de la mañana inició el terremoto. En su cuenta de Twitter, la JEP publicó el anuncio del caso Santrich, un dictamen que suscitó especulación en los últimos días.
“ATENCIÓN. @JEP_Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a @FiscaliaCol disponer libertad inmediata”, dice el texto del mensaje.
No había pasado un minuto y ya la cuenta del tribunal de paz estaba llena de mensajes, tanto a favor y en contra, por la providencia que puso fin al capítulo más esperado desde la captura del exjefe guerrillero el 11 de abril del año pasado.
“La JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización”, fue el argumento más fuerte de la JEP para resolver la situación jurídica de Santrich.
Durante el transcurso del proceso, entre idas y vueltas de papeleos jurisprudenciales, así como choques de trenes entre JEP y Fiscalía, el episodio más llamativo tuvo que ver con la pérdida de una carta que se extravió en la que el Gobierno les pedía más pruebas a los estadounidense sobre el caso del exjefe de las Farc.
Superado ese incidente, catalogado de oso internacional, las autoridades de ese país respondieron que no enviaban más pruebas para que se anexaran al expediente. Sobre ese nuevo material, la JEP entró a analizar y a estudiar la solicitud de extradición que el Gobierno de los Estados Unidos elevó porque, supuestamente, Santrich hacía parte de una organización aliada con capos mexicanos para enviar droga a ese país.
“La Sección de Revisión aclaró que la solicitud de pruebas tendiente a evaluar la conducta tiene como propósito determinar la fecha precisa de su realización, motivo por el cual no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal, ni sobre la existencia o no de aquella. En consecuencia, en el caso en concreto nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla”, explicó la JEP.
En la deliberación de la JEP, dos magistradas salvaron su voto: Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez. En el acta quedó consignado de parte de López Díaz que “honrando la interpretación fidedigna del acuerdo final y sus propósitos, la Sección debió negar el beneficio de la garantía de no extradición (...) y remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para continuar el trámite de extradición, como lo pidió el Ministerio Público”.
Mientras que la consideración de la magistrada Rodríguez apuntó a que la Sección debió haber solicitado otras pruebas que hubieren permitido establecer la fecha precisa de la comisión de la conducta que se estaba investigando.
Mientras políticos y gremios reaccionaban al anuncio, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal María Paulina Riveros, entregaron una declaración que remató la jornada: su renuncia. Visiblemente indignado y contrariado, Martínez Neira inició su intervención señalando que “progresivamente se consolida en Colombia un estado antijurídico que conjura contra el Estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación”.
En su exposición, el fiscal presentó su “renuncia irrevocable” al cargo ya que, según expresó, la providencia de la JEP es un desafío al orden jurídico que hace trizas la cooperación judicial internacional. “Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden”, añadió Martínez Neira.
La intervención del jefe del búnker no se extendió por más de dos minutos y solo unos pocos lograron tomar en vivo su declaración, ya que la misma no fue anunciada previamente, sino que apenas un minuto antes de iniciarla fue informada por su oficina de prensa a los medios que cubren la fuente.
En su memorial, Martínez invitó a la ciudadanía a movilizarse en favor de lo que llamó una “defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.
La despachada del fiscal también obedece a la petición de la JEP de abrir investigación en contra de funcionarios de la Fiscalía, ya que desde el tribunal de paz se sospecha que pudieron incurrir en error o caer en irregularidades durante el proceso judicial que se realizó en este tiempo.
“Se debe ordenar la compulsa de copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso, a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia”, dice un aparte del fallo de 148 páginas.
El fiscal encargado, Fabio Espitia, firmó anoche la boleta de salida de Seuxis Paucias Hernández, 11 horas después de que la JEP ordenara su libertad tras no hallar méritos para ser extraditado a los Estados Unidos.
El trámite para que salga de la penitenciaria se surtiría ante el Inpec en las primeras horas de hoy. El documento debe llegar en físico a la penitenciaria donde se iniciará la gestión de rigor ante las dependencias responsables de este tipo de procedimientos.
El abogado Gustavo Gallardo, quien defendió a Santrich a lo largo del proceso, dijo que desde muy temprano estarán pendientes del recorrido interno de la documentación para que no se dilate más la libertad del exjefe guerrillero.
La orden de libertad fue firmada por Espitia tras la renuncia del fiscal general, y de la segunda a bordo del ente acusador, la vicefiscal. Por las dos dimisiones, Espitia asumirá como encargado las riendas del búnker mientras se define un titular.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, enfrentó en los casi tres años en el cargo escándalos como el de Odebrecht y el del empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en el país.
Martínez fue ministro de la Presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015, en el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, quien lo postuló para dirigir la Fiscalía en una terna enviada a la Corte Suprema de Justicia.
Tras un breve regreso a la actividad privada como abogado del conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, Martínez fue elegido fiscal para un periodo de cuatro años que comenzó el 1 de agosto del 2016 y que dejó inconcluso al renunciar ayer.
Desde entonces tuvo que ocuparse de casos espinosos como la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y en la Corte Suprema de Justicia, el continuo asesinato de líderes sociales y el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander que dejó 22 muertos, entre otros.
Pese a que durante su gestión la Fiscalía ordenó la detención de políticos que luego fueron condenados por recibir sobornos de Odebrecht, sus críticos cuestionan su imparcialidad pues le acusan de blindar a sus antiguos patrones ya que una empresa implicadas en el escándalo es Corficolombiana, de propiedad de la familia Sarmiento Angulo.
Hace unos meses fue blanco de protestas de ciudadanos que exigían su renuncia, descontentos con su actuación en el caso Odebrecht, y también en el de Santrich, cuya extradición defendió hasta último momento.
La indignación por el caso Odebrecht cobró fuerza en noviembre del 2018 cuando Noticias Uno emitió una entrevista grabada tres meses antes con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en la trama de corrupción, en la cual aseguró que el fiscal conocía desde 2015, cuando era abogado del grupo de Sarmiento Angulo, las irregularidades de las que fue acusado.
Pizano falleció el 8 de noviembre de un paro cardíaco y tres días después murió su hijo Alejandro, luego de beber una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.
En otro caso, el abogado Alex Vernot, defensor de Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, denunció penalmente a Martínez por obstrucción de la justicia.
Según Vernot, Martínez omitió información importante para el caso de corrupción que se le sigue a Mattos, fugado a España, a quien asesoró jurídicamente en 2015.
En la denuncia se indicó que el fiscal solo se declaró impedido para investigar al empresario luego de 21 meses de abierto el proceso contra Mattos, acusado de sobornar a jueces para que fallaran a su favor en una millonaria demanda contra la coreana Hyundai Motor Company.
Su gestión también fue salpicada por el nombramiento, en octubre de 2016, como fiscal anticorrupción de Luis Gustavo Moreno, quien en mayo del año pasado fue extraditado a Estados Unidos y condenado por recibir miles de dólares en sobornos de un político investigado.
Como fiscal, Martínez apoyó a la justicia de Estados Unidos en el pedido de extradición de Santrich, solicitado por narcotráfico, pero la decisión de la JEP de rechazarlo precipitó su renuncia.
El Consejo Gremial Nacional se pronunció anoche sobre la decisión de la JEP. “El país se encuentra en un momento en el que es fundamental apoyar su institucionalidad y fortalecer la seguridad jurídica, aspectos esenciales en el desarrollo del sector empresarial, la generación de empleo y la inversión”, manifestó el Consejo Gremial.
La organización, que reúne a los 21 gremios más representativos del país, respaldó la decisión que tomó el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de interponer el recurso de apelación al fallo de la JEP.
El Ministerio Público insistió en que “la competencia para continuar con el estudio del caso de Santrich le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, dado que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz”.
El presidente, Iván Duque, aseguró ayer que respeta la separación de poderes, al referirse a la decisión de la JEP de denegar la extradición a EE.UU. por narcotráfico del exlíder de las Farc Jesús Santrich, cuyo caso dijo no está cerrado.
“El Gobierno nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias Jesús Santrich”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño.
“Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial”, afirmó el mandatario, quien agregó que “todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas”.
El presidente aseguró además que apoya la decisión del procurador, Fernando Carrillo, quien apelará la sentencia del tribunal transicional porque considera que la Corte Suprema de Justicia debe continuar con la investigación, pues los hechos de los que se acusa a Santrich ocurrieron tras la firma del acuerdo de paz.
En ese sentido aseguró que, como presidente ha estado y estará “siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico, en apego a la Constitución y la Ley”.
Asimismo, el presidente dijo que preservará “por encima de todo la solidez institucional” de Colombia, razón por la cual convocó a los partidos políticos para realizar “las reformas necesarias” que permitan “cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales trasnacionales”.
“La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La Justicia debe estar siempre, siempre, al servicio de las víctimas y no de los victimarios”, apostilló.
Duque recordó además que dos de las seis objeciones “por inconveniencia” que hizo en marzo a la ley estatutaria de la JEP buscan evitar “este tipo de desenlaces que hoy nos indignan”, dijo en la declaración que dio tras una reunión de urgencia de seis horas que mantuvo con ministros y colaboradores cercanos.
“Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones a la ley estatutaria de la JEP”,
Fernando Araújo, Centro Democráticos
Una aptitud muy gallarda del fiscal, ante una justicia que es especial, pero en nada contribuye con la paz de Colombia. Una justicia que tiene un balance triste, de impunidad, una justicia en donde cuyos magistrados parecen más cómplices de las Farc que jueces.
Juan Diego Gómez, Partido Conservador
Es de no creer que una decisión de la JEP comprometa no sólo la confianza de los colombianos en ese organismo, sino que se ponga en riesgo la institucionalidad. La renuncia del fiscal es una amenaza a la institucionalidad del país y desconocer a la justicia con esa determinación de la JEP.
Jorge Robledo, Polo Democrático
Sale porque lo rechaza la lucha democrática, el reclamo ciudadano de miles y miles de compatriotas en contra de sus actuaciones, eso es lo que saca de allí al fiscal. Su salida es altamente positiva para el país. Nunca lo debieron haber nombrado en ese cargo.
Juanita Goebertus, Alianza Verde
Hay elementos de la decisión de la JEP que no comparto, pero en un Estado de derecho las decisiones judiciales se respetan y acatan. Esta pataleta del fiscal me suena a candidatura presidencial.
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