Corte Suprema avala condena a general por retoma del Palacio de Justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ratificó la condena de 35 años contra el general en retiro del Ejército Jesús Armando Arias por su responsabilidad en las desapariciones durante la toma del Palacio de Justicia, informó este martes el alto tribunal.

La Corte afirmó en un comunicado que Arias, que lideró la operación de retoma del Palacio, "dominó de principio a fin la acción", ordenó el ingreso de vehículos militares al edificio y asignó funciones a los militares.

Además, "dispuso que las personas que salieran del edificio debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas sino para identificarlas, interrogarlas y establecer los posibles integrantes del M-19", guerrilla que realizó la toma, subrayó el tribunal.

A estas conclusiones llegó la Sala de Casación Penal después de estudiar más de 28.000 folios, por lo que determinó la "responsabilidad del entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército" como coautor del delito de desaparición forzada.

La toma del Palacio, situado en el costado norte de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la CSJ y del Consejo de Estado.

El Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

La Corte señaló este martes que Arias es el "artífice principal de las conductas" en la operación y que no se pueden desvincular las desapariciones de esa acción, pues hacían parte de "un plan estratégicamente diseñado" cuando se inició la retoma.

"Todo ello explica que el general Jesús Armando Arias Cabrales, al participar de toda esa compleja operación militar ejecutada por él y por sus subalternos, no omitió su deber, sino que actuó como coautor", agregó la información.

La CorteIDH declaró en 2014 responsable al Estado colombiano por "ciertas violaciones de derechos humanos" en la toma del Palacio.

El tribunal, con sede en San José, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.

Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, "así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial" del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.