Corte pone fin a 'tutelatón' en caso Petro

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

La Corte Constitucional puso punto final a la llamada 'tutelatón' que se presentó en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, luego de que fuera destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación.

Al fallar la primera tutela que llegó a la Corte en este caso, la Corte dejó en claro que las tutelas presentadas por terceras personas alegando vulneraciones a derecho fundamental de participación en política, deben acreditarse porque se actúa en nombre de un tercero y demostrar que ese tercero se encuentra en imposibilidad física o mental para asumir su propia defensa.

En ese sentido, la Corte Constitucional confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la tutela que presentó la ciudadana Clemencia Guzmán Martínez, en nombre propio y como agente oficiosa del alcalde Urrego.

Guzmán Martínez presentó la tutela alegando afectación a sus derechos, y a los de Petro, y aseguró que la presentaba a nombre de Petro porque estaba fuera del país. No obstante, la Corte desvirtuó ese argumento porque apenas dos días después que la señora presentara la tutela, el propio Petro hizo lo mismo.

“En ese sentido es desvirtuada la imposibilidad del agenciado de asumir su propia defensa y pierde sustento la justificación de la accionante para actuar como agente oficioso del señor Gustavo Petro Urrego”, señaló la Corte.

No hubo vulneración

Además, la Corte, en Sala de Revisión de tutelas, indicó que en el caso del alcalde Petro no hubo una vulneración de los derechos de la mujer, porque la sanción disciplinara de quien tiene un cargo de elección popular, no afecta por sí mismos el derecho a la participación de quien votó por el sancionado.

“La naturaleza del cargo no lo convierte en inamovible y ante la necesidad de proteger otros fines constitucionalmente imperiosos, como la moralidad administrativa y el adecuado funcionamiento del aparato estatal, es posible remover a los servidores públicos de sus cargos, incluidos los de elección popular”, señaló la Corte.

En ese sentido, la Corte reiteró una vez más la competencia del Procurador General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a quienes desempeñen funciones públicas, incluso los de elección popular. Igualmente, la Corte sí precisó que las sanciones disciplinarias deben imponerse con observancia del debido proceso.

“Con todo, se aclara que el análisis realizado en la presente providencia no implica una valoración sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales del señor Gustavo Petro Urrego, que deberá ser objeto de estudio en otro escenario. El examen se circunscribe a desestimar la vulneración de los derechos de una ciudadana que sufragó en las pasadas elecciones locales”, precisó la Corte.

Continúa
Con la determinación de la Corte Constitucional no se altera la permanencia de Gustavo Petro en el cargo debido a que está respaldado por una medida cautelar otorgada por el Consejo de Estado dentro del único proceso válido para oponerse a la destitución que es la demanda administrativa radicada contra la decisión de la Procuraduría.