Corte definirá si amplía sanciones por discriminación de género

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Sala Plena de la Corte Constitucional definirá este miércoles una demanda que busca ampliar la Ley Antidiscriminación para que se sancione penalmente a quienes inciten dichos actos en contra de personas con identidad de género diversa. 

La demanda la presentó el entonces Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien estimó que el Congreso incurrió en una omisión al no estipular como agravante "la identidad de genero" a la hora de castigar a quienes incurran en actos de racismo o discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, así como a quienes promuevan dichas actuaciones. 

El caso está en manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero y tiene plazo para resolverse este miércoles. 

Aquí nuevamente se enfrentaron el ahora exfiscal Montealegre y el Procurador Ordóñez quien en concepto enviado a la Corte insistió en defender su postura sobre la diferencia biológica entre hombre y mujer. 

En ese sentido, consideró Ordóñez que no hay lugar a acceder a las pretensiones de Montealegre porque “que la ideología de género” no es un "criterio obligatorio para conferir derechos y obligaciones”. 

“Por el contrario, en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad se acoge explícita y directamente la diferencia biológica sexuada entre hombres y mujeres como un parámetro normativamente relevante”, señaló Ordóñez. 

En ese sentido, para la Procuraduría el principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en la Constitución, "permiten descartar los presupuestos de la ideología de género como un criterio de constitucionalidad según el cual la realidad sexuada y las diferencias derivadas de allí son un mero constructo social”. 

Por otro lado, la Procuraduría reiteró su posición sobre la amplitud de la Ley antidiscriminación, en el sentido que la norma es ambigua y que en su afán de sancionar a quienes promuevan la discriminación, termina afectando la libertad de conciencia de las personas y podría incluso generar un exceso del poder sancionatorio del Estado.