Corte Constitucional cita a audiencia pública por ley antidiscriminación

Bogotá.- Ante la complejidad del tema; la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que es necesario hacer una audiencia pública para tratar una demanda en contra de la Ley Antidiscriminación que convirtió en delitos los actos de racismo, discriminación u hostigamientos que sean ejercidos de forma deliberada y arbitraria en contra de otras personas por su raza, sexo u orientación sexual.

Se trata de una demanda que busca que la Corte añada a esos delitos, creados con la Ley 1482 de 2011, los actos discriminatorios contra de la población discapacitada y que está en manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero.

La Corte citó a audiencia pública luego de evidenciar y tomar nota “de la gravedad del fenómeno discriminatorio” en el país, debido al impacto que tiene en los derechos en las personas y de colectivos que suelen ser víctimas.

“Por tal motivo, este tribunal considera de especial importancia la adopción de las medidas necesarias, idóneas y eficaces para remover las condiciones económicas, sociales y culturales que provocan el fenómeno discriminatorio”, señaló la Corte en el auto que cita a audiencia.

Así, la Corporación estimó que en este debate es necesario identificar cuáles son los rasgos fundamentales de la discriminación para poder tomar medidas eficaces que la combatan; así como evaluar distintos modelos de prevención y, además, establecer si la Ley Antidiscriminación termina afectando o no las libertades públicas como la libertad de expresión, religiosa y de conciencia.

A la audiencia pública están citados el demandante de la norma; Carlos Parra, así como representantes de grupos sociales protegidos como Colombia Diversa y la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa y de Colombia. Igualmente, expertos para tratar el tema de la criminalización y las libertades públicas.

Igualmente, deberá acudir un delegado de la Fiscalía General de la Nación para que dé cuenta de información estadística sobre denuncias presentadas, procesos penales iniciados, acusaciones, y condenas, en relación con los delitos de actos de racismo o discriminación, y de hostigamiento que se crearon con la Ley Antidiscriminación.

La audiencia pública se realizará el 31 de julio de 2014 a las 9 de la mañana en la Sala de Audiencias del Consejo de Estado ubicada en el Palacio de Justicia.

PIDEN TUMBAR LA NORMA

La Procuraduría General de la Nación ya rindió concepto escrito en este caso y en él le pidió a la Corte que no tenga en cuenta la petición de ampliar la norma sino que la tumbe por considerar que afecta más derechos de los que pretende proteger.

Tal y como reveló COLPRENSA en mayo pasado, el Ministerio Público considera que los delitos que creó la Ley Antidiscriminación lo hicieron de forma vaga al no explicitar, por ejemplo, qué se entiende como discriminación o qué acción constituye un evento discriminatorio.

Además, estima la entidad, que los delitos tienen verbos rectores, condicionamientos y fines tan amplios y generales que terminarían castigando la libertad de conciencia, religiosa, de expresión, llevando así incluso- a mayores actos de discriminación.

En otras palabras para el Ministerio Público, tales delitos “no son una manera precisa, efectiva, razonable, proporcionada y necesaria de prevenir y castigar la discriminación”.

“Por el contrario, (…) éstos en todo caso implican el ejercicio indeterminado y desmedido de la más severa herramienta de intervención o restricción de la libertad de las personas con la que cuenta el Estado de Derecho para, supuestamente, intentar promover la igualdad pero, en realidad, restringiendo desproporcionadamente otras libertades y derechos igualmente fundamentales para las personas y esenciales para una auténtica sociedad libre y democrática, dejando la persecución e imposición de unos sobre otros al criterio ilimitado y arbitrario de los jueces de turno”, señala el concepto.

Así, para la Procuraduría, el problema de la Ley Antidiscriminación no es que no contemple a la población discapacitada como argumenta el demandante, sino que el Legislador penalice una conducta sin establecer cómo se distingue un acto de discriminación o bien, que no se diferencie cuando la persona que discrimine es un particular, una autoridad pública o un funcionario.

En ese sentido, el Ministerio Público le solicitó a la Corte que antes “de extenderse o ampliarse más los tipos penales demandados —ya de por sí demasiado generales, vagos, ambiguos e imprecisos y, por ende, difíciles de aplicar o muy susceptibles de causar consecuencias ilegítimas y desproporcionadas— lo que esa Corporación debe hacer es declararlos inexequibles”.

Igualmente, la Procuraduría estimó que la Corte debe exhortar al Congreso para que de manera precisa, razonable, integral y sistemática, cree mecanismos efectivos, eficaces y proporcionales para sancionar los abusos o maltratos que se cometan contra las personas que se encuentran en debilidad manifiesta por condiciones económicas, físicas o mentales.