Contrato de la Ruta del Sol II fue un abuso

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Los tres árbitros designados para dirimir la controversia entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Ruta del Sol II rechazaron las pretensiones del demandante por $2,7 billones y declararon nulo tanto el contrato como sus adiciones.

La decisión obliga al Estado colombiano a cancelar al concesionario, del que forma parte la polémica multinacional Odebrecht, $211 mil millones, pero no los $1,2 billones a los que se alcanzó a comprometer la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

La decisión fue unánime entre los árbitros Carlos Mauricio González, Catalina Hoyos y Jorge Enrique Ibáñez y concluyeron que dicho contrato fue “celebrado con abuso y desviación del poder”. Sobre la decisión en sí, se dejó en claro su invalidez y sus otrosíes.

Ese contrato tenía un valor de $2 billones 94 mil y fue suscrito en septiembre del 2010 por el viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Gabriel García Morales (condenado por la cadena de sobornos de Odebrecht), David Eduardo Villalba Escobar, quien para la época de los hechos era subgerente de Estructuración y adjudicación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) hoy ANI, y Amilton Hideaki Sendai, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol II. Este último tiene pendiente su comparecencia a la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

En materia económica, el laudo arbitral ordena el pago de unos reconocimientos pecuniarios a favor de la Concesionaria Ruta del Sol II estimados en $211 mil 273 millones. Un monto mucho menor del que en su momento habló la ministra de Transporte que planteó que por los platos rotos del escándalo de Odebrecht el Estado debía desembolsar $1.2 billones para saldar las deudas a terceros de buena fe, es decir a la banca nacional.

Orozco, tras la decisión, señaló que “es un fallo que es favorable a la Nación, celebramos la providencia. Lo que toca pagar es mucho menos de lo que se esperaba”. Sin embargo, no hizo referencia al porqué en su momento dijo que debían girarse 1.2 billones de pesos, mil millones más de la providencia arbitral.

Para cancelar esos $211 mil 273 millones, se ordenó a la ANI que disponga de los recursos que se encuentran en el fideicomiso Ruta del Sol II cuyo valor asciende a 187 mil 56 millones, es decir que la ANI tendría que desembolsar $24 mil 217 millones.

Esa fiducia de los $187 mil 56 es administrada por Corficolombiana, del Grupo Aval, firma que no ha escapado a los sobornos de la multinacional brasileña al punto de que su expresidente José Elías Melo fue condenado por este entramado de corrupción.

El fallo arbitral concluye que el dinero que es administrado por Corficolombiana, junto con los rendimientos que pueda tener hasta el momento del retiro, deben ser utilizados para pagar las deudas con terceros de buena fe, entre ellos los bancos Itaú, Banco de Occidente, Bancolombia, Davivienda, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas, estos tres últimos del Grupo Aval, socia a través de Episol, filial de Corficolombiana, de Odebrecth en la sociedad Ruta del Sol S.A.S que dejó tiradas las obras para conectar Puerto Salgar (Cundinamarca) con San Roque (Cesar), el centro del país con la Costa Caribe.

Festejan

Los organismos de control respaldaron la decisión del Tribunal de Arbitramento. Para la Procuraduría General la nulidad absoluta "reconoce que Odebrecht promovió graves actos de corrupción desde los orígenes del proyecto y hasta la terminación del contrato". La Contraloría General también se mostró satisfecha con la decisión de los árbitros y anunció que vigilarán el correcto cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, así como la continuación del proyecto que se encuentra en un estado de avance de aproximadamente el 52%, en salvaguarda de los recursos públicos.