Arcadio González Ardila
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
El desarrollo de un país depende, en buena medida, de la construcción de grandes obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Como en todo proceso, el desarrollo que beneficia a la mayoría también afecta a algunas minorías, muchas veces étnicas, que ven vulnerados sus derechos.
En el caso colombiano esas minorías corresponden a las comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y rom (gitanos), que por Constitución deben gozar de especial protección del Estado.
A estas comunidades, justamente, es que están dirigidas las Consultas Previas cuando se trate de medidas administrativas, proyectos de ley, decretos, ordenanza o proyectos productivos o de extracción en hidrocarburos, infraestructura, energético, minería, ambiental o de investigación que afecten, de forma positiva o negativa, a dichas comunidades.
La Consulta Previa, según el Ministerio del Interior, “es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos obras o actividades que los afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural”.
En otras palabras, antes de ejecutarse una obra en zonas con presencia de estas comunidades, se les debe consultar y acordar con ellas planes de mitigación de impacto.
Mecanismo
Muestra de iniciativas consensuadas con la comunidad han sido el actual Plan Nacional de Desarrollo (el primero sometido a Consulta Previa), la Ley de Víctimas o la Ley de Regalías.
“Nos hemos guiado por los lineamientos de jurisprudencia de la Corte Constitucional”, explica Natalia Gutiérrez Jaramillo, viceministra del Interior para la Participación Ciudadana e Igualdad de Derechos, de cuyo despacho depende la Dirección de Consultas Previas, que se creó hace apenas cuatro años.
Ese mecanismo de concertación, no obstante, también se ha prestado para diversas conductas irregulares, como la aparición de supuestas ‘nuevas comunidades’ indígenas o afros en los sectores donde se ejecutarán los proyectos, campesinos que se hacen pasar por minorías étnicas y hasta ‘mafias’ de abogados y dirigentes que buscan sacar réditos del Gobierno o la empresa privada.
Y aunque existe un proyecto de ley que busca “poner tiempos exactos, instancias concretas de solución, y mecanismos de desbloqueo de negociaciones”, al decir de la Viceministra, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, considera que con la reglamentación que existe hoy, no se necesita esa reforma, porque al proyecto también hay que hacerle consulta previa.
Así funciona
Cuando el Gobierno o la empresa privada quieren desarrollar un proyecto de infraestructura o de producción, lo primero que debe hacer es pedir la certificación en el Ministerio del Interior. "Allí informa que si no hay presencia de comunidad indígenas o negras, se puede desarrollar el proyecto, de lo contrario se debe hacer consulta previa", explica la viceministra Gutiérrez Jaramillo.
Luego vienen las etapas de coordinación y planeación y se continúa con el primer encuentro con las comunidades étnicas, en la que el Ministerio del Interior promueve las reglas, los tiempos, financiación, etcétera, sobre la consulta.
“Se analizan las condiciones en que se va a desarrollar el proyecto, los impactos a la comunidad, medidas de mitigación y demás. Se firma la protocolización de acuerdo si lo hay, pero de no haberlo, el proyecto de todas formas se hace, porque no existe el derecho de veto”, explica Álvaro Echeverri Londoño, director de Consulta Previa del Mininterior.
En caso de no acuerdo, la Directiva Presidencial 10 de 2013 estableció procedimiento garantista: ordena construir un ‘Test de Proporcionalidad’, mecanismo en el que toman parte los ministerios del Interior, Ambiente, Procuraduría, Defensoría, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el ejecutor del proyecto. Entre ellos definen medidas de impacto y mitigación.
Proyectos más importantes
Actualmente, en la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior hay 468 procesos de consulta de los cuales los más importantes son los nueve Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines), entre ellos las concesiones de Cuarta generación.
Entre ellas figuran: construcción de doble calzada del sector 3 de la Ruta del Sol que comunicará a Bogotá con la costa Atlántica; doble calzada Buga-Buenaventura; ampliación y dragado de la Bahía de Cartagena; ampliación y dragado de la bahía de San Andrés; construcción del puerto de regasificación de El Cayao, en Cartagena; doble calzada Cartagena-Barranquilla.
Cuándo no se puede desarrollar un proyecto
* Cuando la ejecución del proyecto implica el desplazamiento de la comunidad étnica
* Si hay riesgo de exterminio de esa comunidad
* Cuando se deben usar tóxicos para ejecutar el proyecto.
En cifras
Desde el 2003 a 2010 se protocolizaron 608 procesos de Consulta Previa, del 2011 al 2014 van 3.434. Y en Certificaciones, fueron 6.024 para el primer periodo frente a 7.776 del segundo.
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