Condena de la Cidh, clave en investigación del Palacio de Justicia

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por la desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia, no implica que “automáticamente” se deba hacer un juicio de responsabilidad individual para los generales involucrados en los hechos, ya que esta figura cuenta con unos fundamentos distintos.

“El hecho de que se haya condenado al Estado colombiano por la desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia no implica que automáticamente tengamos que hacer juicios de responsabilidad individual en materia penal para los generales que están siendo investigados y procesados por los hechos”, puntualizó Motealegre.

En este sentido, aseguró que cuando se condena al Estado es por fallas estructurales en la administración de justicia o en la protección de derechos humanos, mientras que la responsabilidad individual tiene unos fundamentos distintos, donde se debe demostrar la participación directa de la persona en los hechos.

Sin embargo, el jefe del ente investigador aseguró que el fallo será tomado en cuenta por los fiscales que adelantan las investigaciones: "desde luego que el fallo de la Corte Interamericana sí será incorporado a las investigaciones que en este momento adelanta la Fiscalía General de la Nación y haremos una lectura minuciosa del fallo y lo vamos a incorporar como elemento de las investigaciones en curso", dijo el fiscal Montealegre.

Confirmó que el ente investigador prepara nuevas vinculaciones al proceso en contra de más miembros de la Fuerza Pública e incluso funcionarios del Gobierno.

29 años después

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejó 100 muertos y un sinnúmero de desaparecidos. La sentencia que se conoció el miércoles condena al país por unanimidad por la desaparición de 10 personas, al demostrar que se dio un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19.