Comienzan acciones disciplinarias por corrupción en fondos de paz

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Procuraduría aseguró ayer que realiza 24 acciones disciplinarias por "presuntas irregularidades" en la aprobación y ejecución de unos fondos y regalías para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por el anterior Gobierno y las Farc.

"La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en proyectos, por cerca de $250.000 millones (unos 57,4 millones de dólares)", informó el Ministerio Público.

Esos proyectos hacían parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en municipios priorizados para el posconflicto, en los departamentos como Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

La Procuraduría analizará 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz, un organismo que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los PDET, por más de $437.000 millones (más de 100 millones de dólares).

Asimismo, "observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias".

Adicionalmente, por otros hallazgos remitidos a la Contraloría, avanzan otras 12 actuaciones disciplinarias "por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD – Paz" de funcionarios de varios departamentos, incluidos de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Ministerio de Educación y varias gobernaciones y administraciones municipales.

El caso

La semana pasada, una investigación periodística denunció que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a proyectos de paz.

Según la investigación, Emilio Archila, que entonces presidía el OCAD Paz en su rol de consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, recibió correos que denunciaban dicho entramado y que los involucrados estaban "extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (...) les den el ok".

Archila fue convocado a dar la información en su poder sobre este caso hoy por la Fiscalía. En el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto. Según la investigación de Blu Radio, "solo entre junio y diciembre del 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían ascendido a $500.000 millones (casi 115 millones de dólares)".

El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía "distribuir los recursos con equidad" y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.

En la investigación se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, varios alcaldes, miembros de la Contraloría y congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.

También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que "elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones" y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba "tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6% y 15% de dádivas".