Jaime Ortega Carrascal
EFE | LA PATRIA | Bogotá
El conflicto armado, cuyo fin proclamaron hace cinco años el Gobierno y las Farc, persiste y se recrudece. La esperanza de la terminación de 52 años de conflicto con las Farc fue proclamada por el Gobierno y esa guerrilla el 1 de febrero del 2017, dos meses después de la firma del acuerdo definitivo de paz, pero esa nueva realidad, lejos de afianzarse, va en retroceso por el crecimiento acelerado de las disidencias y sus recurrentes ataques.
“Creo que estamos hablando de un retroceso que fácilmente es una década perdida en materia de mantenimiento del orden público”, dijo el experto en seguridad Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado.
Ese retroceso se hizo evidente en este primer mes del 2022 en el que el país volvió a ver ataques que se creía habían quedado en el pasado, como la emboscada de disidencias de las Farc a una caravana de tres vehículos de la ONU y del Consejo Noruego de Refugiados el jueves en el departamento del Guaviare, o la del sábado contra el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, y su numerosa comitiva.
En el primer ataque fueron incinerados dos vehículos pero los funcionarios de los organismos internacionales salieron ilesos, mientras que en la emboscada al gobernador murieron dos policías y tres más quedaron heridos.
A esos hechos se suman la guerra por el control territorial que los frentes 10 y 28 de las disidencias libran contra la guerrilla del Eln en el departamento de Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure, con decenas de muertos, o los ataques casi diarios de unos y otros contra el Ejército y la Policía.
“Durante los últimos cuatro años y medio se perdió la posibilidad de garantizar la seguridad en territorios que antiguamente fueron copados por las Farc. Son territorios en donde las rutas relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y las rentas ilícitas eran un objetivo para cualquier otro grupo al margen de la ley”, explicó Libreros.
Según el experto, el descuido del Gobierno, tanto del presidente Iván Duque, como de su antecesor, Juan Manuel Santos, en la parte final de su mandato, “llevó a que perdiéramos espacio” como Estado.
“El fortalecimiento económico que recibieron esas disidencias, el Eln y el Clan del Golfo (banda criminal) les permitió tener la suficiente capacidad para adquirir más armas, fortalecer el reclutamiento y copar los espacios para tener más presencia en el mundo del narcotráfico”, indicó.
Los ataques de los grupos armados ilegales se han multiplicado en casi todo el país, pero la situación es particularmente delicada en los departamentos del Cauca y Arauca, y en las regiones del Catatumbo, fronteriza con Venezuela; Bajo Cauca antioqueño y sur del Pacífico.
Violencia en año electoral
Los grupos guerrilleros suelen incrementar sus ataques en años electorales como este en que habrá elecciones legislativas y presidenciales. “El rebrote va a continuar, pero no precisamente para despedir a Duque sino para advertirle a los precandidatos (presidenciales) que alguno de ellos va a tener que asumir la responsabilidad de buscar o una negociación o una guerra con esas organizaciones”, señala el experto.
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