Colombia registra 60 mil 630 casos de desaparición forzada

Efe | LA PATRIA | Bogotá

Al menos 60 mil 630 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Colombia desde la década del 70 hasta el 2015, según un informe presentado en Bogotá por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

La escandalosa cifra, que supera las registradas en los países del cono sur durante el periodo de las dictaduras militares, fue revelada por el informe "Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia", el más completo estudio hecho en el país sobre este flagelo que creció como espuma con el conflicto armado.

Los mayores responsables de este crimen de lesa humanidad han sido paramilitares y guerrilleros, así como agentes del Estado, organizaciones criminales no identificadas y grupos posdemovilización que surgieron en el 2005 después del proceso de paz con las Auc.

En promedio cada día de los últimos 45 años tres personas fueron desaparecidas de manera forzada en el país, lo que significa un caso cada ocho horas.

Uno de los períodos más críticos es el comprendido entre los años 1996 y 2005, cuando estaban en su auge los paramilitares y una persona era desaparecida cada dos horas y media en el país, según el informe.

"Llevo 1.107 noches pensando en 1.107 muertes diferentes de mi hijo", señala el testimonio de un familiar de un desaparecido citado en el informe, cuya identidad no se revela.

Pese a que en el 2007 se creó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de las 60 mil 630 personas que sufrieron este delito solo se conoce el paradero o el estado de 8 mil 122, lo que significa que la aplastante mayoría de las víctimas no han sido encontradas ni identificadas.

De los desaparecidos de los que se sabe su ocupación u oficio, la mayor cantidad son campesinos o administradores de fincas (43,3 %).

Siguen los empleados, obreros y profesionales en la informalidad (15,6 %)

Comerciantes, motoristas y vendedores ambulantes (14,1 %)

Combatientes, incluidos miembros de la fuerza pública, guerrilleros y paramilitares (10,8 %)

Funcionarios públicos (4 %).

El 12,2 % restante lo constituyen estudiantes, hacendados y ganaderos y religiosos, entre otros.