Colombia dará ciudadanía a venezolanos con familia en el país

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, anunció ayer que el Gobierno dará la nacionalidad a los venezolanos que hayan quedado separados de sus familias por las deportaciones o retornos a los que se han visto obligados miles de colombianos por el Gobierno del país vecino.

"Los venezolanos que quieran venir a vivir con sus esposos (as) o con sus familias colombianas, tendrán la nacionalidad colombiana", dijo Holguín en la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde se concentran miles de sus compatriotas que han salido de Venezuela deportados o de forma voluntaria.

Con la medida se busca reunir a las familias colombo-venezolanas que han quedado separadas por las deportaciones o el éxodo que iniciaron miles de colombianos hace 12 días cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar parte de la frontera para, argumentó, combatir el paramilitarismo y el contrabando.

"Las personas que tienen sus hijos o que se hayan quedado sus hijos en Venezuela, lo informen para ayudar a esa reagrupación familiar", agregó la ministra.

En la carrera por cruzar la frontera, muchas familias se han separado, puesto que frecuentemente los integrantes venezolanos han preferido quedarse en su país para proteger sus viviendas ante el temor de que se las derriben, tal y como ha ocurrido en varios municipios limítrofes.

Holguín recordó ayer que la reunificación es una prioridad del Gobierno al indicar: "queremos que las familias vivan unidas, no queremos fracturarlas".

Junto a la canciller, varios ministros visitaron ayer Cúcuta para analizar la asistencia humanitaria que se presta en la frontera, donde el Gobierno colombiano reparte alimentos, colchones y kits de higiene personal a quienes cruzan desde el vecino país.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, advirtió que habrá consecuencias para “avivatos” que se aprovechen de la situación en busca de beneficios económicos y auxilios para los afectados.

“Quien crea que puede aprovechar la situación para acceder a subsidios de arrendamiento está equivocado. Aquí solo vamos a atender a los deportados y a la gente que ha pasado por esta situación”, dijo Cristo.

Además Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional del Riesgo, informó que se le pidió a la Fiscalía y la Policía cruzar datos para evitar a "los colados" que están pidiendo beneficios sin hacer parte del grupo de deportados.

Entre Colombia y Venezuela permanecen cerrados actualmente cerca de 160 kilómetros de frontera de los 2.219 kilómetros totales entre ambas naciones.

Para atravesar la frontera se dispone de tres puestos migratorios terrestres en Paraguachón (La Guajira), Cúcuta (Norte de Santander) y Arauca (Arauca), y uno fluvial en Puerto Carreño (Vichada), y el resto son cruces ilegales, muchos de ellos en zonas selváticas.

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Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la infancia y adolescencia, aseguró que pondrá ante organismos internacionales las denuncias recibidas por ciudadanos colombianos sobre supuestos abusos sexuales por parte de la guardia venezolana.

La versión venezolana

El gobernador del venezolano estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, afirmó ayer que está en manos de Colombia el que se logre restituir la tranquilidad de la frontera que comparte con Venezuela. A su juicio, el Gobierno colombiano no lucha contra los problemas de seguridad en la zona, marcados por el contrabando y el paramilitarismo.

De acuerdo con el gobernador, en Cúcuta operan unas 3.000 casas de cambio, y poco más de una docena en las ciudades venezolanas San Antonio y Ureña, en las que un peso colombiano se cotiza en 4,90 bolívares.

Un segundo renglón es el tráfico colombiano de miles de toneladas de carbón que pasan a través de Venezuela sin el pago de impuestos y al que Vielma Mora suma los daños por contaminación.

Además está, añadió, la inacción en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, que según el gobernador, "es una economía que maneja 7.000 millones de dólares en la frontera" y de la que no da cuentas a nadie.

Según Vielma Mora, Venezuela tomó la medida luego de que Colombia incumpliera con los compromisos acordados hace un año y 28 días en Cartagena, cuando se comprometió a poner coto a los problemas antes enumerados.

"Del lado colombiano no hay presencia militar ni policial, eso dificulta las acciones contra las bandas paramilitares y contra la extorsión, el contrabando, el abigeato (robo de animales), y hace a la población supervulnerable", aseguró.

Hasta ahora el cierre afecta a 10 municipios del estado, seis identificados como la Zona 1 (Ureña, Junín, Bolívar, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y Rafael Urdaneta), y sobre los cuales se ejerce la medida de estado de excepción que podría permanecer en vigor hasta el 21 de diciembre de este año.

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A través de un comunicado del departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por la crisis humanitaria provocada por el cierre de la frontera y pidió que no se deporten colombianos en calidad de refugiados en Venezuela.

Destacado

Según el último balance oficial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, 1.097 colombianos han sido deportados por Venezuela y otros 7.162 han abandonado voluntariamente el país por temor a correr la misma suerte.