CNE, sin definir caducidad de investigar campañas del 2014

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Ante la posibilidad de que mañana el Consejo Nacional Electoral (CNE) pierda su competencia para investigar las campañas involucradas con una presunta financiación por parte de Odebrecht, el organismo informó que no se tiene certeza sobre esa fecha límite.

“Respecto de la posibilidad de que opere el fenómeno de la caducidad en los próximos tres días, se debe precisar que no hay tesis única al respecto; por el contrario, la doctrina y la jurisprudencia han debatido si el término se debe contar desde cuando el particular presentó sus informes de campaña, desde la fecha límite para presentar los informes o desde el día en que se registró la última modificación a los mismos”, se lee en un comunicado, que el CNE emitió ayer.

El organismo electoral afirma que no se puede decir todavía cuál será la tesis que se acogerá al respecto, pues entrará a discutirse a partir de las propuestas que hagan los magistrados que llevan los casos.

De contarse los tres años -que determina como plazo la ley 1757 de 2011-, desde las correcciones que se hicieron a los informes que entregaron las campañas sobre los gastos y los ingresos, el plazo máximo no solo para abrir investigación sino también para sancionar la campaña de Óscar Iván Zuluaga sería hasta el mes de octubre.

Y, para el caso de la campaña del presidente, Juan Manuel Santos, el plazo para investigar si superó los topes y tuvo apoyo de una entidad extranjera, sería hasta diciembre de este año. Sin embargo, toca esperar lo que definan los magistrados.

En la comunicación también se habla sobre el apoyo de la Fiscalía, de pasar las pruebas que ayudarán a tomar una decisión, pero se aclara que la “certeza” de la que habló la entidad sobre el ingreso de los dineros de forma irregular, se refiere solo al trabajo que esa entidad ha hecho.

“En atención a que, el periodo probatorio no ha culminado y que el procedimiento aún se encuentra en trámite, precisamos que el término “certeza” al que hizo alusión la Fiscalía General de la Nación, debe referirse a las investigaciones por ella adelantadas y no a los juicios de fondo que en el futuro tomen los Jueces de la República, y en el aspecto jurídico electoral, esta Corporación en su Sala Plena. Entonces, se precisa que, no es igual la certeza del investigador a la certeza del fallador”, se lee en el comunicado.

Y concluye: “La Sala Plena determinará si efectivamente existió financiación prohibida a las campañas citadas, si éstas la autorizaron o conocían del hecho, si indudablemente ingresaron los presuntos dineros y si se demuestra lo anterior, por qué no se reportaron. Hacerlo antes, constituiría prejuzgamiento”.

Expedientes represados

Lo cierto es que estas demoras vuelven a destacar la necesidad de un cambio, como lo señaló la Misión de Observación Electoral, que ha pedido que se dé pronto trámite a la reforma política que crea el que sería el nuevo Tribunal Electoral.

Lo que se quiere es cambiar la estructura, que bien dice el exregistrador Carlos Ariel Sánchez, no ayuda a tomar decisiones, ni siquiera a la hora de requerir los votos de la mayoría.

“Si uno observa lo que ha pasado en estas investigaciones y en general distintos temas que llegan al CNE, es que la composición dificulta mucho la mayoría de las dos terceras partes. Digamos en el tema de las cuentas de la segunda reelección, en eso hubo dificultades para obtener las mayorías, eso también quedó prácticamente impune. La composición del Consejo no facilita que se logren los seis votos que se necesitan para muchas decisiones”, dice el exregistrador.

Esa mayoría es la que precisamente se necesita para saber si se alcanza a ampliar el plazo para evitar impunidad, pues la Fiscalía confirmó que la constructora brasileña Odebrecht sí aportó dineros a las campañas electorales del 2014 del presidente, Juan Manuel Santos, y de su rival Óscar Iván Zuluaga.

Así pues, las posibles sanciones de orden económico o de prohibiciones para avalar candidatos, entre otras, que son las que podrían haber dado al ser una investigación disciplinaria, no lograrían emitirse porque ni siquiera se ha decidido si se abre o no una investigación formal.

500 expedientes están represados en el CNE, según Armando Novoa, magistrado de esa corporación.