Chuzadas 2.0: nada está claro

FERNANDA TORRES TOVAR

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La sombra de las ‘chuzadas’ entre 2005 y 2010, de las que fueron víctimas magistrados, periodistas y miembros de la oposición, regresa al panorama nacional. La tormenta política y judicial se desató luego de que la magistrada Gloría Stella Ortiz, presidente de la Corte Constitucional, le contó al país que ella y los nueve magistrados que hacen parte de la Sala Plena tienen fuertes sospechas de interceptaciones y seguimientos.

La situación llegó a tal punto que Ortiz remitió e hizo pública una carta al fiscal, Néstor Humberto Martínez, en la que le pedía que investigara el tema. “Se sirva adelantar las investigaciones que haya lugar, con el fin de establecer e informar a esta Presidencia si las comunicaciones telefónicas de los magistrados de la Corte Constitucional son objeto de interceptación, ya sea como eventuales sujetos activos de un hecho punible o como parte de una investigación penal en contra de otro individuo”, dice un aparte de la misiva.

La respuesta del jefe del búnker no fue menos sorprendente, ya que confesó que desde enero tenían información sobre la situación. Fue por ello que designó a Fabio Espitia, uno de sus subalternos, para que resuelva el tema.

“He dispuesto a que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darán cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación en la Corte Constitucional, para lo cual pretendería acceder a sus comunicaciones privadas”, dice la contestación del jefe del ente acusador.

La respuesta, más allá de despejar dudas, lo que hizo fue abrir un abanico de interrogantes, de los cuales aún hoy no se han dilucidado. Por ejemplo, si se habla de una organización criminal, ¿cuál es el nombre de la misma? ¿quiénes son los interesados en conocer de los temas personales de los juristas? ¿para qué tener esa información en sus manos?

Y la más crucial de todas, si desde enero, como lo dijo el jefe del búnker, supuestamente sabía, ¿por qué no elevó las alertas de seguridad de un caso de esta magnitud y no habló con las autoridades correspondientes para salvaguardar la vida y las comunicaciones de los magistrados?

Sobre el primer paquete de cuestionamientos solo dijo “que eran dos personas que hacían parte de una organización criminal y que se dieron cuenta de las interceptaciones en una investigación que adelanta la entidad en contra de la corrupción”.

Un programa bandera de la Fiscalía se llama Bolsillos de cristal y tiene como objetivo perseguir la corrupción. Sin embargo, esta vez su bolsillo no atinó. Supuestamente, aún no acierta en saber quiénes pueden estar detrás de las interceptaciones.

El hecho llama la atención porque en las continuas ruedas de prensa que cita el fiscal o uno de sus subalternos, siempre hablan con nombres propios de las personas que están investigando y de las bandas que están detrás de la comisión de delitos.

Basta recordar, por ejemplo, que en el más reciente escándalo de chuzadas mencionó al general en retiro Humberto Guatibonza, quien supuestamente era parte de esta organización junto con exoficiales del Ejército y una exfuncionaria del Ministerio de las TIC, a quienes se refirió con nombres propios.

De igual forma sucedió cuando anunció la corrupción de la DIAN y la captura de los Ambuila, en el arresto del fiscal Carlos J. Bermeo de la JEP, el sonado caso de Jesús Santrich y en la detención del entonces director de la cárcel La Picota, mayor Luis Fernando Perdomo. En todas, Martínez Neira intervino en conferencia de prensa mostrando videos, fotos y audios de estos expedientes.

Los casos estudiados

Lo que preocupa a los togados es que precisamente las interceptaciones tengan relación con informes, documentos, demandas y tutelas que han llegado al alto tribunal. Por ejemplo, desde el semestre pasado la Corte ha tenido en sus despachos temas álgidos como la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la ponencia sobre el glifosato, además del ‘articulito’ de Odebrecht en la llamada ley de infraestructura.