Caracol y RCN deben devolver al Estado 35,2 millones de dólares

Caracol y RCN deberán devolver 65.000 millones de pesos (35,2 millones de dólares, unos 32.000 millones de pesos cada una (17,6 millones de dólares), "por decisión de un tribunal de arbitramento", informó hoy Portafolio.

Ese tribunal, añadió el diario, estuvo encargado de decidir la controversia entre RCN y Caracol con la liquidada Comisión Nacional de Televisión, hoy reemplazada por la Autoridad Nacional de Televisión (Antv).

La discusión giraba en torno al monto de las prórrogas de los contratos que éstos canales pagaron a la Nación en 2009.

Las dos grandes cadenas colombianas pagaron al Estado 187.184 millones de pesos (103,2 millones de dólares), cada una, en enero de 2009 por la prórroga de la licencia de operación hasta el año 2019.

Esa cifra fue establecida tras un cálculo de la Cntv "de la previsión de la inversión neta en pauta publicitaria en televisión abierta nacional, regional y local durante 2009 y 2010" y se acordó, adicionalmente, que ésta (pauta) "sería determinada por un auditor externo".

La misma señalaba que había que tener en cuenta que a mediados de 2010 "entraría en operación un tercer canal de televisión abierta y que cesaba la exclusividad que RCN y Caracol tenían en el acuerdo inicial de licenciamiento de 1998", añadió la versión de Portafolio.

La Cntv estaba obligada a cumplir la condición de aplicar la fórmula financiera acordada establecida por el auditor, lo que propició la devolución de parte de los recursos pagados anticipadamente por RCN y Caracol.

Esos recursos, unos 49.000 millones de pesos a cada una (26,9 millones de dólares), "serían para evitar futuros pleitos por incumplimiento".

Pero la licencia del tercer canal "no se entregó" y las dos compañías "mantienen el duopolio en la televisión abierta nacional", según el diario.

Portafolio añadió que "los argumentos buscaban que los canales pagaran a la Antv el dinero que por concepto de concesión dejó de percibir la entidad".

Los canales, sin embargo aún tienen una instancia a la que pueden acudir en el Consejo de Estado si no están de acuerdo con el laudo.