En Toribío, Corinto y Guachené, municipios del Cauca, fueron capturados 29 integrantes de las Redes de Apoyo del Sexto Frente de las Farc, entre ellos, cinco cabecillas y dos servidores públicos que llevaban 13 años vinculados a la estructura guerrillera.
Se trata de dos secretarios de despacho de la Alcaldía de Guachené, encargados fundamentalmente de política clandestina, espionaje e inteligencia a la Fuerza Pública, según revelaron fuentes oficiales.
Los funcionarios trabajaban para las estructuras que manejan alias 'Rigo' y alias 'Pepo' en varias veredas de la localidad. Dentro de las Farc eran conocidos bajo los seudónimos de 'Efraín' y 'Rubén'.
En los operativos, que fueron desarrollados por la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, se logró capturar cinco cabecillas, entre los que sobresalen Edwin de Jesús Yunda, alias 'San Barreto', responsable del ataque a la base militar del Cerro de las Antenas, en jurisdicción de Cortino, donde fueron asesinados nueve soldados, y Estela Salazar, la más antigua de la organización -con 27 años delinquiendo en las Farc- y quien aparece en el afiche de los 40 delincuentes más buscados en Cauca.
Los detenidos, que serán procesados por concierto para delinquir agravado con fines terroristas, homicidio y rebelión, están vinculados a la ejecución de múltiples atentados, cobro de extorsiones, desplazamiento forzado, administración de cultivos ilícitos e infiltración de comunidades indígenas. Así lo demuestran los hechos ocurridos el pasado 10 de junio, cuando 400 miembros de un resguardo intentaron impedir la captura de unos milicianos que se hacían pasar como habitantes de la región.
La minería ilegal también es golpeada
Estos operativos también arrojan resultados contra la minería ilegal en Nariño, ya que fueron capturadas 23 personas sorprendidas en flagrancia por la explotación de tres yacimientos ilícitos, que estarían generando mensualmente más de 300 millones de pesos.
La operación, desarrollada en la zona rural de Maguí Payán permitió, además, la inmovilización de 10 retroexcavadoras avaluadas en cerca de 2 mil 500 millones de pesos, y la incautación de 13 celulares y 3 motobombas.
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