Capturan a 13 personas que comercializaban predios para reparación de víctimas

Como un avance en la lucha contra la corrupción, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, informó que desde hace dos años se ha realizado un trabajo de investigación para desmantelar una "mafia dedicada a robarle tierra a las víctimas". Según el mandatario ese trabajo ya dio frutos.

Precisó que se logró la captura de 13 personas quienes estarían involucradas en la comercialización de 10 predios destinados a la reparación de las víctimas.

Las capturas que se dieron este lunes y según Santos: "suman ya 49 capturas en total. Ese es un trabajo muy importante que quiero felicitar tanto a la Fiscalía como la Policía, con la colaboración de la Oficina de Transparencia y decirles que tenemos que seguir insistiendo en estos casos". 

El comandante de la Dijin, general Jorge Vargas, explicó que se logró dar con estas personas gracias a un trabajo por etapas. La primera, persiguiendo a las falsas víctimas y falsas denuncias; la segunda, persiguiendo a los tramitadores; y la tercera, persiguiendo a un grupo de funcionarios que se prestaban para realizar estos fraudes; y la cuarta, las personas que comercializaban los predios. 

"Estos 10 predios tienen una vocación ganadera, minera y agrícola e iban a ser vendidos por las mafias. Estaban avaluados inicialmente en 120 mil millones de pesos", dijo el general. 

En el allanamiento -aseguró- se incautaron 120 millones de pesos y lo que seguirá es el proceso de extinción de dominio de los bienes adquiridos con dineros ilícitos y de lavado, si es el caso. Para este trabajo -añadió- se dispuso de los mejores 25 investigadores anticorrupción, y tras ocho allanamientos se logró la captura de estos 13 individuos sobre los que no se revelaron las identidades. 

El secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes, explicó que las capturas se hicieron en el marco de la operación Victoria, la cual se sumó a otras operaciones adelantadas por las denuncias recibidas por parte de las víctimas, y aseguró que serán implacables con quien afecte los recursos públicos, en especial si son destinados a las víctimas del conflicto. 

Luis González, delegado de seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, afirmó que las personas serán llevadas a Medellín para hacer las audiencias de legalización, dar las evidencias encontradas, hacer la imputación de cargos y buscarán lograr la medida de aseguramiento privativa de la libertad de estas personas.