COLPRENSA | BOGOTÁ | LA PATRIA
Un día después de que se cerró el negocio de la venta de las acciones del Estado en la empresa energética Isagén a la firma canadiense Brookfield Asset Management, única ofertante, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, salió en defensa de la compañía como también de los beneficios de la enajenación.
Ayer, en Barranquilla, al preguntarle sobre las investigaciones en contra de Brookfield en Brasil, en donde también tienen presencia la multinacional, por tener deudas pendientes con la justicia de su país por pago de sobornos para conseguir contratos, el mandatario resaltó la transparencia de la empresa.
“Es una empresa muy seria, tengo entendido que su presidente ya dio la explicación de lo que pasó hace 10 años”, mencionó Santos al recordar además que está inscrita en la bolsa de Canadá y que tiene unos niveles altos de exigencia en la inversión de sus recursos.
Santos insistió en que la venta es “un gran negocio, es tener recursos que todos los van a ver en mayor competitividad, estamos haciendo obras grandes, en vez de tener unos recursos congelados”.
Reiteró que Isagén con los nuevos dueños seguirá generando energía, mientras que los dineros que le llegan al Estado, $6 mil 49 billones, se darán con inversiones que estarán vigiladas con transparencia. “Yo les garantizo que estos recursos serán manejados de la mejor forma posible”, sostuvo.
Sobre la investigación
Ayer en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se radicó la petición de investigación en contra del presidente Santos por la venta de Isagén, que no parece tener futuro, ni siquiera por el Tribunal de Aforados que debería empezar a funcionar a mitad de año.
La petición de investigación la hizo el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, quien espera que se cumpla el trámite.
Las razones, según explicó Rodríguez, son cuatro. Primero, un posible detrimento patrimonial “consistente en $2,3 billones que advirtió la Procuraduría General de la Nación”; segundo, si se atendieron las advertencias de los entes de control; tercero, si se cumplieron todos los estándares constitucionales y legales de contestación; y, cuarto, si era viable que se presentara para la subasta un único oferente.
Pese a lo expuesto por el congresista, no se considera la medida como algo que genere un cambio o consecuencia frente a la venta de Isagén, o contra el presidente Santos, tal como lo señala el experto constitucionalista Juan Manuel Charry.
“En mi opinión tiene muy poco futuro la investigación porque en Colombia lamentablemente el control político que ejerce la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con juzgamiento del Senado no funciona. El último expediente fue el del expresidente Ernesto Samper que terminó con la preclusión de la investigación”, dijo.
Esa perspectiva no cambia tampoco por la aplicación del Tribunal de Aforados que trae consigo la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes, pues, el presidente no sería investigado por este Tribunal.
Charry indicó que la venta de Isagén ya se realizó y parece que no hay mucho que se pueda hacer desde el Congreso. “El presidente sigue con el antiguo régimen que sigue siendo muy ineficiente”, como también la denuncia que radicó La Red de Veedurías Ciudadanas ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas por supuestas irregularidades en la venta de las acciones.
El dueño
La empresa Brookfield es considerada como el gigante canadiense en este sector energético. Fue fundada en 1899, tiene activos por 203 mil millones de dólares y en 2014 sus ingresos netos fueron de 5 mil 200 millones de dólares.
Electrocaribe
En lo que se podría denominar como un ultimatun para que se mejore el servicio de la prestación y suministro de la energía, el Gobierno Nacional acordó con Electricaribe una serie de compromisos, entre ellos una capitalización y el pago de la cartera que tienen las entidades del Estado con esa empresa.
Las disposiciones se tomaron ayer luego de una reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos, en Barranquilla, con ministros, gobernadores, alcaldes y representantes de la empresa en la Costa Caribe, en donde se evaluó las actuales condiciones del servicio de energía.
Según Santos, las directivas en Colombia de Electricaribe se comprometieron a presentar a la empresa matriz en España, antes de dos meses, que se autorice una capitalización para invertir en mejorar el servicio, lo que es una de las principales críticas que tienen los usuarios por la deficiente calidad.
También las entidades locales y regionales deberán asumir un compromiso de pago de los $150 millones que le adeudan a Electricaribe por el servicio de la energía.
Finalmente, el jefe del Estado señaló que designará una superintendente de servicios delegada especial para que atienda todo lo relacionado con el servicio de Electricaribe, con el fin de dar solución a las peticiones, muchas veces demoradas en responder, que hacen los usuarios.
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