Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra cuatro congresistas entre ellos a Armando Benedetti del Partido de la U, por supuestamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica en el 2012 y en una adición de otro.
Los otros tres son Álvaro Ashton, Martín Emilio Morales y Sandra Villadiego.
La Fiscalía le pidió el pasado 15 de noviembre a la Corte que investigara, además de Benedetti, a los senadores Musa Besaile y Sandra Villadiego, al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, también del Partido de la U, así como a Martín Morales, quien fue suspendido de esa agrupación.
También solicitó investigar a Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical; Álvaro Ashton, del Partido Liberal, y el representante a la Cámara Alfredo "Ape" Cuello, del Partido Conservador.
"La indagación preliminar ayudará a entender los oscuros intereses" del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, escribió Benedetti en su cuenta de Twitter al reaccionar a las versiones de prensa.
El congresista señaló que además le permitirá aclarar que no tiene "nada que ver con Odebrecht como lo han dicho todos los implicados en ese tema" y dijo confiar en la Corte Suprema de Justicia.
Por comisiones
Según la información de la Fiscalía, la modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios de congresistas, mediante comisiones de éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht.
Al pedir la investigación, la Fiscalía explicó que se recabaron elementos probatorios según los cuales los directivos de Odebrecht, con la ayuda del detenido exsenador Otto Bula, lograron el apoyo de varios congresistas para que la sociedad concesionaria Ruta del Sol, de la que hacía parte la brasileña, obtuviera un contrato de estabilidad jurídica a más tardar el 31 de diciembre del 2012.
Dicho documento garantizaba que no se cambiaran las condiciones de los impuestos para la concesionaria mientras se discutía en el país la reforma tributaria.
Ese grupo de parlamentarios fue denominado por los funcionarios brasileños Los Buldozer, en alusión a esa conocida maquinaria pesada.
Además, la Fiscalía indicó que Odebrecht habría pagado 50 mil millones de pesos para la adición del contrato Ocaña-Gamarra.
Investigados
Desde diciembre del 2016, cuando estalló el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, la Fiscalía ha vinculado a 41 personas en las investigaciones, de las cuales 26 tienen imputación de cargos.
También hay dos condenados, los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, y dos más están pendientes por recibir sentencia.
Este miércoles, el exsenador Bernardo Ñoño Elías aceptó ante la Corte Suprema los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
"Inmunidad no es impunidad"
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le respondió a Roberto Prieto, exgerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que deben cesar las investigaciones en su contra por tener supuestamente inmunidad diplomática.
“Solo quiero decir una cosa, inmunidad diplomática no es impunidad”, aseguró Carrillo.
La Procuraduría investiga a Prieto en su condición de representante de Colombia ante el BID, porque, al parecer, habría gestionado intereses privados de la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A., de propiedad de su familia, “en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado, ante ese organismo internacional de crédito”.
Ayer se conoció que Prieto considera que como exfuncionario del BID goza de inmunidad judicial y administrativa y que, por tanto, no puede ser investigado por la entidad.
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