Así fue la reconstrucción del Palacio de Justicia

José Navia Lame

LA PATRIA | Manizales

Menos de 24 horas después de que las Fuerzas Armadas anunciaron el fin de la cruenta toma guerrillera al Palacio de Justicia, el presidente Belisario Betancur convocó a sus ministros a un consejo extraordinario en la Casa de Nariño.

Durante tres horas, según lo reseñan los periódicos de la época, la cúpula del gobierno analizó los documentos preparados por un equipo de magistrados de las altas cortes, dirigidos por el ministro de Justicia, Enrique Parejo González.

Al finalizar la reunión, el presidente Betancur dio a conocer cuatro decretos de Estado de Sitio, orientados a reorganizar el funcionamiento de la rama judicial. El último de estos, que lleva el número 3273, del 9 de noviembre de 1985, tenía como objetivo principal asignar los recursos para la reconstrucción y dotación de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, destruidas durante las 28 horas de combate entre las fuerzas del Estado y los 35 guerrilleros del comando Iván Marino Ospina, del M-19, que ocuparon el Palacio.

El decreto aprobaba la adquisición de un crédito extraordinario de 400 millones de pesos para iniciar las obras. Trece años después, cuando las oficinas comenzaron a ser ocupadas, en 1998, el costo de la edificación había ascendido a los 63.000 millones de pesos.

Y este mes, cuando se conmemoran treinta años de la toma del Palacio de justicia, aún falta elaborar y colocar, en el patio del edificio, una estatua del general Francisco de Paula Santander, y algunas otras obras de arte.

En el patio apenas está la losa de granito rojo sobre la cual descansará la imagen del ‘Hombre de las leyes’. Y, todo indica que así seguirá por un buen tiempo, pues el dinero para la construcción de la estatua deberá provenir de la venta de una estampilla cuya emisión fue autorizada por el Congreso hace nueve años, pero que aún no ha salido a la luz.

La estampilla fue encomendada al ministerio de Comunicaciones a través de la Ley 1056 de 2006, mediante la cual “La República de Colombia honra y exalta la memoria de los Magistrados, servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública, que fallecieron en el Palacio de Justicia”.

Por ahora, el arquitecto y administrador de la sede de las altas cortes de justicia en Colombia, Tito  Ramiro Peralta Martínez, se conforma explicando que, cuando la estatua esté en su lugar, se alineará perfectamente con la estatua de Simón Bolívar, que esta mañana diáfana de octubre se alcanza a ver a más de cien metros hacia el sur, en el centro de la plaza que lleva su nombre.

También formará una línea recta con la imagen del general Tomás Cipriano de Mosquera, que se observa aún más allá, en el patio de entrada al antiguo edificio del Congreso, y con la estatua de Antonio Nariño, que domina el patio de la Casa de Gobierno.

Esa perspectiva es posible gracias a que, desde el comienzo, los arquitectos que diseñaron el nuevo Palacio de Justicia, encabezados por Roberto Londoño, tenían claro que la edificación debía tener un gran espacio abierto que se complementara con la plaza de Bolívar, el espacio público más grande del país.

Londoño, quien falleció hace unos tres años, era reconocido por su capacidad para adaptar sus conceptos al entorno donde se fuera a realizar la obra. “Hacía una implantación perfecta”, dice Peralta Martínez.

Diseño posmodernista

Foto | Mauricio Alvarado | COLPRENSA 

Pocas semanas después del incendio y de la batalla que acabaron con el Palacio, el gobierno convocó a equipo de expertos para decidir qué hacer con lo que quedó del edificio: reconstruir o demoler y construir de nuevo.

El edificio había sido construido por el arquitecto Roberto Londoño, cuyo diseño ganó el concurso que convocó para tal fin la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El proyecto se desarrolló en los años 60, en pleno auge de la tendencia modernista. Era una edificación revestida en piedra y con muy poca relación con el exterior. El administrador del edificio recuerda que existían dos entradas: la principal, hacia la plaza de Bolívar, era usada por los visitantes. Los empleados de la Corte Suprema y del Consejo de Estados, los tribunales que ocupaban el Palacio, ingresaban por el parqueadero, que daba a la carrera octava. Por este lugar irrumpió, hacia las 11 y 30  de la mañana del 6 de noviembre, un camión repleto de guerrilleros.

Las primeras reuniones para decidir la suerte del maltrecho edificio se llevaron a cabo en diciembre de 1985, recuerda el arquitecto Tito  Ramiro Peralta Martínez, quien participó de ellas. Al mismo tiempo, un equipo de arquitectos dirigido por Roberto Londoño, y asesorado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, comenzó a trabajar en el diseño. Este debía ceñirse a las nuevas tendencias arquitectónicas, marcadas ahora por el comienzo del posmodernismo.

Aunque reconstruir era más rápido y económico, el informe técnico echó por tierra esa posibilidad. Lo mejor era demoler y construir de nuevo.

El arquitecto Peralta Martínez, quien en aquella época tenía 27 años, dice que el equipo de diseño comenzó a trabajar bajo dos conceptos: que el espacio de la plaza de Bolívar se proyectara hacia el interior del Palacio y que mantuviera la identidad con la arquitectura de la plaza. Querían que el diseño recordara de alguna forma los patios coloniales, las cúpulas de las primeras edificaciones de Santafé de Bogotá y las galerías y pasajes, típicos del centro de Bogotá, que permitían el tránsito en las frecuentes temporadas de lluvias que azotaban a la capital.

Con esas ideas se levantó el actual Palacio de Justicia. Tiene un gran patio central que atraviesa toda la cuadra, entre calles 11 y 12, y permite observar un amplio panorama de la Plaza de Bolívar. Por el costado occidental, que da a los almacenes de ropa y restaurantes de la carrera octava, se construyó una galería que casi empata con la galería del Palacio Liévano, sede de la alcaldía de Bogotá.

El proyecto tiene tres estructuras para oficinas en forma de U. La mayor de estas tiene diez pisos y las otras se elevan cinco niveles. El parqueadero tiene tres sótanos  y cupo para 450 vehículos, unos 200 más que el anterior.

La estatua decapitada

La cafetería del Palacio ya no existe. Ese fue uno de los espacios más mencionados después de la toma debido a que la mayor parte de quienes allí trabajan siguen desaparecidos. Quienes ingresaron a ese lugar días después del asalto dicen que quedó casi intacto. Había zapatos y algunas prendas de ropa tirados en el piso, pero fue el único salón que se salvó de las llamas. Ahora, los empleados usan los restaurantes y cafeterías que abundan en esa parte del centro histórico de Bogotá.

En el patio central del antiguo edificio se levantaba una estatua de José Ignacio de Márquez. Este, según el portal Así es Colombia, de la Casa de Nariño, fue un “estadista boyacense, presidente de la República entre 1837 y 1841… considerado como el presidente colombiano más respetuoso de la democracia en su más pura esencia del derecho, la Constitución, las leyes y la filosofía política del civilismo”.

Paradójicamente, la imagen fue decapitada durante la batalla y a sus pies fueron amontonados los cadáveres de decenas de personas muertas a balazos en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia. Esa estatua ahora es propiedad del Museo Nacional. Una réplica, elaborada por escultor Alejandro Hernández Pinto, se instaló en el 2010 en un pasillo del primer piso del Palacio.

La entrada al parqueadero, por donde ingresaron los guerrilleros, se mantiene en el mismo sitio, aunque es más ancha. En los relatos de la toma también se mencionan algunos baños, especialmente uno ubicado entre el tercero y cuarto piso, donde los guerrilleros encerraron a más de 60 rehenes. Este sitio tampoco existe. Ahora hay unos 200 baños dispersos por la edificación. Asimismo, los muros tienen grandes ventanales, con cornisas cercanas, que permitirían un fácil escape en caso de peligro. Amplios corredores, con puertas de seguridad, circundan la edificación. Las puertas y ventanas fueron encargadas a una empresa extranjera especializada en equipos de seguridad.

Contrario a lo que pasó el día del ataque, cuando por una extraña decisión fue retirada la guardia que custodiaba el Palacio, ahora el lugar se ve repleto de escoltas y policías, producto del notable incremento de las medidas de seguridad que implantó el gobierno ante la amenaza del narcotráfico y el avance de los grupos guerrilleros.

En la construcción del edificio se utilizaron especialmente materiales de la región. Piedra crema en los muros y piedra muñeca en el piso. Ambas traídas de las canteras de Terreros, en Soacha. El resto es mármol de color verde, cedros del Caquetá y Putumayo y granito rojo importado de Centroamérica.

Las piedras recuperadas

El arquitecto Tito  Ramiro Peralta Martínez dice que el único sobresalto que sufrieron durante la construcción del Palacio ocurrió en 1991. Después de la Asamblea Constituyente de ese año, los notificaron de que, además de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, el Palacio también albergaría a la recién creadas Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

Hubo revuelo en el equipo de arquitectos e ingenieros encargados de la obra. Los trabajos se paralizaron durante dos semanas. “Era como meter a cuatro familias en un lugar diseñado para dos”, dice el arquitecto Peralta Martínez.

Finalmente lo lograron. Recalcularon los espacios e, incluso, a los despachos de los magistrados les recortaron algunos metros para incluir allí a los colaboradores más cercanos. Ahora, cada una de las altas cortes, con sus despachos y salas de audiencias, ocupa una de las esquinas del Palacio.

Del antiguo Palacio solo quedan dos objetos: la piedra sobre la cual está grabada la frase de Santander: “Colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad”, que fue reparada e instalada en el frontón que da a la Plaza de Bolívar, y otra piedra con una antigua leyenda: “Esta casa aborrece la maldad - Ama la paz – Castiga los delitos – Honra la virtud”.

Los empleados del Palacio son unas 1.400 personas, de las cuales 288 son magistrados titulares y auxiliares. Además, todos los días ingresan al edificio entre 300 y 400 personas.

Todo el edificio está dedicado a honrar la memoria del medio centenar de funcionarios de la justicia muertos en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, especialmente de los 11 magistrados titulares. Sus nombres están grabados en piedra en la entrada a la edificación; sus imágenes, pintadas al óleo, cuelgan en uno de los muros interiores y el edificio fue bautizado con el nombre Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia muerto en la toma y quien pidió en múltiples ocasiones que cesara el fuego de los militares hacia el Palacio.

Además, una llama eterna, donada por Naciones Unidas hace cinco años, arde en un pebetero ubicado en la entrada al Palacio, a pocos metros de donde la ciudad transcurre hoy con los afanes normales de un día de trabajo.

El único testigo de la toma que queda en los alrededores del Palacio quizá sea Wilson Sandoval, un lustrabotas de la plaza de Bolívar que se hace llamar embellecedor de calzado, que tutea a sus clientes de traje y corbata, toca flauta en sus ratos de descanso y asegura que, según los periódicos de la época, en el ataque y retoma del Palacio se dispararon más de 150 mil tiros.