Apropiación de baldíos,nudo difícil de soltar

Paula Delgado

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

La compra de lotes baldíos en Vichada por el ingenio azucarero Riopaila Castilla, a través de los contratos preparados por Brigard & Urrutia (reconocida firma de abogados del país), es en realidad la punta del iceberg del manejo que se le está dando a las tierras de la altillanura colombiana. Si bien son unas 32 mil hectáreas las que tienen en líos a esa empresa, el Gobierno identificó 140 mil en situaciones similares.

El escándalo salió a la luz pública por este caso y se agravó por declaraciones del ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, según las cuales una porción de esta región comprendida entre Meta y Vichada presentaba irregularidades por acumulación indebida de tierras.

Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el ingenio adquirió las 32 mil hectáreas desde el 2008 con una estrategia que le permitió eludir el límite que impone la Ley de reforma agraria (160 de 1994) de no sobrepasar la Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuya área varía dependiendo del lugar y la clase de suelo (en Vichada el promedio son mil hectáreas). El método para lograr la excepción, según el Instituto, consistió en la creación de 25 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que se dividieron la compraventa, lo que se identificó como “una cadena de cesiones de la propiedad de las SAS hasta hacer casi imposible la identificación de sus propietarios”.

En su único comunicado, Riopaila asegura que las tierras se adquirieron cumpliendo con las normas legales y que la compra se hizo “a través de empresas agroforestales, negociando directamente con los propietarios y a precios comerciales”. El ingenio aludió a su “transparencia y buena fe” en pro de la “estrategia gubernamental de desarrollar una nueva frontera agrícola en el país, para volver productivas tierras que no habían podido ser objeto de desarrollo”.

Sin embargo, el Incoder sospecha, por lo que la investigación continúa, y no solo contra Riopaila, sino contra 14 empresas más cuyos nombres el Gobierno se ha negado a revelar. La situación ha evidenciado un problema más grave de lo que parecía.

El tamaño del enredo

Una muestra de que el Gobierno ha tomado conciencia de la gravedad de los errores en el manejo de baldíos fue la decisión de suspender por dos meses (prorrogables) la facultad de titular baldíos en cualquier parte del país, hasta que se apliquen nuevos controles, como cruces de información con entidades como Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto Agustín Codazzi, DAS y DIAN, y se revisen los procesos en curso.

“Hasta que no se garantice que las personas son beneficiarias de reforma agraria no se les titulará un metro de tierra más”, enfatizó Miriam Villegas, gerente del Incoder. Jennifer Mojica, subgerente de Tierras de ese Instituto, explicó que “se expidieron nuevas instrucciones sobre procesos de titulación de baldíos: notificaciones, visitas oculares a los predios, forma en que se resuelven las revocatorias y los recursos y cómo se debe aplicar el procedimiento”.

Desde finales del año pasado, junto con la Fiscalía y la Contraloría, el Incoder inició una estrategia que consiste en revisar expedientes en direcciones territoriales que tengan indicios o denuncias de corrupción o de irregularidades.

A la labor se sumó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien advirtió que su despacho iniciará investigaciones preliminares contra notarios y registradores que permitieron la venta de baldíos a empresas privadas. Ello significaría una revisión pormenorizada de todas las transacciones de baldíos que se han hecho en el país. “En los casos en que se detecte que hubo mala fe o suplantaciones, tenemos que trasladar el caso a la justicia penal; en los otros, lo hacemos nosotros desistiendo de la escritura”, puntualizó.

Desarrollo agrario vs. sanciones

Hay distancia entre las leyes y decretos con el manejo que muchos consideran es el ideal que debe dárseles a estos predios. Por eso, al tiempo que el ministro anunció que en la altillanura los contratos deberán ser anulados y las tierras, regresadas a sus propietarios originales, se mostró preocupado en tanto la solución a este problema implique ahuyentar la inversión. “Hay que buscar mecanismos para que se efectúen esas medidas sin crear traumatismos y sin que se vayan a pique proyectos que invirtieron generando desarrollo, productividad y bienestar”, propuso.

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, asegura que desde el Ministerio de Agricultura se han interesado más en “salvarles los negocios” a quienes han violado la ley que en esclarecer “esa ilegalidad”. Además, considera que al Gobierno le “falta mano dura” para juzgar a quienes se han apropiado de manera ilegal de tierras de campesinos, y lo tildó de “alcahueta”.

También encuentra “inaceptable que para garantizar la inversión en el campo se deba despojar a los campesinos, menos si se va a legislar para tapar los delitos que han cometido algunos”.

Estas posiciones las señalan otros como estrategias que impiden un balance entre la propiedad de pequeños campesinos y el desarrollo del sector agrícola a gran escala. Es con esa base filosófica que el Congreso tramita un proyecto de ley que busca reglamentar la inversión extranjera en el campo colombiano.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, afirmó que esta discusión no debe alejar la inversión del país. Por un lado, recordó que la restricción de acumulación de tierras baldías es aplicable a predios que se hubiesen adjudicado a partir de la vigencia de esta ley y no antes; por otro, destacó que son los jueces quienes determinan la legalidad de esas compras, no el Minagricultura o el Incoder.

Mejía le pidió al Gobierno “que defina su política agrícola de Estado, que nos diga cuál será, si quiere un país de minifundios o uno en el que quepan los medianos y grandes con enfoque de agricultura empresarial para generar empleo”.

Nada nuevo

Aunque los casos recientes renovaron la discusión, se trata de un asunto de vieja data, pues la ocupación indebida de baldíos, por grupos de interés o por organizaciones al margen de la ley, ha demandado un esfuerzo adicional del Incoder para recuperar predios, principalmente en departamentos como Meta, Casanare y Vichada, y en los de la Costa Caribe.

Un proceso similar al que abrió por el caso de Riopaila lo adelantó el Incoder contra el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria (GAHLG) por hechos de 1994. A la empresa se le ordenó devolver 1.200 hectáreas (la mayoría de la antigua Hacienda Bellacruz, en La Gloria, Cesar) “ocupadas indebidamente”, consideradas baldías y, por tanto, propiedad de la Nación. La Hacienda, en su defensa, prepara un recurso de reposición contra la resolución, al negar que se trate de baldíos.

En octubre del año pasado el Instituto recuperó 21.040 hectáreas del predio El Carmen (Puerto Gaitán, Meta), y anunció que serían distribuidas para “darles un uso que esté realmente acorde con la ley”, es decir, para actividades agropecuarias a favor de familias campesinas.

Por presunta concentración ilegal de tierras o por irregularidades en los procesos de clarificación de la propiedad, deslinde y extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica también figuran casos que comprometen al Fondo Ganadero de Córdoba y a las empresas Mulas Altamaceras, Bioagroindustrial, Inversiones Palma Oriente, Ecolpalma, Poligrow Colombia, Mónica Semillas, Sociedad Inversiones Eternas, Sociedad Villa Diana, El Brasil, Finca Las Palmeras y Veracruz, entre muchos otros casos.

¿Qué es un lote baldío?

La Superintendencia de Notariado y Registro define un lote baldío como un “terreno urbano o rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño”. El Incoder administra, en nombre del Estado, las tierras baldías de propiedad nacional, y puede adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas. Según la entidad, aproximadamente 35 mil personas están en trámites de este tipo, por lo que se atienden cada año unas 10.000 solicitudes.

Las condiciones

Toda persona natural que desee la adjudicación de un terreno baldío que viene ocupando y explotando (por lo menos las dos terceras partes de la superficie total) desde hace más de cinco años, debe solicitarla al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, hoy Incoder, antes Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), diligenciando un formulario y sin necesidad de la intervención de abogados.